Plantas de celulosa: la piedra argentina en el zapato

El Foro Ecologista de Paraná fue creado en setiembre de 1997, como un producto del movimiento social que condujo a la sanción por la Provincia de Entre Ríos de una ley que declaró 'libre de represas hidroeléctricas' a los ríos Paraná y Uruguay dentro de su territorio. A lo anterior, se agrega ahora la sanción de una nueva ley que declara a la provincia 'libre de plantas procesadoras de celulosa'.

El Foro busca dar solución a los problemas ambientales de la ciudad, la provincia y la región, y cuenta con un equipo de especialistas y profesionales en diversas áreas: desde ingenieros agrónomos, ingenieros electromecánicos, arquitectos, abogados, hasta biólogos, médicos, geólogos, docentes y comunicadores sociales. En 1998 se sumó a la Coalición Ríos Vivos e integra su Coordinación Regional. El Foro interviene además en el seguimiento del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná, elevación de la cota de las represas de Yacyreta y Salto Grande, y en las proyectadas represas de Corpus, Salto Chico, Garaby y Pepeají, en la Mesopotamia Argentina. También actúa en los problemas de los ríos interiores de la provincia y colaboró activamente en el debate y sanción de la Ley de Aguas de 1999.

Para conocer la posición del Foro con respecto a las plantas de celulosa, BRECHA dialogó con Jorge Daneri, coordinador del Foro y coordinador regional de la Coalición Ríos Vivos.

- ¿Cuál es la situación de Entre Ríos en cuanto a plantas de celulosa?

- La ciudad de Paraná y la Provincia de Entre Ríos no tienen plantas de celulosas ni de producción de papel. Acaba de ser promulgada, el 14 de setiembre pasado, luego de aprobada por el poder legislativo, la ley que declara a la Provincia de Entre Ríos libre de plantas procesadoras de pasta celulósica cuya actividad industrial impacte en el medio ambiente y contamine el aire, suelos y aguas de los ríos.

- ¿En qué contexto se inscribe la actual movilización de grupos ambientalistas y sociales de la Provincia de Entre Ríos en contra de las proyectadas plantas de producción de celulosa de Botnia y Ence sobre el río Uruguay?

- El contexto surge de un proceso de casi tres años, desde el nacimiento de la Red de Organizaciones Socioambientales de Entre Ríos y Organizaciones Ecologistas del Uruguay. La posible planta de Ence fue una de las prioridades en su agenda desde los primeros meses del 2002. La red se formó para hacer un seguimiento de los procesos de construcción de megaobras en la cuenca del río Uruguay y alternativas de transición hacia la sustentabilidad de nuestra región.

Existe una fuerte visión de cuenca, de gestión participativa y de fuerte crítica a los procesos cerrados y autoritarios de la CTM (Comisión Técnica Mixta de Salto Grande) y de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay).

Este proceso fue incidiendo fuertemente en las poblaciones de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Colón que, de distintas maneras y con una diversidad de actores sociales fantástica, se fueron haciendo cargo de todos estos debates y escenarios, accediendo a información social y política relevante y poniéndola en común en los procesos de reconstrucción de ciudadania cívica comprometida, a través de talleres, debates, paneles, conferencias de prensa y permanentes diálogos con legisladores, concejales y autoridades provinciales.

Este movimiento no tuvo, durante todo su proceso de construcción social, influencia de grupos partidarios. Fue impresionantemente genuino, espontáneo, transversal y democrático. Es la primera vez que se producen situaciones como que la casi unanimidad de partidos políticos de la provincia se opongan a la construcción de megaproyectos de estas características en solicitadas conjuntas. Y, también, que Colegios Profesionales como los de Ciencias Económicas, de los bioquímicos y de los abogados, salgan acompañando el No a las Plantas.

Es la primera vez en la historia argentina, que luego de un proceso así, el Estado Nacional adopte una posición construida por las gentes, como posición nacional y genere un proceso internacional, como es público y notorio.

- ¿Le parece que las posiciones de los gobiernos provincial y federal argentino son firmes o están influenciadas por la movilización local y la campaña electoral en curso?

En verdad, son varias preguntas. Consideramos que las posiciones de las dos escalas de gobierno son firmes. Más firme es la provincial, por diversos factores de territorialidad y relacionamiento con las organizaciones. El vice gobernador es de Gualeguaychú, por ejemplo. Pero el pueblo en Entre Ríos tiene una conciencia ambiental relativamente fuerte luego de la lucha contra la construcción de la represa del Paraná Medio que logró, en el apogeo del menemismo, quebrar aquella decisión nacional y declarar a Entre Ríos 'libre de represas hidroeléctricas' en los ríos ubicados en su territorio, la Ley 9092 de septiembre de 1997. Esto marcó un antes y un despues en la historia ambiental de la provincia. Entre Ríos fue, también, la primera en el país en declarar la emergencia ambiental de su bosque nativo, lo que incidió luego en otras provincias y hoy se debate en el Congreso Nacional.

No hay dudas de que la fuerte movilización social puso un punto de quiebre, de inflexión y el gobierno nacional tuvo que dar respuestas por fuera del ejercicio tradicional del poder. Y esto ha sido significativo. La presencia de ocho ministerios y embajadores con su Canciller en Gualeguaychú, es un dato histórico en la Argentina y único hasta ahora, lamentablemente.

(Aquí Daneri alude a la movilización del pasado 30 de abril, organizada por la red de organizaciones ambientalistas de Entre Ríos y Uruguay, que reunió a unas 40.000 personas sobre el puente internacional General San Martín, y a la comparecencia pocos días después en Gualeguaychú de una delegación del gobierno federal encabezada por el canciller Bielsa, para dar explicaciones al respecto,).

La democracia y sus procesos electorales ayudan mucho a los debates ciudadanos. En esto no somos ingenuos, pero es una fortaleza. El asunto es el nivel y mala fé de la especulación partidaria y preelectoral. Fuertemente hemos dialogado sobre esto con los funcionarios provinciales y con el Canciller y el Presidente argentinos en forma personal. Y sus respuestas han sido significativamente claras.

Pero el gobierno nacional debe dar nuevos pasos, que fortalezcan aún más la credibilidad social y política sobre su discurso. Estamos expectantes y haciendo un seguimiento diario de sus pasos y acciones. Esto estará claramente demostrado luego de las elecciones legislativas de octubre.

- Pocos días atrás, el ex-presidente Eduardo Duhalde, que ocupa la presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, dijo a la prensa uruguaya que las posturas del gobierno argentino 'No pasan de ser una serie de declaraciones mediáticas, en el marco de una campaña electoral que se vive en mi país... y eso no debería pasar'.

- Las declaraciones del ex-presidente Duhalde, son de una gravedad institucional y social relevantes. El Presidente de Argentina debe exigir su retractación pública y de no ser así convocarlo a Buenos Aires. Duhalde es la máxima figura de la diplomacia argentina en el MERCOSUR y diríamos en el proceso de la Unión Sudamericana. No puede desacreditar a su país como lo ha hecho. Es inadmisible.

- El gobierno uruguayo no ha dado indicios de poner la decisión tomada a consideración de su par argentino. ¿Cuáles son las vías legales que tendría Argentina para recurrir? ¿Podrían paralizar la construcción de las plantas?

- Por razones de estrategias institucionales y jurídicas, no puedo responder esta pregunta. Hay diversas vías y consideramos que sí pueden paralizar la construcción de las plantas.

- ¿Cuál es la situación de la CARU? ¿Se ha discutido el proyecto uruguayo? ¿Qué pasó con dos delegados argentinos cuya destitución fue anunciada?

- Nosotros somos profundamente críticos de la historia y la forma de gestionar de la CARU. Estamos incluso ahora fortaleciendo nuestras acciones en este sentido ante el Gobierno Nacional. En cuanto a los delegados argentinos, el gobierno nacional debe cumplir sus compromisos públicos y son pocos los días que quedan para que así sea. Pero insisto, aquí hay que producir profundos cambios y así lo estamos gestionando desde esta diversidad de organizaciones de la sociedad civil movilizada. La palabra ya fue, ahora el gobierno nacional y el Dr. Rafael Bielsa deberán producir los hechos. Estamos observando.

- Si éstas u otras instancias internacionales (por ej. la CFI del Banco Mundial) no se opusieran finalmente a estos proyectos, ¿cuál sería el camino a seguir por ustedes?

- El mundo, nuestras cuencas y sus territorios están en una emergencia límite. Estamos ante una crisis de civilización que ha producido una crisis social y ecológica única en el planeta. La complejidad socioambiental y las incertidumbres son tantas, y de una significación tal, que apostamos a que la única y más fantástica manera de debatir sobre lo que queremos para nuestros territorios y sus ecosistemas, es con las mayorías, con las mayorías organizadas en la fortaleza de su diversidad y sus saberes, con los saberes populares y académicos integrados y fortalecidos.

Tarde o temprano, no podrían estas y otras plantas instalarse en nuestra cuenca. No podemos aceptar este modelo simplificador y lineal. Ya suficiente con los latifundios genéticos de la soja, puestos en crisis en Entre Ríos. No más latifundios genéticos de eucaliptos arrasando con nuestras gentes y vaciando de vida nuestros suelos y nuestra diversidad cultural y biológica. La transición hacia la sustentabilidad social, económica y ecológica se construye como el pueblo de la Cuenca del Uruguay lo está haciendo. No tenemos otra alternativa de apostar a pensar lo no pensado y rescatar las historias de nuestros viejos inmigrantes, con su fuerte capacidad de generar y producir desde la diversidad productiva y creativa. Desde, en definitiva, la convivencia de la diversidad cultural.
19 Razones

El Foro Ecologista de Paraná divulgó, en julio último, su oposición a las plantas de celulosa en la Cuenca del Río Uruguay, resumida en diecinueve razones, ocho de las cuales aluden a procedimientos de evaluación o legales incumplidos, a saber:

1) El respeto a la ley, es la esencia y la vida de la democracia. Más aún, cuando se trata de normas del derecho internacional público y de naciones hermanas. No se ha respetado el procedimiento, en cada uno de los emprendimientos pretendidos, establecido en el Estatuto del Río Uruguay.

2) Inexistencia de evaluación independiente. El Estado argentino y la provincia de Entre Ríos no han podido evaluar en forma independiente la información técnica, jurídica, institucional y política sobre estos mega emprendimientos.

3) Evaluación y acumulación de impactos. No existe una evaluación de los impactos de ambas plantas y de los impactos acumulativos de estos y otros emprendimientos potenciales, según establece el Estatuto del Río Uruguay.

4) Pese a sus décadas de existencia, la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) no posee un programa de protección ambiental del río Uruguay, requisito para aplicar los principios de responsabilidad, precautorio y de sustentabilidad del área de su competencia. Por lo tanto, no está en condiciones de evaluar emprendimientos de las características que nos ocupan. La inexistencia de dicho programa vulnera los convenios de Diversidad Biológica, de Desertificación y el propio Estatuto del Río Uruguay,

5) La Convención de Estocolmo, vigente desde mayo de 2004 y refrendada por Argentina y Uruguay, apunta a la eliminación de productos químicos industriales peligrosos. Estas plantas se caracterizan por la eliminación de estos componentes a los ríos, suelos y atmósfera.

6) Convención RAMSAR. La instalación de las plantas impactaría aguas arriba sobre el sitio Ramsar 'Esteros de Farrapos' y otras áreas naturales protegidas.

7) En el MERCOSUR no existe aún un marco regulatorio sobre los procedimientos de evaluaciones conjuntas de estudios de prefactibilidad e impacto socioambiental de emprendimientos de estas características en cuencas compartidas.

8) Corte Internacional de Justicia. El Estado argentino, de ratificar el Uruguay la construcción de las plantas, luego de las negociaciones directas establecidas en el propio Estatuto y en el marco de dichos plazos, deberá ejercer los mecanismos de resolución de conflictos y recurrir ante la Corte Internacional de Justicia.

Daneri es abogado, con un posgrado en derecho ambiental, integrante del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Entre Ríos y de la Coordinación Ejecutiva del Foro de Ecología Política de Argentina.

Fuente: BRECHA