Perú: Entregan territorio ancestral awajún a empresa minera Afrodita

El “milagro” fue posible gracias a los decretos supremos 054 y 060 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Ambos decretos -emitidos en mayo del 2013- conformaron en su momento el llamado primer “paquetazo ambiental”.

En marzo de 2015, el Poder Judicial declaró nulos los artículos 2 y 6 del decreto 054, los más lesivos para los pueblos indígenas, una vez que cumplieron su función. Estos disponían en los hechos de los territorios de los pueblos originarios en beneficio de actividades extractivas (ver aquí).

Astucia de la empresa:

La empresa no actuó en un solo frente. Si bien desde hace unos meses viene incidiendo sobre el Gobierno Regional de Amazonas para viabilizar sus operaciones, desde mucho antes implementaba una estrategia para que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emita una opinión favorable para iniciar sus operaciones en la concesión llamada Comaina 1.

Vanessa Schaeffer, de la organización CooperAcción, relata lo que vino sucediendo.

Al empezar el texto hablamos de milagro por una razón. Y es que el rechazo indígena a la empresa Afrodita tiene varios años. Su presencia en El Cenepa, en la zona de la Coordillera del Cóndor, data de 1993. Desde entonces intentó operar bajo serios cuestionamientos.

El presente año, alrededor de cien comunidades de las etnias awajún y wampis manifestaron su oposición a la actividad minera en dicha ubicación porque viola su derecho al territorio y a la consulta previa.

Dicho esto, Schaeffer revela que desde hace unos tres años la empresa aplica una nueva estrategia, que finalmente le ha dado los resultados que esperaba.

“Afrodita ha cambiado de escala, se presentó como pequeño productor, con lo que ha logrado simplificar varios de los requisitos ambientales de su operación”, explica.

Según se aprecia en documentos, la empresa a mediados del 2013 inicia los trámites para sus operaciones ante el Gobierno Regional de Amazonas, aprovechando las facilidades que da el gobierno a través del primer “paquetazo ambiental”.

Un año después, el 13 de junio de 2014, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Explotación “Afrodita”, mediante la Resolución Directoral Sectorial Regional Nº 012-2014-G.R.AMAZONAS/DREM.

¿Cómo ocurrió esto?: Decreto supremo 054

Afrodita invocó los beneficios del primer paquetazo ambiental, el decreto 054, y solicitó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) le otorgue la servidumbre sobre un terreno de más de 575 mil metros cuadrados (57 hectáreas), en la zona donde se ubican sus concesiones.

En resumidas cuentas, el artículo 6 de la norma establece servidumbre sobre los terrenos eriazos del Estado para proyectos de inversión. La figura que surge es la siguiente: Afrodita como empresa solicita el terreno necesario para el desarrollo de su proyecto minero a la autoridad sectorial, que en este caso es el GORE de Amazonas.

Acto seguido, el GORE requiere a la SBN el otorgamiento de servidumbres temporales o definitivas sobre predios estatales inscritos o no en el Registro de Predios.

Recibido el pedido, la SBN efectúa el diagnóstico técnico-legal y realiza la entrega provisional del predio, en el plazo no mayor de 15 días hábiles. Esto siempre que el terreno sea de propiedad del Estado, directamente o a través de un GORE o estando a nombre de una entidad pública.

Tras verificar algunos requisitos, la SBN “certificó” -con opiniones del GORE de Amazonas, el MEM y Cofopri- que se trataba de un predio eriazo no catastrado y de propiedad del Estado.

Schaeffer sostiene que “bajo esta premisa y cumpliendo el DS. 054-2013-PCM, la SBN hizo entrega del predio a la empresa para el desarrollo de su proyecto minero.”

La estocada final y necesaria para que las operaciones de Afrodita prosperen se produjo en diciembre de 2014, con la opinión afirmativa del MEM para que ésta opere en su concesión minera. Debía demostrar que su concesión se ubicaba sobre terreo eriazo y así lo hizo.

El talón de Aquiles: ¿terreno eriazo?

Para nada. El 2004 comunidades nativas de las zonas próximas a la Coordillera del Cóndor tenían un acuerdo con el Estado para crear el Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, el cual cubría una amplia franja en la zona de frontera con Ecuador, en superficie de la región Amazonas.

En ese marco, el Estado reconoció el dominio ancestral de las comunidades sobre dicha área pese a que éstas no contaban con títulos.

Cabe indicar que el citado parque iba tener una extensión de 152,873 hectáreas. No obstante, el año 2007, en pleno gobierno de Alan García, desafortunadamente cambiaron las cosas para las comunidades, que veían en la creación del parque una forma de protección ante la amenaza minera. Ese año se creó el parque pero con un área reducida a 88,744 hectáreas.

Justamente, en el área que quedó fuera, se ubican hoy varias concesiones mineras a nombre de particulares y de algunas empresas. Según se puede apreciar en un mapa del 2015 elaborado por el experto Ermeto Tuesta, del Instituto del Bien Común (IBC), allí también se ubican las concesiones Comaina 1 y Comaina 3, ambas de Afrodita.

En conclusión, y tal como argumentaron en su momento una serie de expertos, incluso existe un informe extenso sobre el tema, el terreno sobre el cual se ha ubicado la empresa no es para nada de tipo eriazo (ver aquí).

Servidumbre “provisional”:

Aclarado el punto anterior, uno de los temas que preocupa es el carácter “provisional” de la servidumbre entregada en el marco del mencionado primer paquetazo ambiental, de agilización de trámites administrativos para las inversiones.

Al respecto, CooperAcción ha solicitado información al GORE de Amazonas sin obtener hasta ahora una respuesta.

“Lo cierto en la actualidad es que la titularidad del predio, vía servidumbre, está en manos de Afrodita; con lo que puede empezar a construir sus campamentos y desarrollar su unidad minera, algo que ya estaría haciendo”, sostiene Schaeffer.

¿Cuál será la nueva respuesta de las comunidades?

Frente a esta situación, los líderes y apus de las comunidades solicitaron que se realice un proceso de consulta previa al GORE, entidad que autoriza las medidas.

EL GORE ha respondido señalando que como es terreno eriazo, y como no hay comunidades tituladas, entonces no procede la consulta previa.

“Todo indica que el GORE ya habría otorgado, o lo hará pronto, la servidumbre definitiva a la empresa sobre este territorio”, sentencia la representante de CooperAcción.

En estos momentos organizaciones indígenas de El Cenepa se encuentran reunidas con el fin de tomar nuevas acciones. Han tomado conocimiento de lo que viene ocurriendo hace solo algunas semanas. Esto debido al secretismo de los documentos que sustentan el citado despojo.

Por lo pronto el divisionismo promovido por la empresa ya se viene manifestando. Algunas comunidades de la zona donde opera la empresa se han manifestado a favor de ésta pero todo indica que se trata de posiciones minoritarias y aisladas.

Fuente e imágenes: Servindi