Proyecto RUN: Legalización de tierras malhabidas y profundización del modelo extractivista.
Esta mañana, en la última sesión del año, la Cámara de Diputados podría aprobar el peligroso proyecto de Ley del Registro Unificado Nacional (RUN), entre otros proyectos de ley altamente lesivos para los intereses de la mayor parte de la población del país, tales como el proyecto de ley “Que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS)”; el proyecto de ley “De la Función Pública y del Servicio Civil”.
El 10 de diciembre fue aplazada la aprobación del proyecto de Ley RUN debido a que ninguna de las versiones obtuvo la mayoría necesaria (41 votos). En la última sesión, la discusión giró en torno a los artículos 122 y 126. En particular el último, presente en la versión del Senado, establece una excepción a la regla general: el registro de una propiedad requiere un certificado de propiedad previo. Es decir, de aprobarse esta iniciativa aún sin certificado de propiedad, el registro de tierra puede ser realizado si se cumplen determinados requisitos laxos contemplados en la ley. Con ello se agilizaría la ya simplificada titulación irregular de tierras presente en este proyecto legislativo. Esta versión es apoyada fuertemente por el oficialismo cartista.
Con esta modificación o sin ella, la aprobación de este proyecto legitimaría la usurpación de tierras por parte de intereses económicos vinculados a la exportación de materias primas, extraídas a partir de procesos altamente contaminantes, consolidando un modelo extractivista que profundiza la desigualdad, el saqueo y la concentración de la tierra. Implicaría en la práctica una profundización de antiguos mecanismos de despojo en un contexto donde millones de hectáreas de tierras fiscales, destinadas por ley a sujetos y sujetas de la reforma agraria, han sido acaparadas por grandes empresas agropecuarias. Como antecedente a este proceso legislativo, el SIRT se ha convertido en un instrumento para legalizar las tierras usurpadas.
En otras palabras: este Proyecto de Ley implica la legalización de tierras malhabidas, las cuales han sido históricamente usurpadas a través de la dictadura stronista y en los años posteriores, beneficiando a sus aliados, quienes controlan las actividades económicas del país, contexto donde cada vez toma un papel más protagónico el narcotráfico y otros negocios ilícitos; mientras avanza la creación de un mercado de tierras para el establecimiento de nuevos modelos de extractivismo “verde”, reeditando el colonialismo en una coyuntura de fundamentales transformaciones vinculadas a las consecuencias del cambio climático y la transición energética.
Esta iniciativa representa una amenaza para los principios fundamentales de la Reforma Agraria, establecidos en los Artículos 114, 115 y 116 de la Constitución Nacional, profundizando la desigualdad social y degradando la soberanía alimentaria del país. Al mismo tiempo, se debilita al INDERT, que se encuentra desfinanciado y al servicio de los intereses del agronegocio. Esta ley constituye, por lo tanto, una expresión de un nuevo proceso de acumulación a través del violento despojo de las comunidades campesinas e indígenas que resisten en los territorios, incrementando la legitimación de la concentración de la tierra en manos de unos pocos y poniendo en peligro la soberanía alimentaria de Paraguay.
Para mayor información, se encuentra disponible el informe especial respecto a este proyecto de Ley, elaborado por el abogado Juan Antonio León en el siguinete link:
Fuente: BASE Investigaciones Sociales