Por decreto amnistían a forestadoras en Uruguay
Por un nuevo decreto la Administración Vázquez eliminó la exigencia de estudios de impacto ambiental para la forestación. De este modo, la afectación que producen un millón de hectáreas implantadas con monocultivos sobre suelos, napas freáticas, salud, flora, fauna y cultura durante casi dos décadas no se sabrá, por lo menos, oficialmente
Montevideo, 2/10/05 (La Juventud).- Además de subsidios estatales que ya superan los quinientos millones de dólares, las forestadoras ahora tienen el perdón ambiental. Derogando el Decreto 100/2005 que les exigía estudios de impacto ambiental a las “implantaciones forestales de más de cien hectáreas” la Administración Vázquez ahora sólo lo exige para las “nuevas ” implantaciones y siempre que estén “en un establecimiento o unidad de producción”. Se blanquean las tropelías ambientales cometidas desde la vigencia de la Ley Forestal en 1987, al impedirse la posibilidad de evaluar los impactos ambientales ocasionados por el millón de hectáreas ya plantadas hasta la fecha, y se abre la vía para que las forestadoras implanten miles de hectáreas más con tal que lo hagan en muchas “unidades de producción” distintas con lo que están exentas de la regulación ambiental que las obligaría a evaluar, mitigar y eventualmente reparar los perjuicios ocasionados al medio ambiente y a terceros.
Una mala copia Esta es la principal modificación a la anterior regulación aprobada dos días antes de dejar el gobierno por Batlle Ibáñez quien se despidió con un desplante hacia las forestadoras: el Decreto 100/ 2005 Reglamento de Impacto Ambiental que contenía rígidas exigencias, entre otras, la obligación de realizar un estudio de impacto.
El lobby técnico que asesora a las empresas previno que estudios de impacto ambiental negativos sobre los actuales bosques serían un cheque en blanco en manos de terceros perjudicados e incitarían a juicios de reparación patrimonial.
La administración Vázquez y su Ministro de Medio Ambiente Mariano Arana sólo se tomó 21 días para “suspender la vigencia por 180 días” del considerado malicioso Decreto.
Con la aprobación, el 21 de setiembre último pero informado días después, con vigencia inmediata a la firma -cosa absolutamente infrecuente en derecho- del nuevo “Reglamento de evaluación de impacto ambiental y autorizaciones ambientales ” no sólo lo derogó, sino que más bien lo erradicó del mundo jurídico porque establece plazos de 90 días para algunas de las nuevas disposiciones pero, para que no rija el derogado, le concede nueva vigencia a una regulación de 1994, obviamente más permisiva.
El nuevo Reglamento es una mala copia, textual en un 90%, y “lavada” del anterior, suavizada hasta llegar en algunos casos a la irrelevancia jurídica del subterfugio obvio. Muchas taperas abandonadas por el avance forestal van a pasar a ser centros de “unidades de producción” de menos de cien hectáreas, para evitar la regulación.
A las “explotaciones hortícolas, frutícolas o vitícolas” también se les proporciona el subterfugio de exonerarlas del estudio si la superficie se divide en varias “unidades de producción” distintas, pero la novedad es que se les exige estudios a la instalación de “cementerios, sean públicos o privados”, y se elimina la anterior exigencia de publicar en Internet “el certificado de clasificación ambiental”, “el Informe Ambiental Resumen” y “el estudio de impacto ambiental completo con la sola exclusión de aquella documentación que se hubiere considerado que constituye secreto comercial o industrial”, en un inesperado giro al secretismo burocrático.
Un poco de historia. Durante el primer gobierno de la restauración democrática, 1985 - 1990, tanto Sanguinetti como su canciller Enrique Iglesias alentaron la inversión en forestación, particularmente de capitales españoles del Grupo ENCE, ligados a la Caixa de Galicia y al falangista Manuel Fraga Iribarne, luego Presidente de la Xunta. Mediante fuertes subsidios estatales con exoneraciones impositivas totales, la superficie forestal fue desalojando a productores de ovinos que explotaban pequeños campos de basalto, -otrora un dolor de cabeza para los gobiernos por sus reivindicaciones gremiales- que pasaron a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades, emigrando muchos. Esta política apoyada por el BID y el FMI fue continuada durante las Administraciones de Lacalle, la siguiente de Sanguinetti, la de Batlle Ibáñez y ahora continuada por Vázquez. La continuación de políticas de cambio fijo, “tablitas ”, significaron impuestos cambiarios al capital nacional lo que unido al sobreendeudamiento, liquidó al mediano inversor nacional dando paso a forestadoras, en su mayoría extranjeras y subsidiadas, quienes ya poseen un millón de hectáreas en producción, pero se estima necesiten el triple.
En forestación, como se aprecia, no hay progresismo ni derecha, hay dólares. Cueste lo que cueste
Dr. Gustavo Elizondo
Fuente: BOLETÍN INFORMATIVO No. 119 de ALTERNATIVA POPULAR 1815 - ESPACIO SOLIDARIO (AR10)