Perú: ¿Quién protege a los niños de Chiriaco y Morona?

Así lo sostuvieron estudiosos que visitaron la localidad de Chiriaco, en la provincia de Bagua, región Amazonas, donde el 25 de enero se reportó el derrame de cerca de tres mil barriles de petróleo, que en un primer momento fue contenido por la empresa estatal pero que luego, por acción de las lluvias y la falta de un verdadero plan de contingencia, llegó hasta el mismo río Chiriaco, afluente a su vez del río Marañón.

Según el antropólogo Rodrigo Lazo, por lo menos 140 menores de edad de las comunidades awajún de Nazareth y Wachapea, en Bagua, participaron en el recojo del crudo. Para esta tarea, explicó, "los menores usaron instrumentos de cocina, baldecitos y tacitas".

Según informaron los padres, los menores vienen presentando síntomas fuertes de intoxicación, diarreas, nauseas, vómitos y erupciones de piel; y en el centro de salud de la zona no encuentran atención adecuada para estos tipos de males.

Ante lo que viene ocurriendo, Jamner Manihuari, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), exigió durante un plantón de protesta en Lima, que las autoridades competentes se pronuncien claramente, entre ellas el Ministerio de la Mujer, que a la fecha "no ha dicho nada".

David Enrique Roca Basadre, educador y periodista que investiga el tema, fue más allá y cuestionó el papel de dicho ministerio el cual tiene como misión, según se lee en su página web, actuar "a favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores (...), para garantizar el ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia, desprotección y discriminación en el marco de una cultura de paz."

Sin embargo, a la luz de los hechos, nada de esto estaría cumpliendo. "Hay una falta grave del Ministerio de la Mujer que es el ente rector del sistema nacional del niño y el adolescente", aseveró el educador.

Recordó que los derechos de los niños y niñas y adolescentes están sujetos a la Convención sobre los Derechos del Niño, que adoptó las Naciones Unidas y la cual suscribió el Perú.

"El trabajo que han estado haciendo los niños recogiendo petróleo está considerado como trabajo peligroso o trabajo en peores condiciones, eso no debería hacerse. Los funcionarios que han instado a estos niños y adolescentes a recoger petróleo en esos lugares están cometiendo delito", afirmó Roca Basadre en conversación con Servindi.

Seguidamente planteó que "la presidenta de este ente rector, que es la Ministra de la Mujer, debería de oficio denunciar a estos funcionarios".

A la fecha el único ministro que ha llegado a la zona ha sido el de Salud, Aníbal Velásquez. Sin embargo, éste nunca se detuvo a visitar a la población afectada por el derrame.

"El ministro llegó, pero el ministro nunca ha conversado con los pueblos, solamente pasó, llegó con camioneta, ¿por dónde iría? No sé para qué viene acá a Chiriaco", sostuvo al respecto Edwin Montenegro, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (Orpian-P).

En Morona, en el departamento de Loreto, donde se registró un derrame el 3 de febrero, se viviría una situación parecida.

De acuerdo a Marcial Mudarra, presidente de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (Corpi SL), en una inspección realizada a la zona afectada, testigos habrían visto menores de edad participando en el recojo del crudo.

Cabe destacar que para el caso de Chiriaco, en un principio Petroperú negó la participación de menores. Sin embargo, en los últimos días ante las numerosas evidencias tuvo que dar marcha atrás.

"Ningún personal de Petroperú ha controlado que esto no ocurra, ni ha observado ni ha dado ninguna recomendación sobre el agua. Me lo han dicho muchas familias", explicó Rodrigo Lazo en diálogo con Servindi.

Informó además que en breve darán a conocer el nombre de un ingeniero de la empresa estatal que el 9 de febrero fue a las comunidades a ofrecer dinero para limpiar el crudo derramado.

"Lo que hacía este ingeniero era pasearse por la comunidades diciendo que ofrecía 200 soles, en algunos casos 150 soles por cada barril recogido. Lo dijo públicamente, no entregó ninguna medida de seguridad, ni trajes ni respiradores ni nada. Y se fue."

Lazo aclaró además que algunas familias aceptaron el dinero ya que no tenían otro medio para obtener recursos. "Ya de por sí (las familias) estaban afectadas porque no podían comer pescado; en sus chacras había entrado petróleo, entonces 200 soles era algo muy significativo", explicó.

Por su parte, el doctor Fernando Osores Plenge, del Instituto de Defensa Legal (IDL), declaró al programa periodístico Panorama que los menores vienen presentando cuadros de "dermatitis reactiva, producto del contacto con hidrocarburos".

Osores sostuvo que sería muy importante "identificar a los ingenieros que han dicho semejante barbaridad, de que van a pagar 300 soles por el recojo de petróleo a población civil que no está capacitada ni tiene los implementos para protegerse."

Lo cierto hasta el momento, explica Lazo, es que nadie del Estado se ha acercado a las comunidades a brindar atención, recién lo está haciendo la Defensoría del Pueblo. Vale destacar que a diferencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, UNICEF se pronunció hace una semana a favor de la protección de los menores.

Fuente: Servindi