Políticos, militares y narcotraficantes: ¿quién retrasa la expulsión de los mineros de las tierras yanomami?

Por Rodrigo Chagas
Del Resumen Latinoamericano

“No sé cómo sería hoy si Bolsonaro fuera reelegido. Creo que la tierra y el pueblo yanomami serían exterminados”, afirma Maurício Ye’kwana, miembro de la Asociación Yanomami Hutukara, la principal organización representativa del territorio. El dirigente considera que el fin del Gobierno de Jair Bolsonaro fue fundamental para interrumpir el genocidio indígena provocado por la minería. La deforestación ha caído, la atención sanitaria se ha ampliado y una parte significativa de los invasores ya ha abandonado la tierra indígena. Las grietas y cráteres abiertos en la selva para extraer mineral ya no avanzan.

Pero un informe sin precedentes publicado por las asociaciones yanomami y ye’kwana el miércoles (2) afirma que los invasores aún persisten en el territorio, causando inestabilidad e inseguridad. El documento está firmado por la Asociación Hutukara Yanomami (HAY), la Asociación Wanasseduume Ye’kwana (SEDUUME) y la Asociación Urihi Yanomami. Las organizaciones indígenas explican cómo los políticos, los militares y las facciones criminales contribuyen a perturbar y retrasar aún más el proceso de expulsión de los mineros, que se prolonga desde febrero de este año. Y señalan formas de mejorar y ampliar las acciones sanitarias, la ayuda humanitaria y la seguridad alimentaria, sin las cuales será imposible reconstruir el modo de vida de los habitantes que ocupan la región desde hace mil años.

“Quizá se pueda considerar un 70% de evolución positiva después de 6 meses. Pero todavía hay que analizarlo más dentro de la tierra yanomami. [La administración federal] tiene que dialogar con las organizaciones indígenas. Porque sólo el gobierno yendo allí e intentando hacer algo no tendrá éxito. No sin la presencia de las organizaciones indígenas que están allí”, defiende Maurício Ye’kwana.

En un comunicado, el Ministerio de Pueblos Indígenas (MPI) reconoció que aún quedan cuestiones por resolver en relación con la Tierra Indígena Yanomami, pero afirmó que reconstruir los daños causados durante años de abandono lleva algún tiempo. “Aun así, podemos afirmar que el trato no sólo a los yanomami, sino a todos los pueblos indígenas, ya ha cambiado para mejor”, subrayó el MPI.

Las Fuerzas Armadas “no cooperan”

Titulado “Seguimos sufriendo: balance de los primeros meses de la emergencia yanomami”, el informe recuerda que el gobierno inició a principios de año la distribución de cestas de alimentos a las comunidades yanomami, que sufrían una grave desnutrición. En febrero, la Fundación Nacional para los Pueblos Indígenas (FUNAI) elaboró una nota técnica en la que preveía la entrega de más de 50.000 cestas en el primer semestre del año.

El transporte de los alimentos corrió a cargo de las Fuerzas Armadas, a través de aviones militares. Sin embargo, sólo se entregó a los indígenas el 50% de lo previsto, según revela un informe de la Agencia Pública.

“Esta situación impidió, por ejemplo, que algunas regiones más remotas recibieran este apoyo. En este caso, la participación del ejército obstaculizó la ayuda humanitaria en lugar de ayudarla”, afirma el geógrafo e investigador del Instituto Socioambiental (ISA) Estêvão Senra, que trabaja con los yanomami desde hace una década y prestó apoyo técnico para la elaboración del informe. Considera “poco cooperativa” la postura de las Fuerzas Armadas.

Según lo previsto en el decreto presidencial que inauguró las operaciones en el territorio, el papel de las Fuerzas Armadas se limitó al apoyo logístico. Ante las violentas reacciones de los mineros armados, las medidas de represión quedaron en manos del Ibama, de la Funai y de la Fuerza Nacional. Incluso la Policía Federal de Carreteras (PRF) fue llamada para actuar dentro de la tierra indígena, a cientos de kilómetros de la carretera federal más cercana.

Sin aviones militares para transportar a los agentes, se ha vuelto más difícil reprimir la minería en toda la extensión de la tierra indígena yanomami, que tiene el tamaño de Portugal. Sólo en junio las fuerzas armadas fueron autorizadas por el gobierno federal a localizar y detener a los invasores.

“Ellos [los militares] tampoco ayudaron con el mantenimiento de las pistas de aterrizaje [dentro de la tierra indígena]. Presentaron una factura muy cara a la FUNAI para el mantenimiento de esas pistas. En la pista donde hicieron el mantenimiento, en la región de Surucucu, tardaron meses en terminar las reparaciones. Eso retrasó la construcción del centro de referencia de salud”, añade el geógrafo.

Otro punto crítico señalado por el informe fue la falta de coordinación entre los organismos gubernamentales, especialmente la Casa Civil, responsable de convocar a los diferentes sectores -incluidas las Fuerzas Armadas- para acciones integradas. La falta de un enfoque coordinado dificultó, según el informe de las organizaciones indígenas, la realización de acciones conjuntas, la priorización de objetivos y la asistencia adecuada a las comunidades vulnerables.

“Narcogarimpo”, el “mayor temor”

Sin conocer la proporción exacta, Maurício Ye’kwana, de la Asociación Yanomami Hutukara, afirma que la mayoría de los invasores ya han abandonado el territorio. “Los que resisten ahora son más bien simples mineros. Lo que nos preocupa son las facciones criminales”, afirma el líder indígena.

El “narcogarimpo” en la tierra indígena yanomami ya es una realidad conocida por los agentes del Ibama y de la Policía Federal (PF) que trabajan en Roraima. Las relaciones entre los mineros ilegales y las facciones se han estrechado durante el gobierno de Bolsonaro, como resultado del desmantelamiento casi total de la inspección ambiental. La extracción de minerales se ha convertido en una forma de obtener beneficios fáciles y de blanquear dinero para el crimen organizado.

“A medida que crece y se expande en nuevas áreas, la minería recurre a milicias fuertemente armadas asociadas a facciones criminales para imponerse y garantizar el control territorial. De este modo, se impide que los yanomami y los ye’kwana circulen libremente por la Tierra Indígena a riesgo de ser asesinados. En este contexto, son frecuentes las amenazas de muerte y las humillaciones”, dice el informe de las organizaciones indígenas.

“Lo que puede ocurrir en el futuro es que [las facciones] recluten a jóvenes yanomami. Utilizan a los indígenas como consumidores de drogas, les ofrecen grandes armas pesadas. La minería y el crimen organizado influyen en los jóvenes. Este es nuestro mayor temor”, afirma Maurício.

Políticos vinculados a los buscadores de oro interfirieron

El informe semestral sobre la ayuda a los yanomami recuerda que diputados de Roraima que representan los intereses de los mineros intentaron interferir en la logística de la expulsión. La presión de los políticos consiguió socavar una estrategia que, según las organizaciones indígenas, estaba funcionando: el cierre del espacio aéreo. Si se prohibían los aviones, las actividades mineras se verían rápidamente estranguladas por la falta de suministros.

“La operación ‘Escudo Yanomami’, sin embargo, sólo consiguió mantener la restricción total de los vuelos desde el sitio minero durante seis días, tras la presión de parlamentarios de Roraima asociados al movimiento de los buscadores”, dice el documento. Uno de esos políticos es el senador Chico Rodrigues (PSB-RR), notorio defensor de los mineros ilegales en el Congreso. Defendió y consiguió que se autorizara la entrada de aviones privados para expulsar a los invasores. La fuerza aérea abrió tres “corredores aéreos” durante tres meses, para que los mineros pudieran salir espontáneamente.

“Si, por un lado, esta opción redujo los costos de las acciones de combate a la actividad por parte del Estado, por otro, permitió que muchos financiadores retiraran sus equipos de la Tierra Indígena, sin mayores perjuicios (véase el total de aeronaves incautadas e inutilizadas) y vergüenzas (con repercusiones, incluso, para las investigaciones sobre las acciones de estos grupos criminales)”, dice el documento elaborado por las organizaciones indígenas.

“Hay rumores de que algunos de los principales “propietarios” de sitios mineros han tenido tímidas pérdidas con las acciones y que han trasladado su operación a Guyana, esperando que los esfuerzos para proteger la Tierra Indígena disminuyan antes de regresar”, continúa el informe.

Otro bando

Brasil de Fato se puso en contacto con las Fuerzas Armadas, pero no recibió respuesta.

Vea la posición completa del Ministerio de los Pueblos Indígenas:

“El Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) reconoce que todavía hay cuestiones por resolver en relación con la Tierra Indígena Yanomami, pero reconstruir el daño que se ha hecho durante años de abandono lleva algún tiempo. Sin embargo, podemos decir que el trato no sólo a los yanomami, sino a todos los pueblos indígenas, ya ha cambiado para mejor.

La visita de una delegación gubernamental al Foro de Líderes de la Tierra Indígena Yanomami y Ye’kwana en julio, un hecho sin precedentes hasta entonces, es una clara señal de este cambio de trato. Por primera vez en la historia, el Gobierno Federal acudió a un territorio indígena para escuchar de los líderes sus demandas de elaboración de planes de gestión territorial y ambiental, entre otras peticiones relacionadas con el acceso a la salud, la educación y otros derechos.

Una forma de cuantificar este cambio es observar algunos datos relacionados con la Operación Yanomami, que comenzó en febrero e implica a 18 organismos del gobierno federal en 233 acciones de emergencia y estructurales que durarán hasta 2026. Desde el inicio de la acción, se han realizado más de 8.200 consultas médicas, con la participación de 765 profesionales de la salud, que se encargaron de distribuir más de 3 millones de medicamentos, pruebas y otros suministros sanitarios. Se distribuyeron más de 12 toneladas de alimentos.

La acción también se salda con la expulsión de mineros ilegales de la región y la retirada de infraestructuras mineras, con la destrucción de 76 balsas, la desmovilización de 362 campamentos y más de 50 detenciones. Otro indicio de mejoría de la situación fue dado por la Policía Federal, que, en junio, informó que no había más alertas de minería ilegal en la región, algo no registrado desde el inicio del monitoreo por satélite en 2020.

El MPI mantiene su compromiso de restaurar la dignidad y garantizar la integridad de los yanomami y de su territorio.”

Fuente: Brasil De Fato