Pueblos de Oaxaca celebran resistencia contra la minería

«Nos une la causa de la defensa de los territorios y bienes comunes en contra del extractivismo y el despojo que amenaza nuestro espacio territorial, así también en contra del falso discurso del progreso y el desarrollo, con el que han engañado a nuestras comunidades para saquear nuestras riquezas», señalaron comunidades y organizaciones como el Frente No a la Minería y la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Acusaron que distintas regiones de Oaxaca están en riesgo por la imposición de proyectos mineros, los cuales violan sus derechos como pueblos indígenas al no haber sido consultados conforme a los estándares internacionales, criminalizan, agreden y asesinan a los defensores del territorio y dividen a las comunidades.

Entre los principales afectados, se encuentran las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, amenazadas por la minera Cuzcatlán y el proyecto San José; las comunidades del Istmo de Tehuantepec, que se oponen al Corredor Transístmico; y la Sierra Sur de Oaxaca, donde asambleas y autoridades comunitarias se están organizando contra las concesiones mineras de 120 mil hectáreas que entregaron los gobiernos a las empresas sin informar ni consultar a nuestros pueblos.

Además de rechazar la minería, los pueblos que participaron en la marcha se pronunciaron contra las hidroeléctricas, la agricultura industrial, las refinerías, los gasoductos, el fracking, la explotación forestal, la privatización del agua y la políticas de Estado que atentan contra su libre determinación.

Entre las demandas de las comunidades y organizaciones, se encuentra la exigencia al Estado de cancelar todas las concesiones y proyectos mineros en sus territorios, el cese al hostigamiento, la criminalización y la violencia contra los defensores comunitarios, y una legislación para reconocer los derechos de libre determinación y al territorio de los pueblos indígenas y afromexicanos en Oaxaca «que garantice el goce pleno de los derechos colectivos».

A continuación el comunicado completo:

Hoy unidos como comunidades, pueblos, organizaciones y movimientos de Oaxaca marchamos y danzamos en las calles para festejar y ofrendar por la vida y la resistencia. Este día tiene un profundo significado material y espiritual en el calendario, celebramos el “Día de Rebeldía contra la Minería”. Por ello hemos organizado esta Marcha Calenda en Defensa de los Bienes Comunes, con el propósito de reencaminarnos con la Fiesta como el ritual donde se comparte, se convive, se intercambia y se festeja, pero también para tejer lazos dignos de hermandad entre comunidades y pueblos en un territorio donde se vive nuestra lucha por la autonomía y la libre determinación.

Desde hace seis años las comunidades y organizaciones de Oaxaca reivindicamos este 22 de julio como un día de lucha, de participación, de fraternidad y de solidaridad. Nos une la causa de la defensa de los territorios y bienes comunes en contra del extractivismo y el despojo que amenaza nuestro espacio territorial, así también en contra del falso discurso del progreso y el desarrollo, con el que han engañado a nuestras comunidades para saquear nuestras riquezas. Este es el sentido y la proyección de este día.

Es en este contexto que hemos decidido alzar la voz para hacer saber al mundo que la guelaguetza no es folcklor, no solo es fiesta y baile. La guelaguetza es nuestra forma de vida, práctica cotidiana que nos hace Pueblo para el cuidado y defensa del territorio, es lo que nos permite disfrutar en común el trabajo y sus productos, porque la guelaguetza es esencia de comunalidad.

Observamos con preocupación que a lo largo y ancho del país y del estado avanzan las obras extractivistas: la minería, hidroeléctricas, agricultura industrial, refinerías, gasoductos, fracking, explotación forestal, privatización del agua y políticas de estado que atentan contra nuestra libre determinación y territorios.

En el Istmo de Tehuantepec se pretende consolidar el Corredor Interoceánico que consiste en la modernización y ampliación de las vías del ferrocarril, carreteras, puertos y la instalación de 10 parques industriales que afectarán 90 municipios pertenecientes a los Estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, en el que habitamos 18 pueblos originarios quienes nos vemos amenazados por este megaproyecto que históricamente ha ambicionado transformar la región en un corredor industrial, comercial, energético y militar, para servir de muro de contención para las personas migrantes, convirtiéndose en la frontera y aduana más importante del mundo. Este megaproyecto quiere ser el nudo que articule los “proyectos estrella” de la 4T como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Proyecto Integral Morelos, y toda la infraestructura energética que pretende interconectar estos megaproyectos en todo el país para abastecer el consumo energético de las grandes industrias y los mercados nacionales e internacionales reorganizando el sur sureste del país para el saqueo, producción y transporte de sus mercancías a costa de la destrucción y muerte de nuestros bienes naturales y nuestras vidas.

En Valles Centrales, la compañía minera Cuzcatlán no cuenta con el consentimiento de las comunidades para la explotación de su mina de plata y oro en Oaxaca, funcionarios de la SEGOB y grupos presionan a las comunidades para aceptar la ampliación de dicho proyecto. A partir de la negativa de las comunidades organizadas, se ha generado un clima de mucha tensión en los Valles Centrales, por lo que están en riesgo comunidades zapotecas que se oponen al proyecto minero San José y a las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal. Los “grupos antimineros” de los que hace mención la empresa, son autoridades locales, municipales y agrarias, quienes se han organizado a través del Frente No a la Minería, con la finalidad de defender nuestros derechos como Pueblos Indígenas: al territorio, a un medio ambiente sano, a la participación ciudadana y la libre determinación.

En la Sierra Sur de Oaxaca, asambleas y autoridades comunitarias se están organizando contra las concesiones mineras de 120 mil hectáreas que entregaron los gobiernos a las empresas sin informar ni consultar a nuestros pueblos. En el caso del megaproyecto hidroeléctrico en Paso de la Reyna en la región Costa fueron asesinados cinco defensores comunitarios en 2021 y hasta el momento no existe ningún avance en las investigaciones ni en materia de seguridad.

Estos megaproyectos se imponen mediante concesiones sin consulta, en algunos casos consultas fraudulentas, compra de autoridades, contubernio del crimen organizado, militarización y asesinatos de defensores de la tierra y el territorio. Para lograrlo, dividen a nuestras comunidades, se violan todos los derechos humanos y ambientales y se pisotean flagrantemente los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas consagrados en los tratados internacionales.

Cuando los pueblos nos organizamos para resistir y defender nuestros territorios y con ellos nuestra existencia misma, se nos criminaliza, se nos difama, minimiza, amenaza, persigue y asesina. Los medios masivos de desinformación censuran sistemáticamente cualquier información sobre los impactos negativos de los megaproyectos y sobre nuestras resistencias. “¿Cómo es posible que estemos en contra de los megaproyectos de un gobierno 'progresista' que nos quiere sacar de la 'pobreza' y traernos el 'desarrollo'?”

Nos oponemos porque son los mismos proyectos de gobiernos anteriores ligados a intereses económicos y porque tenemos una larga y dolorosa experiencia que nos da claridad política.

Por todo lo anterior EXIGIMOS:

• Al Estado mexicano el derecho a una vida digna y a tener tranquilidad en nuestros pueblos.
• Al Estado mexicano respetar los bienes comunes, los territorios y el derecho a la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas que han declarado territorio prohibido para minería.
• Al gobierno federal, exigimos una audiencia pública, además de generar los procedimientos necesarios para la cancelación del proyecto minero San José y las concesiones mineras otorgadas en los Valles Centrales de Oaxaca.
• Respeto a los derechos territoriales de las comunidades del istmo de Tehuantepec que luchan contra la imposición del corredor interoceánico.
• Respeto a la libre determinación y voluntad de la comunidad indígena binniza de Puente Madera en el rechazo total a la instalación del Parque Industrial del Corredor Interoceánico en tierras de uso común.
• Que cesen los hostigamientos, amenazas y criminalización contra nuestros representantes y habitantes de la comunidad binniza de Puente Madera.
• Alto a las agresiones, amenazas y criminalización del defensor del territorio David Hernández Salazar y su familia.
• Justicia y castigo a los actores materiales e intelectuales que han atentado contra la vida de las personas defensoras de la tierra y el territorio.
• Al Congreso del Estado de Oaxaca, legislar para reconocer los derechos de libre determinación y al territorio de los pueblos indígenas y afromexicanos, que garantice el goce pleno de los derechos colectivos.
• Al Estado mexicano la prohibición definitiva de semillas transgénicas y el uso de agrotóxicos, incluido el glifosato.

Invitamos a los Pueblos y las organizaciones a fortalecer con unidad nuestras luchas y resistencias para consolidar un movimiento social por la defensa del territorio y la libre determinación.

Fraternalmente,

Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA.

Fuente: Desinformémonos