Perú: “La legislación para el despeje busca mercantilizar territorios indígenas”

Se trata de una tendencia mundial que mediante la reforma de leyes forestales busca forzar a las comunidades indígenas a entrar en esquemas de arrendamiento de sus tierras a muy largo plazo, afirmó.

La razón “es que en todas partes los capitales nacionales y trasnacionales presionan para obtener amplios espacios para establecer plantaciones masivas de para la producción de agrocombustibles (tanto en América como en el Sudeste Asiático)” afirmó Barclay.

Tales aseveraciones fueron expuestas durante la presentación del anuario El Mundo Indígena 2009, realizado en Lima el 04 de agosto en el marco de la Feria Internacional del Libro.

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Lea el texto completo de la exposición de la antropóloga y especialista en temas indígenas Frederica Barclay a continuación:

Texto de la expositora Frederica Barclay durante la presentación de El Mundo Indígena 2009

Como todos los años IWGIA, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, ha cumplido con presentar su anuario en inglés y castellano, con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, el de Finlandia y de Norad, la Agencia Noruega para la Cooperación y el Desarrollo que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país. Menciono a estas entidades para que quede claro que la publicación tiene unos auspicios intachables.

En sus 600 y pico páginas el anuario 2009 cubre los acontecimientos y desarrollos del año 2008 relacionados con los pueblos indígenas de los 5 continentes.

La presentación al público en el Perú de estos informes por país y por región tiene esta vez una particular relevancia, por varias razones.

En primer lugar, este año empieza a operar el grupo de trabajo para el Examen Periódico Universal (el llamado EPU) bajo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el cual examinará regularmente a través de un único mecanismo el comportamiento de los países miembros de la ONU en relación con los derechos humanos. Perú entre ellos.

En segundo lugar, este año – precisamente desde ayer – Perú, junto con Chile y Colombia, será examinado por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CEDR) en su 75° periodo de sesiones a realizarse en Ginebra, Suiza.

Pero es sobre todo relevante porque el 2008 ha sido un año en el que el inicio de las protestas indígenas en distintas partes de la Amazonía por la promulgación de una andanada de decretos inconstitucionales e inconsultos hizo tomar conciencia de la existencia de los pueblos indígenas amazónicos y de sus justas demandas para evitar el recorte de sus derechos.

En ese sentido, el anuario Mundo Indígena tiene la virtud de ayudarnos a poner en una perspectiva regional, continental y mundial la situación de los pueblos indígenas en el Perú. En el contexto de las protestas de este año, que por responsabilidad del gobierno tuvieron el trágico final de Bagua, el Ejecutivo no ha cesado de apuntar a la intromisión desde el exterior. Y tiene razón el gobierno en un sentido: Mundo Indígena nos ayuda a comprender el alcance mundial de los conceptos y los derechos que también han postulado los pueblos indígenas amazónicos. Pero no se trata de un complot continental, sino de procesos de reconocimiento y consagración de derechos que han tenido lugar en el seno de diversas instancias del sistema de las Naciones Unidas y la propia Asamblea General.

No es pues que se hayan movido oscuros intereses foráneos para hacer que las comunidades y organizaciones indígenas reclamen la vigencia del Convenio 169 de la OIT y las obligaciones que derivan de éste, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La paradoja de todo esto es que el movimiento indígena amazónico en el Perú ya había sustentado hace más 20 años el concepto central de territorio como traducción uno de los derechos que derivan de su condición de pueblos originarios y han inspirado diversos asuntos en el escenario internacional.

Las demandas indígenas respaldadas por estos procesos internacionales no tienen nada de clandestinas o irregulares. Por lo demás, como ya se sabe, el Perú ratificó la década pasada el convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucional, y participó activamente en el tramo final de la prolongada discusión a favor de la aprobación de la Declaración. Como lo señala esta obra, actualmente la Declaración forma parte del derecho universal de derechos humanos (p. 17).

El anuario nos hace conocer asimismo que cada vez es más frecuente el tratamiento de demandas indígenas en tribunales internacionales y nos informa acerca de los casos en que la Declaración ha sido invocada en sentencias del más alto rango. Al propio gobierno de Estados Unidos de Norteamérica le ha sido señalado que independientemente de su posición en el debate de la Declaración en la ONU, una vez aprobada ésta debe tomarla como guía para interpretar sus obligaciones frente a los pueblos indígenas y como estándar de sus políticas frente a ellos.

No está demás por eso que los diplomáticos peruanos, los miembros del Congreso, los altos funcionarios ministeriales, las autoridades judiciales peruanas y los ciudadanos se familiaricen mejor con este proceso internacional y sus alcances. Para ello, la segunda parte de Mundo Indígena ofrece además una actualización sobre estos procesos internacionales y sus distintos espacios de seguimiento.

El anuario Mundo Indígena puede ser aprovechado de múltiples maneras. En su forma más general es un utilísimo Atlas político que revisa la situación política de las diversas regiones del mundo a propósito del tema de la presentación del estado de protección de los derechos indígenas a la vez que ofrece información sobre las circunstancias de estos pueblos en los distintos países. La calidad y acuciosidad de la información que se presenta refleja la existencia de la vasta red de colaboradores del IWGIA en el mundo. Los didácticos mapas y la información referida a los procesos históricos son particularmente útiles.

Por otra parte, Mundo Indígena ofrece valiosa información acerca de las formas en que diversos estados están adecuando su legislación al Convenio 169 de la OIT y la Declaración. En ese sentido es una herramienta muy útil para quienes deben estar involucrados en las reformas legales que son imperativas en el país. Desde reformas constitucionales (en países como Burundi) hasta cambios en la normas administrativas para asegurar la vigencia de los derechos reconocidos por los instrumentos internacionales y su implementación.

Algunos países y regiones muestran importantes avances en términos del reconocimiento de derechos como el de la autonomía, que reflejan también el mandato de la declaración de la UNESCO sobre Diversidad Cultural que data del año 2002 y que establece que los pueblos deben contar con un marco de libertad cultural que les permita llevar la vida que elijan y que los estados deben brindarles herramientas y oportunidades para ello, incluso si esto significa afirmar el derecho de los pueblos a mantener su situación de aislamiento mientras lo consideren conveniente. O el derecho de los pueblos a organizar su territorio sin verse forzados a replicar los modelos de concentración de población para adecuarse a las formas estatales de provisión de servicios. Este es un tema clave porque mucho del deterioro de las condiciones de vida de los pueblos indígenas en la amazonía está relacionado con el haberse visto forzados a concentrarse en poblados donde la caza, las tierras de buena calidad y el agua limpia se han hecho escasas.

Leemos con sana envidia cómo gobiernos y países como Australia y Canadá han se toman en serio el tema de la reconciliación y han pedido a sus respectivos pueblos indígenas disculpas por las injusticias del pasado y los abusos históricos, mientras en el Perú el gobierno actual regatea la conformación de una comisión para investigar las causas que derivaron en la firme protesta de los pueblos indígenas. Pero no hay que ir tan lejos, en Paraguay también una Comisión de Verdad y Justicia ha llegado a la conclusión de que el Estado tiene responsabilidad en los despojos continuados de tierras que el movimiento indígena había denunciado por décadas, y la tolerancia de prácticas de discriminación violando los derechos a la identidad y la integridad.

Pero Mundo Indígena refleja también una realidad más sombría, el de los continuados abusos, deterioro de derechos y situaciones de desconocimiento de los derechos colectivos.

Y en ese sentido encontramos que la teoría del perro del hortelano y las medidas resultantes no son tan originales como muchos pensaría. En diversos países se han formulado lo que se denomina legislación para el despeje, vía la reforma de leyes forestales, normas para viabilizar la mercantilización de los territorios indígenas o para forzar a las comunidades indígenas a entrar en esquemas de arrendamiento de sus tierras a muy largo plazo. Y es que en todas partes los capitales nacionales y trasnacionales presionan para obtener amplios espacios para establecer plantaciones masivas de para la producción de agrocombustibles (tanto en América como en el Sudeste Asiático).

En más de un caso los gobiernos han declarado abiertamente, como en Colombia, que no se reconocerá ni un metro más de tierra a las comunidades indígenas porque ya tienen suficiente. Y en más de un caso se han dado Decretos expropiatorios de tierras ejidales y comunales

En más de un lugar, como en Venezuela y en Perú, han tenido lugar intentos de reformar la legislación indígena a través de procedimientos de excepción que procuran evitar no sólo la consulta con los propios interesado sino la discusión en los cuerpos legislativos.

Así también, en más de un país se ha alegado la voluntad secesionista de los pueblos indígenas para no demarcar y titular territorios indígenas. Y de la misma manera, en varios países, como en Chile, se ha privilegiado los programas de titulación individual sobre lo comunal y los territorios en los programas de regulación de tierras indígenas.

De la misma manera, los informes de Mundo Indígena nos dejan ver el alcance de las presiones de la minería sobre los territorios indígenas en América, Asia, África y Oceanía. La minería penetra crecientemente en nuevas fronteras provocando la resistencia de los pueblos indígenas. Y en muchos lugares los gobiernos reaccionan criminalizando la protesta, como también en el Perú.

El que en algunos países (el caso extremo de los Peul en Burkina Faso) la violencia ejercida contra los activistas, organizaciones y pueblos indígenas sea más fuerte, más cotidiana o más impune no debe reconfortarnos.

Los informes por país que reporta el Mundo Indígena 2009 nos anticipa también una situación que se intuye en el aire. Como se señala aquí “La venta de servicios ambientales se va convirtiendo en el nuevo paraguas conceptual para justificar la mercantilización de los bosques, y la privatización de servicios y recursos básicos afectando derechos de los pueblos indígenas”. Hay que estar alertas.

Finalmente, hay que saludar la aparición puntual de El Mundo Indígena 2009.

Fuente: Servindi