Perú: seis meses después de la Masacre de Bagua

La reciente incursión policial en la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura), que dejó dos muertos y nueve heridos, corrobora que la Masacre de Bagua (Amazonas) del 5 de junio de este año no es un hecho aislado sino parte de una sistemática política del gobierno de Alan García Pérez de criminalización del movimiento social, principalmente de los pueblos indígenas, cuyos derechos fundamentales son vulnerados para imponer el neoliberalismo en el Perú, con todas las facilidades para las industrias extractivas y los tratados de libre comercio.

Seis meses después, los responsables materiales y políticos de la Masacre de Bagua no han sido sancionados. En este tiempo han continuado las provocaciones y la represión: el presidente de AIDESEP continúa exiliado en Nicaragua, el gobierno intentó crear una organización paralela, presentó una demanda para “disolver” AIDESEP, continúan los procesos penales contra los indígenas (mientras se desautoriza a la Fiscal que acusó a los jefes policiales) y las concesiones a petroleras y mineras siguen multiplicándose.

Mientras tanto, las Mesas de Diálogo no llegan a acuerdos. Son mesas que se instalaron gracias a la presión nacional e internacional, expresada en la gran movilización que remeció el Perú el 11 de junio y las innumerables manifestaciones de solidaridad producidas en todas partes del mundo: plantones ante sedes diplomáticas peruanas, cartas a García Pérez y pronunciamientos.

Las demandas presentadas por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) a diversos organismos de las Naciones Unidas (Organización Internacional del Trabajo, Comisión de Derechos Humanos, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Relator Especial para Pueblos Indígenas) lograron importantes pronunciamientos de estos organismos, que han cuestionado severamente al gobierno peruano y demandado el respeto a los derechos de nuestros pueblos.

Es cierto que todo esto motivó la caída del Gabinete Yehude Simon, en particular la salida de la Ministra del Interior Mercedes Cabanillas, y la derogatoria de cuatro del centenar de decretos legislativos emitidos para implementar el TLC con Estados Unidos (punto central de las demandas indígenas amazónicas). Pero los restantes siguen ahí, intocables, amenazando y vulnerando nuestros derechos reconocidos por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Este es el quid del asunto: pueden cambiar los ministros, incluso, en el mejor de los casos, nombrar a personajes que provienen de las canteras de la izquierda y muestran una actitud de diálogo. Pero al modelo económico no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Por eso en julio del 2007 se emitieron once decretos legislativos para criminalizar la protesta. Por eso, después de la Masacre de Bagua, fue emitido en julio el Decreto Legislativo 982, que exime de responsabilidad penal a los policías y militares que causen lesiones o muerte al reprimir las movilizaciones (es decir, les da licencia para matar garantizando su impunidad). Y por eso el Congreso de la República acaba de aprobar un proyecto de ley destinado a la misma impunidad al autorizar a militares y policías a levantar cadáveres en zonas de emergencia, arrebatando esta función a los fiscales del Ministerio Público.

Seis meses después de la Masacre de Bagua, confirmamos que la imposición del neoliberalismo en países como el Perú solo es posible si se criminaliza el ejercicio de derechos. Por eso reiteramos que la única salida es cambiar el modelo económico y político, rescatando el Buen Vivir basado en la convivencia armónica entre los pueblos y con la Madre Naturaleza y construyendo Estados Plurinacionales.

Y para el plazo inmediato, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) propone cuatro medidas centrales para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, sociales, económicos, ambientales y políticos, así como los derechos indígenas y la soberanía nacional:

1. Derogatoria de los decretos legislativos inconstitucionales y emitidos sin consulta que afectan los derechos de los pueblos indígenas.

2. Derogatoria de todas las normas que criminalizan la protesta y garantizan la impunidad para los violadores de derechos humanos.

3. Otorgar carácter de ley nacional a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas y Consentimiento Previo, Libre e Informado.

4. Amnistía para los más de mil líderes indígenas procesados por defender los derechos de sus comunidades.

Lima, 04 de diciembre de 2009.

Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

Fuente: Enlace Indígena