Preocupan los acuerdos bilaterales entre la UE y países en desarrollo

El organismo ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión Europea, ha propuesto que los acuerdos de asociación económica (AAE) que desea firmar con 76 Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Grupo ACP) antes del 31 de diciembre deberían obligar a todas las partes a establecer un sólido sistema de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

El razonamiento de la Comisión que subyace en sus esfuerzos por establecer disposiciones sobre propiedad intelectual en los acuerdos comerciales con países no miembros de la UE se describió en una ‘estrategia relativa al acceso a los mercados’ publicada en abril. En ella se identificó una “protección insuficiente” de los derechos de propiedad intelectual como uno de los obstáculos principales al comercio que afrontan las empresas europeas a la hora de hacer negocios en el exterior.

Activistas que luchan contra la pobreza y diplomáticos del Grupo ACP han expresado recelo respecto del enfoque de la Comisión; aducen que podría utilizarse para introducir a la fuerza empresas de Occidente en los países pobres en detrimento de la industria local.

Dalindyebo Shabalala del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), con sede en Ginebra, alega que los países en desarrollo deberían adaptar las normas de propiedad intelectual a sus propias circunstancias. “Lo que se debatió durante las negociaciones de los AAE son las normas de la UE”, señaló.

Los negociadores de la UE recomendaron, por ejemplo, que se exija a los países ACP el cumplimiento de los términos del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, los denominados “tratados sobre Internet” de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que entraron en vigor en 2002.

Shabalala prevé que, debido a esta disposición, se limitará la manera en que los países en desarrollo pueden hacer uso de Internet, incluso antes de que muchos de ellos tengan la oportunidad de estudiar debidamente esa disposición. Sostiene que no se justifica aplicar esta norma con el mismo rigor en todos los países ACP, dado que cuentan con diferentes niveles de industrialización.

“En Sudáfrica, muchas personas tienen acceso a Internet y comienzan a compartir música y a crear blogs”, comentó. “Pero en el Pacífico, la penetración de Internet es mínima. ¿Por qué el Pacífico recibe la misma propuesta sobre protección del derecho de autor que el África meridional?”

Asimismo, la UE ha recomendado la aplicación de normas de amplio alcance sobre propiedad intelectual a las bases de datos. Según Shabalala, esto podría implicar que los datos generados por los gobiernos, tal como la información geográfica de uso potencial en el desarrollo industrial, ya no estarían disponibles de manera gratuita en bibliotecas y centros educativos.

Marc Maes, un activista de la organización belga 11.11.11, señaló que los funcionarios de la UE han “copiado y pegado” grandes secciones de la directiva de la UE relativa a la observancia de los derechos de propiedad intelectual en las propuestas sobre los AAE. El objetivo de la directiva, presentada por la Comisión en 2004, era facilitar la imposición de sanciones a aquellos que infringen las patentes.

“Se pide a los países ACP que adopten el enfoque de la UE respecto de la regulación y la desregulación del comercio mundial, sin tener en cuenta en absoluto si estos países tienen la capacidad de contraer dichos compromisos”, dijo Maes.

Peter Power, portavoz de la Comisión Europea en materia de comercio, afirmó que la UE procura ayudar al Grupo ACP a aplicar las normas establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Se trata de fomentar la innovación y el desarrollo, y, a su vez, salvaguardar los derechos del Grupo ACP a los recursos, tales como la biodiversidad y los cultivos autóctonos”, señaló. “No se trata de establecer normas más estrictas ni prescripciones adicionales para la protección de la propiedad intelectual”.

“Estas son cuestiones complejas, pero el problema subyacente es la ausencia de sólidos derechos de propiedad intelectual, y no su establecimiento”, afirmó. “Su ausencia actúa como un freno al desarrollo, ya que las empresas y las instituciones de investigación con derechos sobre ciertas tecnologías e información vacilan entre cederlas u otorgar licencias si no están protegidas. Esto se aplica a todos los campos, desde programas informáticos a tecnología alimentaria. Los operadores menos escrupulosos también explotan las lagunas jurídicas y sacan provecho de los recursos de los países del Grupo ACP sin retribuirles ningún beneficio”.

Power agregó que “también existen posibles beneficios de mercado” para el Grupo ACP si se establecen normas relativas a las indicaciones geográficas, que abarquen los nombres de alimentos, bebidas y otros productos relacionados con regiones específicas. “Ellas [indicaciones geográficas] protegen el nombre de los productos, como el café Blue Mountain de Jamaica, y permiten que los productores vendan a precios más elevados”, señaló.

Cuestiones sobre seguridad alimentaria y acceso a medicamentos

Los AAE aplicarían la protección de la propiedad intelectual al desarrollo de nuevas variedades de semillas por parte de empresas multinacionales. Los ecologistas han alegado que estas disposiciones podrían resultar desfavorables para los pequeños agricultores que usan variedades tradicionales de semillas y podrían provocar efectos adversos en la conservación de la naturaleza y en la biodiversidad.

“Estamos presenciando la privatización de muchas semillas y conocimientos agrícolas”, advirtió Charly Poppe de la oficina de Bruselas de la organización Amigos de la Tierra. “Se ceden los conocimientos tradicionales a las empresas, quienes se conceden el derecho de vender semillas en el futuro”.

Además, es posible que las disposiciones sobre propiedad intelectual de los acuerdos de libre comercio no auguren nada bueno en términos de los esfuerzos por abordar el cambio climático, agregó Poppe, ya que podrían disuadir a los países pobres de fabricar sistemas de energía renovable que sean susceptibles de protección mediante patentes europeas. “La UE es muy competitiva en el desarrollo de nuevas tecnologías ecológicas que son muy costosas para los países pobres”, afirmó. “Los derechos de propiedad intelectual se utilizan en beneficio de las industrias europeas, pero esto podría representar un obstáculo en la transferencia de tecnologías que son tan necesarias para enfrentar el cambio climático”.

A otras partes les preocupa cómo las disposiciones sobre propiedad intelectual afectarán las patentes farmacéuticas, sin que existan medidas complementarias para proteger la salud pública y el acceso a los medicamentos esenciales. Shabalala señaló que, conforme a estas disposiciones, una empresa farmacéutica en posesión de una patente para un medicamento específico podría solicitar una medida cautelar contra los envíos de versiones genéricas de dicho medicamento a un país del Grupo ACP. “Los funcionarios aduaneros se verían obligados a incautarlos y almacenarlos en depósito”, comentó.

Junior Lodge, un funcionario jamaiquino que representa a los gobiernos del Caribe en las negociaciones sobre los AAE, dijo que la Comisión utiliza los AAE como parte de un esfuerzo más amplio por lograr los mejores negocios para las empresas de Occidente. Alega que la UE ha tratado de reducir la capacidad de los países pobres para elaborar sus propias políticas sobre cuestiones que afectan a sus economías. “Está procurando establecer normas más estrictas en materia de derechos de propiedad intelectual y competencia en todos los países en desarrollo”, señaló. “Nos oponemos rotundamente a ello”.

Paul Goodison de la European Research Office, organización que se ocupa de hacer un seguimiento del comercio entre la UE y los países en desarrollo, señaló que la estrategia de acceso a los mercados de la Comisión está diseñada para trascender las normas sobre los obstáculos al comercio, incluidas las que se refieren a la propiedad intelectual, acordadas en el ámbito de la OMC. Estima que es probable que la Comisión procure obtener disposiciones similares en otros acuerdos con mercados potencialmente más lucrativos, como los de India y Brasil.

“Los países del Grupo ACP son los más vulnerables”, dijo. “Si aceptan estas disposiciones, la Comisión podrá decir entonces ‘si los PMA [países menos adelantados] las han acogido, ¿por qué Brasil debería preocuparse?’. La Comisión cuenta con negociadores sumamente capacitados que comprenden cabalmente la cuestión”.

Por otro lado, Ilias Konteas del grupo de presión de empleadores Business Europe afirmó que el enfoque de la Comisión es, en esencia, correcto.
“En principio, creemos que la instrumentación de sistemas sólidos de observancia de la propiedad intelectual también redundará en beneficio de los países en desarrollo”, señaló. “Facilitará la transferencia de tecnología desde el mundo desarrollado hacia estos países y tendrá un efecto positivo en el desarrollo de sus capacidades de innovación”.

Por David Cronin para Intellectual Property Watch

Fuente: Intellectual Property Watch