Punchana: afectados por basural luchan por servicios básicos
Dos asentamientos humanos del distrito loretano de Punchana viven expuestos a un basural que se alimenta con residuos del camal municipal y EsSalud. Esta es su lucha legal.
La población mestiza e indígena de dos asentamientos humanos del distrito loretano de Punchana afectada por un extenso basural, continúa su lucha legal por acceder a servicios básicos.
Pese a que la justicia les dio la razón en primera instancia y ordenó que les pongan agua y desagüe, la sentencia fue revocada por la Sala Civil de Loreto con un cuestionado argumento.
Esta decisión fue apelada y el caso ha pasado al Tribunal Constitucional (TC), que deberá dirimir sobre el futuro de la salud y la vida de esta población que se siente olvidada.
Población afectada
Los afectados por el extenso basural forman parte de los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de setiembre, localizados en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, región Loreto.
El basural que los afecta y con el que conviven se alimenta de los residuos sólidos y clínicos que el camal del municipio de Punchana y EsSalud vierten, respectivamente, sin tratamiento ni autorización.
Esta situación los ha llevado a estar expuestos a una “alta contaminación ambiental”, advertida por la antropóloga especializada en temas de salud, Susana Ramírez, que realizó un informe al respecto.
“La esperanza de vida en estos asentamientos se ve afectada por las condiciones de salud de sus habitantes que viven aguantado el fuerte olor que se desprende de la alcantarilla y los tóxicos que segrega”, determinó Ramírez.
Un segundo informe, elaborado por ingenieros en gestión ambiental, constató la situación de los asentamientos humanos y concluyó que los vertidos “representarían un foco infeccioso de enfermedades”.
Esto, “debido a las condiciones de insalubridad y las consecuencias que su sola presencia acarrea”, apuntaron en el estudio Magaly Paredes, Victoria Espinoza y Giorly Machuca.
Las consecuencias se dejan ver entre la población que, al ser encuestada como parte de un peritaje antropológico, coincidió en que las enfermedades estomacales (diarreas, vómitos y cólicos) son recurrentes.
Esto debido a la falta de acceso al agua potable, la falta de desagüe, la exposición al alcantarillado abierto que permite la proliferación de coliformes fecales, bacterias, hongos y otros componentes.
El peritaje también identificó que existen afectaciones en la piel entre la población (heridas, angochupos, comezón, etc), “producidos por las bacterias que se asientan en el sedimento formado por la alcantarilla”.
Batalla judicial
Debido a esta situación, la población de los dos asentamientos humanos presentó una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Loreto y las municipalidades de Maynas y de Punchana, en el 2016.
Los afectados denunciaron la falta de servicio de agua potable y desagüe, la falta de recojo de basura, el vertimiento de residuos sólidos y la falta de tratamiento de los mismos.
Así, exigían la implementación de los servicios esenciales de agua potable y alcantarillado, del servicio de recojo de basura y la suspensión inmediata del vertimiento de residuos sociales.
Además de la elaboración del acondicionamiento territorial del distrito de Punchana y la adopción de medidas inmediatas y eficaces para la atención médica de la población afectada.
En abril de 2019, el Primer Juzgado Civil de Punchana declaró fundada en parte la demanda y ordenó a los municipios que implementen los servicios de agua potable y alcantarillado en los dos asentamientos.
Demanda de afectados en Punchana fue declara fundada en parte en 2019; pero sentencia fue apelada increíblemente. Foto: Cortesía
Sin embargo, la sentencia fue apelada increíblemente por el Municipio Provincial de Maynas y, en noviembre de 2020, la Sala Civil de Loreto terminó revocando la decisión judicial.
Tal decisión se adoptó invocando tres argumentos, de los cuales hay uno que cuestiona principalmente Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal.
Según Ruiz Molleda, la sala invocó una norma que prohíbe brindar servicios públicos en zonas inundables, pensada sobre todo para la población que construye en cauces de los ríos.
“El argumento de la sala desconoce la realidad de Iquitos y de la selva baja que es una zona inundable”, sostiene el letrado que representa a la población afectada en este caso.
Además, apunta que “la sentencia implica dejar sin agua potable a todas las comunidades que viven en las orillas de los ríos. Es mirar la Amazonía con los ojos desde la realidad de Lima”, dice.
Los otros dos argumentos, rebatidos también por la defensa, apuntaban a que no es tarea de los jueces el diseño de políticas y que se debió declarar la improcedencia de la demanda en aplicación del artículo 52 del Código Procesal Constitucional.
La decisión fue apelada por los afectados y el caso ingresó en noviembre de 2021 al Tribunal Constitucional (Expediente No 03383-2021-PA), en cuyas manos se encuentra hoy el futuro de esta población.
Desde el Vicariato Apostólico de Iquitos, a cargo del monseñor Miguel Cadenas Cardo, esperan que la respuesta sea positiva a favor de la población afectada actualmente.
"No tenemos derecho a robarles la esperanza. El respeto a la dignidad de los humildes es la medida de nuestra humanidad. Confiamos en una respuesta positiva del TC para con estos asentamientos humanos", señaló el vicariato en un comunicado.
Fuente: Servindi