¿Por qué asesinan a líderes ambientales en Colombia?

El 2 de marzo, la ONG internacional Business and Human Rights Resource Center público en un informe que Colombia se mantiene como el segundo país con más asesinatos en el mundo de defensores, después de Brasil.

Esta persecución se encuentra en la delgada línea entre la defensa del territorio y la presencia de grupos armados y economías ilícitas.

El asesinato de Yamid Silva no es un caso aislado. Según Carolina Jarro, directora encargada de Parques Nacionales Naturales, se han registrado 19 amenazas en los dos últimos años contra los guardaparques.

Jarro sostiene que estos hostigamientos se deben a su acción contra la deforestación, los cultivos ilícitos, el acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva.

El pasado 24 de febrero, Parques Naturales optó por desalojar 10 áreas protegidas debido a las amenazas de grupos armados contra los funcionarios.

La historia de Wilton Fauder Orrego, guardaparque en la Sierra Nevada de Santa Marta que fue asesinado hace un año, por varios impactos de bala en la vereda Perico Aguao, zona rural de la ciudad, es señal de la gravedad de la situación.

De acuerdo con el último informe de Naciones Unidas, publicado el 26 de febrero, el 75 % de los asesinatos en Colombia ocurren en la ruralidad de los departamentos, epicentro de operaciones de grupos armados y cultivos ilícitos.

Jarro también señala la falta de cobertura en la protección del patrimonio natural del país que se encuentra en los parques: existe aproximadamente un guardaparque por cada 34 mil hectáreas por proteger.

Según la funcionaria, se necesita mayor apoyo “en algunas zonas que son críticas”, como Norte de Santander, Meta, Putumayo y Caquetá. Tras el asesinato de Silva, Parques Naturales decidió cerrar el lugar hasta controlar la situación de orden público.

El petróleo: detonante de amenazas y persecuciones

De acuerdo con los datos recopilados por Business and Human Rights Resource Center, el 30 % de las denuncias de ataques contra líderes están relacionadas con empresas de explotación minera. En este se menciona a AngloGold Ashanti, Big Group Salinas, Cerrejón Coal, Ecopetrol y EPM.

Joana Pinzón, presidenta de la Asociación Nacional Campesina (Asonalca), sostiene que el asesinato de líderes ambientales “no es cosa de narcotráfico, de líos de faldas –como en su momento sostuvo el ministro de Defensa Guillermo Botero– o robos: es algo programado y planeado para acallar las voces de quienes defienden el territorio y la vida”.

Dentro de su comunidad, Asonalca ha denunciado hostigamientos por parte de grupos armados, seguridad privada de las empresas e, incluso, la fuerza pública.

Pinzón es enfática en el rechazo de la comunidad campesina a la explotación petrolera que, según ella, empresas autorizadas por el Estado están haciendo en territorios con fuentes de agua importantes para la comunidad y que hoy ha llevado a la persecución de varios de sus compañeros.

Entre ellos, José Vicente Murillo, líder ambiental que se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre por dirigir una movilización en contra del oleoducto Caño Limón Coveñas, en Arauca. Ecopetrol no dio declaraciones a EL TIEMPO frente al tema.

Su caso fue reportado por Asonalca como un ‘falso positivo judicial’, tras ser acusado sin haber tenido ningún proceso legal en su contra.

A Murillo lo venían amenazando desde hace un año “mediante panfletos y el seguimiento de la fuerza pública”, comenta Pinzón.

Por su lucha contra la minería, también ha sido perseguido Edgar Cruz, líder ambiental en el piedemonte llanero, en el municipio de Guamal, Meta.

Cuando su esposa salía de un juzgado, dos hombres en una motocicleta y con cascos oscuros la abordaron y le dijeron: “Ustedes vuelven a parar Lorito 1 y se mueren”.

Desde 2013 comenzaron a recibir llamadas intimidantes e, incluso, camionetas blindadas se estacionaban frente a su casa durante días.

Su disputa ha sido contra lo que considera “falta de rigurosidad” de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en el control de la explotación realizada por Ecopetrol en el proyecto Lorito 1.

El pozo exploratorio fue desalojado por la empresa tras las acciones de la comunidad. Sin embargo, en diciembre de 2018, a unos cuantos metros del primer proyecto, se construyó una segunda plataforma nombrada Lorito 1 Reubicado, que fue ampliada recientemente.

La ANLA indicó que en 2013 se exigió a la empresa extractora tomar medidas de prevención, mitigación y control para evitar afectación al río cercano y el acueducto.

Después, se optó por la reubicación, un proyecto que, según ellos, se encuentra “suspendido”.

Sin embargo, Ecopetrol afirma que el pozo se encuentra en fase exploratoria y niega algún tipo de contaminación asociada al proyecto “que afecte el medio ambiente o las fuentes hídricas”.

“Nosotros no queremos ser líderes de nada, queremos es que respeten nuestro territorio. Nos ha tocado asumir esas posiciones porque desafortunadamente el Gobierno termina acomodándose a la voluntad de las empresas petroleras”, afirma el defensor.

El problema también recae en el aumento de minería ilegal en estos territorios. Según informes de la Policía Nacional, esta modalidad financia grupos armados en regiones como Norte de Santander, Antioquia, Tolima y Cauca.

De acuerdo con reportes de la Contraloría General de la República, la utilización de métodos no aptos de extracción ha causado deforestación, el desvío del cauce de los ríos y la contaminación de importantes fuentes de agua. A su vez, la dificultad para su control y seguimiento ha hecho más compleja la intervención de las autoridades.

Grandes empresas

Otra de las causas que ha llevado al asesinato de líderes en Colombia es la denuncia contra la invasión de la agroindustria en territorios como el Norte del Cauca. Rossana Mejía, líder ambiental y afro, tuvo que salir de su municipio natal, Caloto, por las amenazas de muerte de grupos armados que, según ella, respaldan a diferentes empresas.

Su labor se ha centrado en defender el avance desmedido de la industria cañera que ha dejado a municipios cercados por los cultivos. De igual manera, criaderos de animales y fumigaciones aéreas son grandes contaminantes, según la líder.

En el informe de la ONG internacional, el 28,5 % de las denuncias por ataques corresponden a la agroindustria, específicamente por cultivos de palma y caña de azúcar.

EL TIEMPO se comunicó con Asocaña frente a la situación, pero la respuesta de la entidad giró en torno a la labor que el gremio desempeña para preservar el recurso hídrico.

Para Mejía, “el vacío ambiental en el Norte del Cauca es muy alto y no ha tenido doliente”. Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), el departamento del Cauca es la zona con más asesinatos de líderes en la actualidad.

Francisco Zapata, ex director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), afirma que en el suroccidente del país existen alrededor de 243 mil hectáreas de caña sembradas y que su acelerada expansión generó el desvío de varios ríos, la contaminación de los mismos y ha llegado a tener efectos de cambio climático.

De acuerdo con Sirley Muñoz, de Somos Defensores, la situación en este departamento es compleja por su ubicación geográfica que lo posiciona estratégicamente como una ruta para el narcotráfico hacia el norte y el sur del país.

Los cultivos ilícitos y sus daños colaterales

No se puede hablar de una sola causa para los asesinatos, pues en varias regiones la presencia de los cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico ha llevado a la persecución de los defensores del territorio.

En este año ya han sido asesinados ocho líderes que se encontraban en medio del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Tras iniciar su implementación, después de la firma del Acuerdo de Paz, Indepaz ha identificado 85 muertes de líderes vinculados al programa.

Las zonas más críticas para ellos han sido Norte de Santander, Cauca y Putumayo. Según Muñoz, los líderes están en “una situación muy compleja porque ellos están intentando con el gobierno hacer una transición hacia otro tipo de cultivos, pero son los mismos grupos armados los que están presionándolos para que mantengan la coca”.

Diana Sánchez, coordinadora de Somos Defensores, afirma que “no hay solamente un actor que esté dirigiendo toda esa criminalización contra las personas. Hay estructuras diversas en los territorios cuyo objetivo es quitar líderes del camino porque estorban a intereses económicos y políticos”.

Después del asesinato de Yamid Silva, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, lamentó el hecho y afirmó: “Rechazamos de manera profunda la persecución y asesinato de nuestros funcionarios del sistema nacional ambiental”.

También, ratificó la importancia de la firma del Acuerdo de Escazú para la protección de la vida y de los derechos de los ciudadanos para un medioambiente sano.

Fuente: El Tiempo