Presagio del ALCA: biopiratas en las Américas

"Uno de los principales fines que persiguen Estados Unidos y el gran capital con el establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es obtener acceso ilimitado a las vastas riquezas biológicas de América Latina."

Presagio del ALCA

 

BIOPIRATAS EN LAS AMERICAS

 

Carmelo Ruiz Marrero

 

Semanario CLARIDAD

 

Puerto Rico, 27 de diciembre 2002

 

Uno de los principales fines que persiguen Estados Unidos y el gran capital con el establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es obtener acceso ilimitado a las vastas riquezas biológicas de América Latina. Como dijimos en ediciones recientes, la biodiversidad es factor cada vez más importante en la ventaja competitiva de empresas y naciones, pues es la materia prima de la “revolución genética” en el llamado “siglo de la biotecnología”. Las compañías que codician la biodiversidad- farmacéuticas, agroquímicas y empresas de genómica, proteómica y bioinformática- constituyen un verdadero complejo biológico industrial que busca controlar los campos de la salud y la nutrición, precisamente las dos bases de la vida humana.

 

Una vez un recurso biológico con potencial comercial es identificado, la empresa que lo “descubrió” lo patentiza para así convertirlo en su propiedad exclusiva. Actualmente se están patentizando lo mismo árboles y variedades de arroz que proteínas, secuencias genéticas y hasta células humanas. En fin, todos los organismos vivos y sus componentes son patentizables.

 

Pero da la mala pata que la biodiversidad del mundo está casi toda fuera de las fronteras de Estados Unidos y está concentrada mayormente en los países del Tercer Mundo. En Centro y Suramérica, por ejemplo, los recursos de biodiversidad son impresionantes:

 

• Los biólogos John Vandermeer e Ivette Perfecto contaron ocho especies de árbol en un predio de una hectárea en el estado de Michigan, mientras que en un área del mismo tamaño en Nicaragua contaron alrededor de 200 especies.

 

• Costa Rica, con solamente una décima parte del tamaño de Francia, tiene tres veces más especies de vertebrados.

 

• En la amazonía peruana el biólogo E. O. Wilson identificó 43 especies de hormiga habitando en un solo árbol.

 

• En una parcela de una hectárea en la amazonía ecuatoriana se identificaron 400 especies de árboles, además de 449 especies de arbustos, 96 especies de hierbas y 22 de palmas.

 

Para lograr acceso a estos recursos y poder apropiarse de ellos, el complejo biológico industrial tiene una poderosa herramienta: la Organización Mundial de Comercio (OMC). El acuerdo de propiedades intelectuales de la OMC le otorga carácter legal y vinculante a las patentes. Esto significa que si una corporación obtiene una patente en Estados

 

Unidos, todos los demás países miembros de la OMC (que son sobre cien) deberán honrarla también, de otro modo se exponen a macabras sanciones económicas. Tambián están las provisiones de propiedades intelectuales del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica- y del ALCA que ahora proponen-, que son aún más estrictas y favorables a los dueños de patentes que las de la OMC.

 

La cacería de recursos biológicos en áreas de alta biodiversidad se conoce como bioprospección. Para los pueblos indígenas y los pobladores rurales de Meso y Suramérica, los bioprospectores de hoy no son realmente distintos de los saqueadores coloniales de antaño. La agenda sigue siendo la misma: obtener recursos biológicos de los cuales las transnacionales derivan productos de valor agregado. Los pueblos indígenas y rurales, quienes custodiaron y manejaron esos recursos por milenios, no reciben un centavo de regalías, ni siquiera reciben las gracias.

 

Muy al contrario, las transnacionales se apropian de estos recursos y los patentizan, convirtiéndolos así en propiedad privada para su uso exclusivo o para quien esté dispuesto a pagarles elevadísimas regalías. Los pueblos indígenas y grupos activistas del mundo entero le llaman a este proceso biopiratería.

 

“La biopiratería, y las patentes basadas en ella, equivalen a confinar el espacio común (commons) biológico e intelectual, a la vez que se desposee a los innovadores y usuarios originales”, sostiene la científica ecofeminista Vandana Shiva. “Lo que estaba disponible para ellos libremente se convierte en una mercancía con precio, y tendrán que pagar regalías cada vez que lo usen.”

 

¿Bioprospección o biopiratería?

 

La bioprospección- o biopiratería- no es una visión futurista sino una realidad. En 1998 la firma estadounidense Diversa firmó un acuerdo con el gobierno mexicano para obtener acceso a la biodiversidad de Chiapas. También está en México la compañía inglesa Molecular Nature Ltd., que actualmente explora los conocimientos tradicionales de los Maya sobre plantas medicinales. Para este fin recibió $2.5 millones del International Cooperative Biodiversity Group (ICBG), un consorcio de agencias del gobierno de Estados Unidos, incluyendo la Fundación Nacional de las Ciencias y el Departamento de Agricultura.

 

El gobierno estadounidense tiene su propio programa para comercializar los conocimientos mayas, llamado ICBG-Maya. Entre 1993 y 2001 ICBG ha dado $18.5 millones para financiar actividades de bioprospección por todo el planeta, y sus socios han incluido a Glaxo Smithkline, Dow Agroscience y American Cyanamid.

 

Hay ambientalistas que participan de estas actividades, argumentando que la bioprospección crea incentivos para conservar los bosques tropicales. En 1997 les informamos que el grupo Conservación Internacional hizo bioprospección en los bosques de Surinam para la farmacéutica Smithkline Beecham, hoy Glaxo Smithkline.

 

Genes humanos también La patentización de genes abarca mucho más que las plantas que los indígenas han usado y cuidado por milenios sino que incluye además genes humanos. Ron Brown, secretario de comercio de Estados Unidos durante la presidencia Clinton, solicitó patentes para las células de una mujer indígena de la tribu Guaymi de Panamá. Sus células contenían un virus extraordinario, al igual que sus anticuerpos, con utilidad potencial para investigaciones médicas.

 

Al enterarse de esto, Isidro Acosta, presidente del Consejo Mayor Guaymi, declaró indignado que “Nunca imaginé que la gente llegaría a patentizar plantas y animales. Eso es básicamente inmoral y contrario a la visión Guaymi de la naturaleza y nuestro lugar en ella. Patentizar material humano... tomar ADN humano y patentizar sus productos... constituye una violación de la integridad de la vida misma, y de nuestras convicciones morales más profundas.”

 

El escándalo y repudio internacional fueron tales que Brown se vio obligado a retirar la solicitud de patente. Pero comenzando en 1994 salieron a luz más solicitudes de patentes de genes humanos de los lugares más recónditos del planeta.

 

El modelo costarricense En respuesta a las críticas y acusaciones de biopiratería, algunas corporaciones bioprospectoras han adoptado un discurso de responsabilidad social y han puesto en pie esquemas para “compartir” los beneficios de la bioprospección.

 

De estos arreglos, el más célebre es el acuerdo de la farmacéutica Merck con el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica (INBio), firmado en 1991. Según estipula el acuerdo, INBio le provee a Merck extractos de plantas autóctonas de los parques nacionales a cambio de fondos para su presupuesto de investigación ($1,135,000 en dos años) y un porcentaje confidencial de las regalías de productos comerciales a ser derivados de esta biodiversidad. La suma otorgada a INBio es realmente irrisoria cuando se compara con las ventas de Merck de ese año, que fueron de $8,600 millones, lo cual supera por mucho el producto nacional bruto de Costa Rica de ese año, que fue de $5,200 millones.

 

Los habitantes de los parques nacionales costarricenses y de las áreas circundantes, que son mayormente campesinos e indígenas, no fueron consultados para nada por Merck o INBio, ni mucho menos se les reconoció su rol como custodios de la biodiversidad. Tampoco el gobierno costarricense estuvo involucrado. Fue un acuerdo privado entre dos instituciones privadas.

 

En los últimos veinte años Costa Rica ha sido objeto de incontables alabanzas de ecologistas, bioprospectores y ecoturistas. Tanto ambientalistas (algunos, no todos) como corporaciones transnacionales, el Banco Mundial y el gobierno de Estados Unidos apuntan a ese país centroamericano como el modelo perfecto de conservación del ambiente en armonía con los intereses comerciales. Todo parece indicar que con el ALCA se pretende llevar este modelo a todo Centro y Suramérica.

 

Pero, ¿realmente merece elogios? Quienes lo apoyan señalan que para mediados de los noventa, los parques nacionales de Costa Rica cubrían 12% del territorio nacional y un total de 27% del territorio estaba bajo algún tipo de protección ambiental. Pero no dicen que la tasa de deforestación anual era de 7.6%, la más alta del mundo. No hay razón para pensar que se haya reducido desde entonces.

 

¿Por qué falla el modelo costarricense? Según sus críticos, que incluyen a Vandermeer, Perfecto y Shiva, Costa Rica no atiende las contradicciones sociales y económicas que impulsan la expansión de monocultivos de exportación y llevan campesinos indigentes a deforestar terrenos vírgenes.

 

Según Andrés Barreda, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Costa Rica ocupa un lugar muy especial en las estrategias económicas y geopolíticas de Estados Unidos en la posguerra fría.

 

“La paz relativa que vive Costa Rica, sus importantes acerbos estratégicos de biodiversidad y su posición clave dentro de los flujos del narcotráfico centroamericano, explican por qué Estados Unidos apoya ahí la creación de centros tan importantes de investigación e inteligencia estratégica para la región”, declaró Barreda en 2001.

 

“Es ahí donde discurren los programas maestros de apropiación privada de las riquezas del

 

Corredor Biológico Mesoamericano (caso paradigmático del INBio) mientras a países como Guatemala y El Salvador les toca experimentar con las tácticas militares de aldea arrasada y acciones paramilitares de guerra de baja intensidad.” (Paréntesis en el original)

 

El Corredor Biológico Mesoamericano, discutido en ediciones recientes, precisamente busca expandir el modelo costarricense a toda Centroamérica y México. De este modo se abrirán vastas áreas de alta biodiversidad a la bioprospección. Pero el Corredor es sólo el principio. Con el ALCA se podrán realizar iniciativas similares pero de envergadura aún mayor por toda Suramérica. Así, los tesoros de biodiversidad de los Andes y la amazonía estarán disponibles a Estados Unidos y sus transnacionales, todo bajo la bandera de la protección ambiental y la investigación científica objetiva y desinteresada.

 

Deuda por naturaleza

 

¿De dónde saldrá el capital para adquirir los terrenos en cuestión? Para ese fin se desarrolló en los ochenta el ingenioso mecanismo de los canjes de deuda por naturaleza. En estas transacciones, grupos ambientalistas de presupuestos millonarios compran parte de la deuda externa de países tercermundistas. A cambio, el gobierno del país se compromete a usar parte del dinero ahorrado en proyectos de conservación ambiental, que incluyen la adquisición de tierras.

 

Un ejemplo: La organización World Wildlife Fund compró $350 mil de la deuda externa de

 

Ecuador, la cual en el momento se vendía en el mercado secundario de deuda a 35¢ al dólar. Esto significa que a Ecuador se le descontó un millón de dólares de su deuda externa. A cambio de esto el gobierno ecuatoriano donó una suma de dinero a la Fundación Natura de Ecuador para que administre y proteja los parques nacionales y reservas biológicas. La República Dominicana hizo un canje similar con la ayuda de The Nature Conservancy, el Banco de Boston y el Fideicomiso de Conservación.

 

Las críticas de ambientalistas progresistas no tardaron en venir. Amparo Chantada, del Movimiento Ambiente y Sociedad de la República Dominicana, señala que “los proyectos (financiados con el canje) no eran significativos ni prioritarios en el orden de las preocupaciones nacionales. Además, ninguno fue consultado con el resto del movimiento ecologista.”

 

La ecologista ecuatoriana Esperanza Martínez sostiene que con los canjes “los países desarrollados tendrán asegurado el control de nuestras economías y terminarán por sepultar definitivamente nuestras ventajas comparativas basadas en las riquezas naturales... Estamos rifando nuestra diversidad biológica para que los países desarrollados amplíen la brecha con el tercer mundo y para que nos impongan nuevas formas de dependencia y extracción de riqueza.”

 

El IV Congreso Destino y Esperanza de la Tierra, realizado en Managua en 1989, denunció los canjes como una estrategia para apoyar las “grandes firmas de ingeniería genética y biotecnología que requieren del Tercer Mundo para reforzar sus híbridos de alta tecnología usados en la agricultura o para la síntesis biológica de los medicamentos industrializados.”

 

Volviendo al ALCA (una posdata morbosa)

 

Y encima de todo lo que hemos dicho aquí, hay otro pequeño detallito: bajo el TLC y el ALCA partes privadas pueden demandar a los gobiernos. Esto significa en términos concretos que si un país latinoamericano no se abre de par en para para que se privatice y desnacionalice su biodiversidad, corre el riesgo de ser demandado por empresas extranjeras por violar las directrices del ALCA. Y si los tribunales no funcionan siempre está la CIA presta a dar una mano al gran capital. En 1996 el presidente Clinton firmó la Ley de Espionaje Económico, que autoriza las agencias de inteligencia a defender los derechos de propiedad intelectual de la empresa privada en el extranjero.

 

Con esta ley y con el ALCA, las actividades cotidianas de gente común y corriente en todo el hemisferio pueden ser monitoreadas e intervenidas. George Orwell se quedó corto.

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