Productores agrícolas denuncian que las empresas avanzan sobre la Ley de Semillas y el Gobierno las respalda

De acuerdo al artículo 25 de la Ley N° 20.245, el productor agrícola tiene derecho a la reserva y posterior siembra del cultivar, es decir, que el ruralista puede preservar parte de la cosecha para luego utilizarla como semilla en la temporada siguiente y así ahorrar los gastos en simientes para la nueva producción. Sin embargo, el campo emitió un duro comunicado donde denuncia el avance de las empresas semilleras para resquebrajar el derecho mencionado. 

«La flexibilización de derechos en favor de las grandes empresas, transnacionales en su mayoría, con una clara transferencia de recursos y propiciando su concentración, se refleja en el avance de condiciones de regalías extendidas en la mayoría de las variedades y la imposición de parte de la industria semillera (a través de contratos, facturas y de forma unilateral) compromisos a los productores que se ven reflejados en una renuncia a su Derecho de Uso Propio Gratuito», expresaron en el escrito.

Aumento de las regalías extendidas

Según señalaron los pequeños y medianos productores que reservan parte de la cosecha, los creadores de la semilla les reclaman grandes cifras en concepto de «regalía extendida». Según la norma vigente, que cada productor que utiliza el «uso propio» debe abonar a la empresa semillera un tributo por los gastos en tecnología que implica la semilla y su monto depende de la variedad en cuestión y el semillero con el que acuerda. Por ejemplo, la reserva de cosecha es común con el trigo y en Argentina -donde esta aprobado el trigo transgénico- el proceso de producción de la semilla implica un alto grado tecnológico, por lo que el pago de regalías es aún mayor. 

Esto genera un fuerte descontento entre los productores que, si bien ahorran en la compra de nuevas semillas, acarrean con el gasto para el almacenamiento y conservación del cultivar. Por ende, la suma de gastos en la reserva del grano significa afrontar un costo casi similar a la compra del nuevo simiente, por lo que el beneficio del «uso propio gratuito» ya no es tan redituable. «Los productores reciben innumerables cantidades de mails, llamados telefónicos, cartas documento, notas y facturas, con condiciones estipuladas en el abuso de posición de la empresa proveedora de tecnología», señalaron desde la FFA y denunciaron la nula intervención estatal en el conflicto. 

El rol del INASE

La tarea de regular la aplicación de la Ley de Semillas esta a cargo del Instituto Nacional de Semillas (INASE), un organismo descentralizado dentro de la órbita del Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación y cuyo actual titular es el ingeniero agrónomo Joaquín Morales Serrano. En el documento presentado el último viernes, los productores agrícolas señalaron que «parece ser que el sistema de ‘contralor’ no se enfoca en la compra de semilla fiscalizada únicamente, sino en ‘colaborar’ con el dueño de la semilla para cada vez hacer más angosto el camino del Uso Propio Gratuito». 

En mayo de 2020, tras cinco meses sin un titular, el Gobierno nacional designó a Morales Serrano a cargo del INASE. Ingeniero agrónomo oriundo de Rufino y formado en Firmat, el titular del INASE es un hombre de vínculos con el Instituto Patria de Cristina Kirchner. Justamente, días antes de asumir el cargo participó de una charla por zoom de esa institución junto a la senadora del Frente de Todos por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun. Allí dejó en claro su postura sobre la Ley de Semilla.

«El objetivo de la actual ley de semillas es promover la producción nacional de semillas y semilleros locales que generan puestos de trabajo, el agregado de valor e inversión nacional», expresó Morales Serrano. Al mismo tiempo destacó que con la norma «por un lado se está favoreciendo y beneficiando la producción de semillas, los famosos semilleros y, por el otro, la seguridad del productor que año a año está utilizando semillas de calidad identificada, pudiendo hacer sustentable». Sin embargo, desde la FAA descreen que se haga cumplimiento de esto.

«Por este contexto, es que estamos obligados a hacer pública una vez más la defensa al Uso Propio Gratuito, exigiendo claridad en las facturas de compra, transparencia en los mecanismos de control, un Estado presente en la defensa de la ley y sus derechos consagrados y bregamos por el Orden Público en materia de semillas”, cerraron el comunicado los miembros de la Federación Agraria Argentina.

Fuente: El Intransigente