Perú: hacia la moratoria extractiva en Amazonía Norte

El 23 de agosto el Congreso peruano aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Previa, marcando un avance a nivel mundial en la defensa y promoción de los derechos indígenas. Este primer paso se asienta sobre la lucha sostenida que ha venido llevando el movimiento indígena, en la cual los hechos de Bagua son un doloroso, y cercano, antecedente. La Amazonía peruana tiene un largo historial de afectación por empresas petroleras, donde existen numerosos hechos de contaminación y conflictos con comunidades indígenas de la región. El OPSur entrevistó a dos dirigentes, Alfonso López, de la Asociación Conservación y Desarrollo San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) del pueblo Cocama Kukamiria, y Aurelio Chino Dagua, de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), que dieron detalles sobre su vivencia cotidiana con la problemática hidrocarburífera y las estrategias que están desarrollando para enfrentarla.

ACODECOSPAT y FEDIQUEP, junto a otras federaciones indígenas [1], se han articulado en el espacio Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su Territorio -tomaron como base el “corredor de contaminación histórico”, producto de vertidos en los cauces hídricos. Dentro de ese ámbito han conformado el Observatorio Petrolero de Amazonía Norte, que busca hacer frente a la problemática y lanzar su demanda principal: la moratoria de explotación en territorios indígenas. Según los dirigentes, la asunción del nuevo presidente, Ollanta Humala, marca posibles espacios de diálogo para las reivindicaciones indígenas. Sin embargo, dejan en claro que seguirán luchando por sus derechos como lo han venido haciendo hasta el momento. Humala promulgó el 6 de septiembre la ley de Consulta en Bagua. Si bien en un primer momento se extendieron invitaciones a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la selva peruana (AIDESEP), organización nacional que nuclea a diversas regionales amazónicas, a último momento el gobierno dio marcha atrás.

BAGUA, UN PASADO RECIENTE

Hace poco más de dos años, el 5 junio de 2009, la provincia de Bagua era el escenario de una masacre por parte de las fuerzas de seguridad del Estado peruano, que incluyó a varios policías muertos, como respuesta del movimiento indígena. El objetivo gubernamental: desalojar la toma pacífica de la carretera en la zona Curva del Diablo, en Bagua Grande. La Amazonía peruana rugía con uno de los alzamientos más grandes de los últimos tiempos en el país. La “insurgencia indígena”, como la llamaron las organizaciones, tiene sus primeros antecedentes en 2008.

Faltaba más. En diciembre de 2007 se otorgaron facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, presidido por Alan García, para realizar las reformas necesarias para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Con las armas institucionales bajo el brazo, el gobierno elaboró numerosos decretos, que las organizaciones indígenas denunciaron por violentar sus derechos. Éstos también fueron objetados por el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo de la Nación, al legislar sobre derechos fundamentales, facultades que excedían las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo. Entre los treinta decretos que cuestionaban, dictados sin haberse realizado la consulta libre, previa e informada, resaltaban dos que interferían con derechos territoriales y la organización comunitaria: el 1015 y su modificatoria, el 1073.

En agosto de 2008, fruto de las movilizaciones indígenas, ambos fueron derogados. Otros decretos que iban en el mismo sentido, el cercenamiento de derechos territoriales y manejo comunitario, eran el 1064 –se desprotegían los territorios comunitarios al jerarquizar otras formas jurídicas de propiedad- y el 1089 –ordenamiento territorial con afectación a títulos comunales-, entre otros (Pinto, 2009). En suma, lo que se buscaba era la lotización, o mejor dicho, la titulación de propiedad privada individual. En abril de 2009, frente al ninguneo gubernamental, la AIDESEP convocó a un paro indefinido en la región amazónica. A partir de ese momento las comunidades tomaron carreteras, yacimientos petroleros, organismos públicos y otros espacios en pos de sus demandas (Observatorio Social de América Latina del CLACSO, 2009). En casi dos meses de “paro amazónico” el diálogo con el gobierno encontró pocos resultados, desembocando en los hechos trágicos del 5 de junio. El conflicto perduró por largo tiempo. Incluyó la persecución del dirigente Alberto Pizango, de AIDESEP, numerosos cambios de gabinete, movilizaciones, etc. Sin embargo, López señala que en todo este proceso “el gobierno no aprendió nada, siempre fue anti-indígena”.

Estos hechos tienen como antesala la visión gubernamental plasmada por el presidente Alan García en dos artículos, publicados entre octubre y noviembre del 2007 en el diario El Comercio. Los ejes principales eran la cuestión indígena y sus territorios, como también el desarrollo productivo que debía emprender el Perú y el rol que le cabía a la Amazonía en ese plan. Según el presidente, ‘el síndrome del perro del hortelano’ era la patología propia de aquellos que no entran dentro de las lógicas formales de mercado o se oponen a las inversiones de desarrollo: “Hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: ‘Si no lo hago yo que no lo haga nadie’” (El Comercio, 28/10/2007).

En un análisis sectorial de distintas ramas productivas (minería, agricultura, hidrocarburos, etc.) García detalla la “riqueza” del Perú que “no está puesta en valor” y lo urgente de garantizar la propiedad de grandes lotes para “inversiones que generen trabajo”. He allí el meollo de la cuestión: la propiedad de la tierra y los recursos. En su segundo descargo, “Receta para acabar con el perro del hortelano” (El Comercio, 25/11/2007), García brinda un abanico de soluciones para su diagnóstico previo y, citando a Lenin, insta a abandonar la “ociosidad” y la falta de vocación por el desarrollo y el progreso de algunos anacrónicos sectores, incluidos los pueblos indígenas. Lo que el presidente olvidó mencionar en este último artículo es que una de sus recetas incluía el asesinato de los patológicos perros que resistieran sus medidas.

A fines de junio del 2009, con la Amazonía en plena insurgencia, García en una nueva misiva, titulada “A la fe de la inmensa mayoría”, trata de partir el plano político en dos y alerta que un nuevo fantasma que recorre Latinoamérica, impulsado por grupos “antisistema” y “violentos”, que no ponderan adecuadamente el crecimiento económico que ha realizado Perú. En el artículo el ex mandatario afirma que esas minorías, producto de la “penetración ideológica foránea” estatista, no podrán contra la “mayoría demócrata y racional inmensa aunque esté silenciosa”, a la que insta a la movilización. “No pasarán” anuncia García en varias pasajes, abusando de una consigna que fue insignia de la lucha contra el fascismo en la España de los años 30 (Expreso, 28/06/2009). Las masivas muestras de apoyo a las “minorías movilizadas”, no le dieron la razón al otrora presidente.

AVANCE EXTRACTIVO SOBRE LA AMAZONÍA

La matriz extractivista regional en la Amazonía peruana pisa fuerte, como también las obras de infraestructura. Según un informe de Jimpson Dávila, de la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la frontera petrolera se ha expandido rápidamente en el último decenio. En 2004 el 15% de la Amazonía se encontraba loteada, para 2009 la apertura de lotes abarcaba un 75% del territorio. Asimismo, la minería, con 138 concesiones en la Cuenca Amazónica, e hidroeléctricas, con 52 proyectos, han avanzado fuertemente junto a proyectos de carreteras (Dávila, 2010). En estos dos últimos sectores se destacan los intereses brasileños, y el impulso de este país al IIRSA.

Dentro del sector hidrocarburífero la que tiene un rol protagónico es, sin duda, Pluspetrol. Con sede en Holanda, la empresa cuenta con capitales mayoritariamente argentinos, de las familias Rey y Poli, y en menor grado de YPF. Opera en Argentina, Colombia, Bolivia, Venezuela, Luanda y, si bien no es una gran trasnacional, es la empresa más importante del sector en Perú. Dagua afirma que esta petrolera ingresó al país a fines de la década de 1990, cuando la norteamericana Oxy (Occidental Petroleum) se retiró de las áreas que explotaba desde hacía por lo menos 20 años. Además de los lotes 1AB y 8, Pluspetrol es concesionaria el yacimiento Camisea, una de las reservas gasíferas más grandes de América Latina.

Estas pequeñas áreas de explotación han causado sin embargo numerosos impactos a los habitantes locales. “Cuarenta y un años explotando en territorio quichua, viendo esa cantidad de años que explotó la empresa, la verdad que me preocupa cómo está mi territorio, las quebradas, los bosques. Ahora, todo eso que está saliendo de los pozos se escurre por las quebradas, por las lluvias, directamente al río Pastaza.” Los ríos son esenciales para las comunidades, son su fuente de agua para consumo, para las parcelas de cultivo y uso diario. En tanto el territorio de donde es originario López presenta otra problemática por ser la várzea, que es la zona baja inundable de la Amazonía. “Estas aguas levantan ese petróleo crudo en el tiempo de invierno, la inundación está en toda la ribera, que son nuestros centros donde realizamos la agricultura.”

Los ríos, que además de ser la vía de comunicación en la región, son por donde se esparcen los vertidos de hidrocarburos y aguas de formación (aguas hipersalinas con metales pesados presentes en los yacimientos). López detalla el proceso de “contaminación histórica” que impacta sobre los comuneros, y apunta especialmente a Pluspetrol. Los vertidos de la zona de Dagua viajan por los ríos Corrientes y Pastaza hasta el Tigre, y de allí al Marañón, donde se encuentra López. Este último y el Ucayali dan origen al Amazonas, que termina en el océano Atlántico, cruzando Brasil.

Los derrames son algo frecuente, una cotidianeidad para los pueblos de la región. López dice que el peor se produjo en el año 2000, totalizando 5.500 barriles. “Ha habido otros derrames menores que no han sido registrados, pero el 19 de junio de 2010 hubo otro derrame grande, que entendemos nosotros que fue mucho más de lo que ellos dicen. Capitanía de Puertos, que es la institución que regula la navegación en los ríos, multó por quinientos barriles de petróleo que no fueron recuperados del río Marañón, eso da a entender que se derramaron mucho más que quinientos. Se podía ver desde el lugar del derrame, San José de Saramuro, [los hidrocarburos] en la superficie del río por un día de viaje en lancha aguas abajo. La empresa [Pluspetrol], en esa oportunidad, esparció químicos sobre ese petróleo derramado. Algunos dicen que son absorbentes, pero para nosotros no, son precipitantes. Eso lo podemos demostrar, porque después de un mes, casi dos, ese petróleo profundizado ha aparecido nuevamente en la superficie del río, donde nace el río Amazonas, donde hay comunidades Cocama y hay organización indígena”.

Según informa la organización Mundo Azul, la mancha de crudo se extendió por 30km, atravesando numerosas comunidades ribereñas, al tiempo que hace una recopilación desde 1995 de los numerosos derrames sufridos en territorio peruano, especialmente en la Amazonía (Mundo azul, s/n). “Hace dos años las aguas de formación comenzaron a reinyectarse”, se explaya López, pero “nosotros tenemos conocimiento de que aún siguen vertiendo a otras fuentes, ya no directamente al río Marañón, pero si a otras quebradas que llegan igual al río. Eso va matando los peces y todo lo que hay en esas zonas.”

López resalta los estudios hechos recientemente, muestras de noviembre de 2010, por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), dependiente del Ministerio de Salud, en el río Marañón. Establece que el agua no es apta para el consumo humano e insta a los pobladores a procurarse otras fuentes. Pero estos hechos no son de conocimiento público reciente. Y, efectivamente, el proceso de contaminación es histórico. Otros estudios, realizados en los ríos Corrientes y Pastaza principalmente, de 1986 y 1987, demostraron la concentración de metales pesados, superando los límites permitidos, en peces de consumo diario (Pezo, 1992). Incluso, en el realizado en 1987, se resaltó las concentraciones de metales pesados en los lechos de los ríos. López resume: “La alimentación del Pueblo Cocama es el pescado, y la única fuente de agua que tenemos para consumir y para todo, es el río Marañón y sus afluentes. ¿A dónde nos están mandando? Nos están diciendo que nos vayamos a vivir a otra zona, en las ciudades, donde también las ciudades captan agua de fuentes contaminadas, como es el río Marañón y otras. Nosotros consideramos que es un abandono del Estado a las comunidades, no tenemos agua, no tenemos energía, lo que comemos está contaminado, lo que respiramos está contaminado, nuestras aguas están contaminadas, nuestros terrenos están contaminados.”

Pero, ¿es posible escindir los impactos ambientales y sobre la salud de otros perjuicios originados por la industria? López dice: “Así como nos están matando están rompiendo nuestra identidad, nuestros conocimientos culturales, nuestra relación permanente con nuestro espacio natural, nuestra relación con los espíritus. Para nosotros el territorio es nuestra madre, nuestra madre tierra. Con el territorio hay una ligazón mucho más grande, ahí están los espíritus de nuestros antepasados, están los huesos, nuestros ombligos están ahí enterrados. A nuestros hijos, a las generaciones que vienen, queremos dejar, por lo menos, un territorio, que quizás, ya no se encuentra como lo hemos recibido. Pero estamos luchando para que no se siga contaminando lo que hasta ahora tenemos. Que nuestros hijos no se avergüencen de haber tenido una generación que no trabajó por ellos.”

El dirigente enmarca este último proceso en una historia larga de conquista y amenaza a los pueblos nativos. “Lamentablemente, [la problemática petrolera la] podemos relacionar con la aparición de los misioneros, que aparecieron para reducir a indígenas para trabajar para los patrones. A trabajar en el caucho, en la extracción de palo de rosa, en la madera después, y ahora, presionados de uno u otro modo, para trabajar para las empresas petroleras. Trabajar para ellos, para eso nos arrastran. A ser peones y esclavos de una empresa que nos está matando constantemente. Quisiéramos encontrar una sola comunidad que le llaman ‘desarrollada’. Si encontramos comunidades empobrecidas cada día más. Nos volvemos los hombres que estamos escarbando en la basura de estas empresas petroleras, es lamentable. La mano de obra no calificada que dan a nuestras comunidades son dos o tres. O compran a los dirigentes, a los líderes, para que se pongan al servicio de ellos y no pueda decir nada una comunidad o un pueblo indígena.”

¿ESTADO? PRESENCIA DE TRASNACIONALES TERRITORIOS COMUNITARIOS

Las comunidades de la organización de López se asientan sobre la Reserva Nacional Pacaya Samiria. De más de dos millones de hectáreas, la Reserva es una de las más grandes de América Latina. Sin embargo, lo que en un primer momento aparece como un hito ambientalista, López dice que fue el primer foco de conflicto, previo a la aparición de las empresas petroleras. Se planteaba la existencia solamente de árboles y animales y se desconocía la presencia de personas, comunidades ancestrales ubicadas en esa área. “En el primer plan maestro [de la Reserva] había limitaciones en los usos de los recursos y gente que vivía ancestralmente se ha visto obligada a emigrar a otros sitios.” Donde hoy se ubica la Reserva, y especialmente la zona de amortiguamiento en la provincia Requena, es la región que López define como la “capital” del pueblo Cocama. Allí fue donde se instaló esta vertiente del pueblo tupí-guaraní, en el segundo siglo después de Cristo, en procesos migratorios que surcaban los ríos.

Estos impedimentos territoriales a los pueblos indígenas, impuestos por funcionarios públicos con la creación de áreas protegidas, no se replican en los bloques concesionados a las empresas en el Parque Nacional, sino que funciona a la inversa, estas le marcan los límites al Estado. “Es un área donde ni siquiera funcionarios del Estado pueden ingresar si no es con autorización de los señores de la empresa petrolera, y menos la gente de las comunidades, donde hemos cazado y pescado todo el tiempo.” El control territorial se gesta a partir de servicios de seguridad privada. “Ellos están las 24 horas vigilando, para que nadie pueda ingresar, desde las tuberías hasta donde está el pozo. Porque también los tubos, por la caída de árboles y ramas, se rompen en cualquier momento y eso tienen que estar cuidando, para que la gente no camine, no transite por ahí, porque estarían denunciando.”

Pero, ¿qué pasa cuando se denuncia? López es categórico: “Esas denuncias que hacemos quedan en la impunidad, estos crímenes ambientales quedan en la impunidad. Los responsables no son sancionados en el Perú, la legislación es muy débil y los jueces se venden ante la empresa y la presión del Estado.” Dagua cuenta la invitación reciente al gobernador de Loreto a una reunión convocada para tratar el tema de los problemas con las petroleras. Ni él ni ningún otro funcionario público cumplieron con la invitación. “Los reclamos por nuestros derechos no son escuchados por las autoridades”.

“YA NO QUEREMOS MÁS EMPRESAS PETROLERAS PORQUE YA LAS CONOCEMOS, ESA ES LA DEMANDA DEL PUEBLO QUECHUA”

Esta es la exigencia que viene llevando adelante Dagua y su organización. En el mismo sentido, López desarrolla lo que se está procurando para su región. Su discurso no se entrecorta, firme cuenta los avances y retrocesos, los cambios que fueron realizando a medida que transcurrió el tiempo. En un primer momento, la reivindicación se centraba en un mayor control por parte del Estado, en políticas públicas sociales y ambientales que anularan el impacto de la industria. Con el paso de los años, las demandas cambiaron al sentir en carne propia las consecuencias que la industria. “Estamos planteando ahora, desde un punto de vista mucho más consciente de afectación sobre la vida, que contaminar nuestros ríos es matarnos, eso es vida para nosotros. La exigencia es que en el área natural protegida, la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que es patrimonio natural de los peruanos y del mundo, no haya actividad petrolera. Esta empresa tiene que dejar de operar al interior de la reserva, esta es la exigencia mayor que vamos a seguir empujando en este proceso y es la reivindicación que tenemos como parte de la defensa de nuestros derechos.”

Las comunidades se han puesto una serie de objetivos, que plasmarán en un documento dirigido al flamante presidente Humala, entre los que sobresale la moratoria a la explotación de petróleo en territorios indígenas. Esta demanda incluye una revisión de los contratos que afecten a los territorios, para conocer en detalle los acuerdos alcanzados, como también un plan de retiro paulatino de las empresas que actualmente están operando, principalmente Pluspetrol. Este último es un punto complejo por la dependencia que tienen las ciudades sobre los hidrocarburos, pero señala López: “El desarrollo que le llaman de las ciudades, ¿quiénes lo pagan? Lo pagamos los indígenas, lo pagamos quienes estamos en la influencia directa de estas empresas petroleras, hasta cuándo vamos a seguir pagando el costo del desarrollo con nuestra vida”. Hasta tanto no se produzca el retiro, las organizaciones demandan beneficios de las ganancias que producen las empresas en sus territorios. En un reciente comunicado reclamaron por una auditoría ambiental independiente a fin de evaluar los pasivos ambientales y sobre la salud, al tiempo que anunciaron reuniones con el gobierno central para mediados de septiembre (AIDESEP, 25/6/2011).

La problemática hidrocarburífera forma parte de los problemas históricos de los pueblos indígenas, el acceso y control del territorio. “Estamos exigiendo el derecho de la territorialidad como pueblos, no como comunidades, porque es una disgregación del territorio –recalca López. Estamos exigiendo el derecho al reconocimiento del territorio como pueblo indígena, el pueblo Cocama, el pueblo Bora, el pueblo Shuar, que todos tengamos nuestro territorio ancestral, donde hemos vivido históricamente, que hemos recibido como legado de nuestros antepasados.”

Consulta previa, avance normativo en el país andino

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, ya que estipula su participación plena en los procesos de decisión, de implementación y evaluación de toda política pública que los afecte. El 23 de agosto Perú aprobó una ley que reglamenta este derecho, emanado del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, cumpliendo así una de las reivindicaciones prioritarias del movimiento indígena de ese país. No es poco, siendo este un avance concreto en el reconocimiento de los derechos, un hecho relevante a nivel mundial y, al mismo tiempo, la primera gran noticia del flamante gobierno de Ollanta Humala. Tampoco es menor que haya vuelto al recinto legislativo, luego de sufrir un revés en junio de 2010, vetada por García, ya que según su lectura se otorgaba “derecho de veto” a un “pequeño sector” (El Comercio, 23/6/2010).

Constituye un paso para la defensa y promoción de los derechos de los pueblo indígenas, pero como señala AIDESEP, no es conclusivo. Ahora las tintas recaen sobre el organismo técnico que tendrá que llevar adelante este proceso, el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura (Servindi, 24/8/2011). AIDESEP es una de las organizaciones indígenas que ha impulsado fuertemente esta medida, y la hacedora de “el baguazo”.

¿Qué espacios se abren con la asunción de Ollanta? ¿Qué futuro cercano le espera a las reivindicaciones indígenas? ¿Se puede esperar que la consulta sirva para evitar nuevos conflictos? ¿Cuál será el grado de injerencia de los pueblos en las políticas públicas que afecten sus territorios? Por ahora, las organizaciones peruanas reclaman una pronta y adecuada implementación.

NOTAS AL PIE:

[1] El espacio Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su Territorio (PUINAMUDT) está conformado por la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO, integrada por los pueblos Achuar, Quechua y Urarinas), ACODECOSPAT, FEDIQUEP y la Federación de Comunidades Nativas del Kichwas del río Tigre (FECONAT).

FUENTES:

AIDESEP, 25/8/2011: “Pueblos indígenas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón exigen auditoría ambiental independiente”. Ver aquí

Dávila, J. (2010). La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) desde la experiencia del Proyecto Camisea y la Política Energética Nacional. Ver aquí

El Comercio (Alan García), 28/10/2007: “El síndrome del perro del hortelano”. Ver aquí

El Comercio (Alan García), 25/11/2007: “Receta para acabar con el perro del hortelano”. Ver aquí

El Comercio, 23/6/2011: “El Ejecutivo observó ley de consulta previa a pueblos indígenas”. Ver aquí

Expreso (Alan García), 28/6/2009: “A la fe de la inmensa mayoría”. Ver aquí

Mundo Azul, “Derrames de petróleo en Perú”. Disponible aquí

Observatorio Social de América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (2009). Cronología del levantamiento amazónico. En Alimonda, H. et al. [editores] La Amazonía Rebelde (pp. 85-98). Lima: Clacso et al.

Pezo, R. et al. (1992). Determinación de metales pesados bioacumulables en especies ícticas de consumo humano en la Amazonía Peruana. En Guerra Flores et al. [editores] Folia Amazónica Vol. 4 N⁰ 2 (pp. 171-181). Iquitos: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Disponible aquí

Pinto, V. (2009). Los decretos del hortelano y el origen del conflicto con los pueblos amazónicos. En Alimonda, H. et al. [editores] La Amazonía Rebelde (pp. 85-98). Lima: Clacso et al.

Servindi, 24/8/2011: “Aidesep saluda primer paso para reivindicar a los pueblos indígenas”. Ver aquí

MÁS INFORMACIÓN:

Agenda común de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en defensa de sus Territorios (2011). Disponible aquí

Documental “Una muerte en Sion”, que trata sobre los impactos de Pluspetrol en la Amazonía peruana. Disponible aquí

Ley de consulta aprobada 23/8/2011. Disponible aquí

Pluspetrol, el conflicto en el corazón de la amazonía peruana, entrevista a Vladimir Pinto (PDDI) por OPSur. Disponible aquí

Fuente: OPSUR