Perú: megainversiones en la amazonía e impactos ambientales y sociales

Desde hace más de una década, hemos venido sosteniendo que la Amazonía es la última renta estratégica del Perú en el siglo XXI. Después del colapso del sistema bancario y crediticio internacional, del alza de las materias primas y en particular de los alimentos en los años 2007 y 2008 y ahora con el extraordinario valor que adquieren los cuatro recursos básicos de la economía postcrisis del capitalismo-agua, energía, biodiversidad y tierras baratas-, la Amazonía Peruana es realmente la renta estratégica del Perú en la darwiniana sociedad global del siglo XXI.

Sin embargo, hay visiones y percepciones antinómicas y habitualmente contrapuestas sobre el presente y el futuro de esa región de 700 mil kilómetros cuadrados de extensión y con sólo el 15 por ciento del total de la población del país y toda la tensa divergencia se debe más que a cuestiones ideológicas y culturales a simples y concretos intereses económicos.

Es el caso de los usufructuarios y beneficiarios del sistema económico extractivo-mercantil que predomina en la Amazonía y es el equivalente amazónico del sistema primario-exportador nacional. Este sistema, instalado con la colonización española y consolidada a sangre y fuego sobre todo en el ciclo cauchero a fines del siglo XIX y principios del XX, se basa en la simple extracción de las materias primas, sea de la flora y de la fauna y hoy en día de la minería aurífera, petrolera y gasífera, exportadas sin ninguna transformación.

Este modelo básicamente extractivo no genera desarrollo social ni económico porque concentra en pocas manos el producto de las ganancias y excluye de sus beneficios a los que extraen la riqueza del bosque y del subsuelo.

Ello se refleja en los indicadores socioeconómicos actuales: los únicos indicadores que crecen sin pausa en la Amazonía son la pobreza, la desnutrición, la población y la erosión de los ecosistemas naturales. Es también un sistema ambientalmente insostenible. A las tasas actuales de extracción (la especie forestal de mayor precio comercial, la caoba, está agotándose, y la biomasa pesquera disminuye aceleradamente por las prácticas irracionales de captura en los ambientes naturales), la naturaleza está perdiendo su capacidad de reposición.

En la Amazonía los extractores que, por ejemplo, controlan el sistema forestal y la exportación maderera desde el aparato del Estado en Lima, han bloqueado sistemáticamente los cambios que requiere la normatividad forestal y actualmente, desde ADEX y la Dirección General de Forestal y Fauna del Ministerio de Agricultura, están patrocinando una nueva ley forestal acorde con los intereses de los exportadores. Este proyecto debe recoger la propuesta forestal aprobada por los pueblos indígenas y el propio Estado en la mesa de negociación número 2 post Bagua.

Por su lado, los comerciantes que hacen su agosto con la política de exoneraciones y en particular con el llamado reintegro tributario, muchos de ellos poderosos empresarios afincados en Lima, se oponen radicalmente a cualquier intento de modificación y reingeniería de las políticas exonerativas y, por tanto, del modelo extractivo-mercantil.

En el Perú de hoy se da la paradoja de que en la región de donde se extrae el 90 por ciento del gas y del petróleo, que contiene uno de los mayores bancos genéticos de la Tierra, que ha sido y sigue el territorio donde florecieron civilizaciones indígenas, que poseen un invalorable bagaje de conocimientos y saber y una compleja y asombrosa cosmovisión sea actualmente una de las regiones con los mayores índices de pobreza y desnutrición. Pero esta intolerable situación tiene también otras causas.

Una de ellas es la corrupción. La otra causa es el subcentralismo regional tan nefasto como el centralismo limeño. Las capitales de región, sean éstas Iquitos, Pucallpa, Moyobamba, Puerto Maldonado o Chachapoyas, se devoran la parte del león del presupuesto regional.

Loreto es el peor ejemplo de este subcentralismo. El 50 o más por ciento del presupuesto se gastan en la provincia de Maynas, en Iquitos y distritos aledaños; el 30 por ciento en la provincia de Alto Amazonas, en Yurimaguas. Pero a la provincia del Datem.y sobre todo a los distritos del Morona y del Pastaza, con el 99 por ciento de la población indígena y donde se extrae el petróleo que genera el canon petrolero, apenas llega una pitanza del 2 por ciento.

A ello hay que agregar la obsesión por el “obrismo”: todos los alcaldes y presidentes regionales de la Amazonía sólo se imaginan el “desarrollo” invirtiendo en carreteras, coliseos, lozas deportivas, monumentos y edificios. Sembrar cemento es la consigna. Del 100 por ciento del presupuesto regional, entre gastos corrientes y la llamada “infraestructura social”, por lo menos el 90 por ciento se invierte en obras.

Fuente: Servindi