Políticas Anticampesinas - una mirada sobre los desafíos para la agricultura y la vida

Dos compañeras de la Asociación Biovida de Cayambe, Virginia Tipanluiza y Barbara Chicaiza, abrieron el debate compartiendo sus experiencias como campesinas, resaltando las principales dificultades con las que se enfrentan: desde que empezaron a usar los kits productivos, promovidos por el Estado, ha aumentado su dependencia sobre todo porque las semillas de papa y quínoa que compran ya no se pueden reproducir, obligando así a los y las campesinas a comprar las semillas para cada siembra. En la crianza de animales y en la producción de lácteos, las normativas de faenamiento y los registros sanitarios generan limitantes para la producción campesinas ya que para la pequeña escala pueden ser difíciles de cumplir, generando costos que resultan inalcanzables para las economías familiares de los productores.

Dibujando un panorama más nacional, Esteban Daza, investigador del OCARU, presentó el análisis de la Coyuntura Agraria Nacional mostrando las continuidades y rupturas en la política agraria durante los últimos dos años. Enfatizó en la transición de un gobierno “estatalista” hacia un gobierno “corporativo” en el que las políticas agrarias muestran una gran afinidad con el agronegocio y las corporaciones. Mientras que la política no se dirige hacia los y las campesinas y sus formas distintas de producción, resaltó, que, la población que depende del sector agropecuario sin embargo aumenta, tal como vuelve a elevarse la tasa de pobreza rural.

La orientación “anticampesina” de las medidas sanitarias y fitosanitarias que se implementan a través de los TLC fue destacada por Elizabeth Bravo, de Acción Ecológica. Con el ejemplo de los quesos artesanales de Loja explicó cómo las normativas impuestas desde afuera afectan a las economías campesinas, incluso si no producen para la exportación, imposibilitando a los productores que no logran cumplir con las medidas sanitarias que imponen los tratados de libre comercio para vender, incluso, en el mercado local.

Que aquí existen paralelas con la experiencia mexicana con los tratados de libre comercio y sus impactos en los y las campesinas contó Ramón Vera de la Red de defensa del maíz de México. Alertó que los TLC golpean la legalidad y las estructuras jurídicas de los Estados por permitir que se establezcan tribunales privados paralelos. Además, enfatizó que los avances de la propiedad intelectual son parte de las políticas anticampesinas ya que limitan y castigan la producción independiente, criminalizando el libre intercambio de semillas. Esto, por su lado, representa un peligro de erosión de los saberes ancestrales y las prácticas agrícolas.

En resumen, se expusieron varios aspectos de las políticas públicas que tienen un enfoque “anticampesino”, que nacen en Ecuador de una alienación del Estado y del Ministerio de Agricultura con la agroindustria y las corporaciones. Esta orientación se materializa en los tratados de libre comercio y la implementación de normativas que sólo podrán cumplir las corporaciones, aumentando la presión sobre los y las campesinas; se visibiliza también en los sectores prioritarios que define el MAG bajo el ministro Xavier Lazo (palma, arroz y maíz) y en su política de aumento de productividad y de promover kits productivos, mientras que se eleva la tasa de pobreza rural, hay una tasa baja de empleo adecuado en el campo (de sólo 23%) y se aumenta la dependencia de los y las pequeñas productoras al mercado.

Dentro de las Jornadas Nacionales por la Defensa de la Soberanía Alimentaria y Vida Campesina el conversatorio se replica en Cuenca el 24 de junio y en Loja el 26 de junio.

Fuente: Observatorio del Cambio Rural