Perú: Agro vs Minería

David y Goliat

El pasado mes de agosto, el enfrentamiento entre comuneros y la fuerza policial que defendía el asentamiento minero de la compañía Majaz (Piura) puso en evidencia ante la opinión pública, la inconformidad de un amplio sector del campesinado con las operaciones realizadas por la gran minera en la zona.

Según información inicial proveniente de los comuneros, siete campesinos habrían sido muertos en el violento suceso, dicha versión fue refutada por la policía que había contabilizado al rondero de la Comunidad de Puján Amado Velasco como única victima mortal. El antagonismo insalvable entre las comunidades y la Empresa Minera Majaz, tiene un largo precedente, el proyecto de explotación no es admitido ya que un porcentaje considerable de la población está convencido que esto acarreará una serie de perjuicios para el agro y la ecología local.

Para el gobierno, la población de dichas localidades es victima de una vil manipulación por parte grupos de izquierda radical. Sin embargo, el problema es más profundo y tiene que ver con la desconfianza que existe en los campesinos respecto a la actividad minera. La suspicacia de las comunidades no es un prejuicio popular infundado, sino una actitud justificada, ya que las grandes empresas mineras parecen ser, en su gran mayoría, agresoras sistemáticas del equilibrio ecológico. Las mineras sostienen ser fuente de empleo, pero resulta cuestionable la situación de muchos de sus trabajadores y lo más alarmante, por su carácter irreversible, es el daño que causan al medio ambiente.

PREVENIR ANTES QUE LAMENTAR

En el Perú podemos apreciar claramente como los intereses mineros se oponen al desarrollo agrícola y ganadero. El conflicto que se presenta en la provincia de Huancabamba (Piura) no es otra cosa que una medida radical de previsión por parte de las comunidades, la motivación de la población es el amplio referente pernicioso con que cuenta la explotación minera.

La minería nos presenta un panorama bastante preocupante, por ejemplo es un hecho innegable que existe una marcada afluencia de ácidos con un alto nivel de metales pesados, los cuales surgen de las plantas sin tratamiento y son vertidos en los cursos de agua (ríos, mares y lagunas). Así mismo, podemos observar el deslizamiento de considerables volúmenes de desmonte de las “canchas de relave”. Sólo para mencionar algunos casos tenemos a la cuenca del Mantaro, del Parcoy, del río Rímac, y no podemos olvidar la gravedad del problema en Puno donde las minas de la Rinconada arrojan sus residuos al Río Ramis. La minería en nuestro país resulta ser la fuente de mayor contaminación acuífera ya que arroja a las corrientes superficiales y subterráneas, gran cantidad de residuos con alta presencia de metales pesados como el cobre, zinc, plomo, cadmio, plata, arsénico, entre otros.

Otro referente reciente del impacto negativo de la explotación minera es el caso de la empresa estadounidense Newmont la cual frustró un proyecto agrícola en Lambayeque, debido a la contaminación del río Llaucano (el cual abastece al valle de Chancay – Lambayeque). Por dicho motivo no será posible iniciar las obras de un proyecto de irrigación que hubiera beneficiado a los agricultores del lugar. Los expertos afirman que los relaves de las minas en Cajamarca han contribuido a la contaminación del Llaucano, lo que obligará a trabajar en métodos de impermeabilización para contener el proceso.

Otro lamentable efecto de la explotación minera es que arrasa con el orden de social y la dinámica de producción mantenida por las comunidades campesinas. Los que abogan por la indiscriminada explotación de metales aducen que en ella se encuentra el camino del progreso, califican de retrograda cualquier opinión contraria, los que toman partido por la causa de las poderosas transnacionales mineras olvidan el carácter predominantemente agrario del Perú y que la pobreza del campo se debe a la negación histórica, por parte de la clase gobernante, de los derechos de las comunidades campesinas.

La oposición a la gran minería por parte de la población no se debe únicamente a que es fuente de riqueza y poder político de un grupo reducido de individuos, sino que trasciende a la misma naturaleza de esta actividad, ya que también la pequeña y mediana minería constituyen un grave atentado ecológico, esto se puede apreciar en el Lago Junín, en la cuenca del río Mantaro y en el Lago Titicaca. Así también en el proceso de extracción de oro se vierten grandes cantidades de mercurio a las aguas, este caso se presenta en los departamentos Puno y Madre de Dios.

Indudablemente, la minería como fuente importante de riqueza de un pueblo debe ser manejada con extremo cuidado debido a su potencial carácter pernicioso para el medio ambiente. Este manejo debe considerar criterios de beneficio social y no de lucro, ya que justamente el lucro como parámetro de la empresa privada, es la causa fundamental de la agresión perpetrada contra el agro y el medio ambiente.

La Lucha Campesina

Las investigaciones son contundentes, pero más determinantes que las evidencias científicas son los hechos concretos y las consecuencias plausibles en la merma de los cultivos y producción ganadera. El impacto directo que sufren las comunidades, las impulsan a organizarse y oponerse al enorme poder de las empresas mineras. El poder económico de estas transnacionales se traduce políticamente por ello muchas veces su lucha no es considerada como legal por el gobierno.

La lucha del campesinado y la población en general, hoy más que nunca se torna determinante, ante la inminencia de la firma del Tratado de Libre Comercio ya que las corporaciones internacionales y los países industrializados suelen imponer a las más pobres sus prioridades económicas. En ese sentido, es innegable que existen agrupaciones políticas que desfiguran la lucha campesina para satisfacer sus anhelos de poder. Los partidos de la izquierda burguesa revisionista hacen uso indiscriminado de argumentos seudo socialistas, nacionalistas y hasta étnicos, para venderles un falso sustento teórico a las masas ansiosas de un camino, de un norte. Esta izquierda hoy pretende hacernos creer que la reivindicación popular consta en oponerse a la globalización económica con la esperanza de detenerla y revertirla, no debemos olvidar que el desarrollo histórico no admite semejante falsedad. La oposición a los perjuicios y los crímenes que surgen como consecuencia de la globalización, es una lucha popular innegable e ineludible, pero la cuestión es más compleja, ya que detener el proceso de desarrollo del capital es una utopía, más aun si consideramos que dicho desarrollo finalmente condiciona la existencia de su contraparte: el socialismo.

El Caso Majaz

La empresa Minera Majaz es una de las seis filiales de la corporación británica Monterrico Metals, con sede en Londres, la cual opera exclusivamente en yacimientos del Perú, y desde hace más de cuatro años realiza trabajos de exploración en Piura. Su objetivo es ubicar un presunto yacimiento de más de 1,000 millones de toneladas de cobre, de hallarlo iniciaría una explotación continua por más de 40 años. Según proyecciones de la propia empresa la inversión necesaria para su cometido supera los 800 millones de dólares.

La medida de fuerza por parte de las comunidades de la zona se debe al potencial daño sobre la importante reserva acuífera donde nacen los ríos Quiroz y Blanco. Estos dos ríos son de un carácter vital para abastecer a las comunidades de la vertiente del océano Pacífico y de la vertiente oriental de la Amazonia.

El miércoles 3 de agosto del año en curso la ciudad de San Ignacio experimentó profunda preocupación debido a que algunos líderes ronderos afirmaban que en los alrededores del campamento de la empresa Minera Majaz, se encontraban varios comuneros muertos, como consecuencia del enfrentamiento de la ronda campesina con la Policía Nacional.

Múltiples personajes entre ellos Ramiro Ibáñez, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba aseguran que durante el enfrentamiento del martes 2 de agosto, los ronderos campesinos fueron reprimidos brutalmente por la policía. No se puede poner en tela de juicio el accionar marcadamente violento de los comuneros, sin embargo, ya hemos analizado que el antagonismo minería – agricultura es un fenómeno bien conocido y documentado, de lo cual concluimos que el mayor responsable es el gobierno ya que ignoró por completo las demandas populares.

Al respecto Miguel Palacín, representante de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), manifestó que con la violenta represión policial se había puesto en peligro la integridad física de los comuneros ya que además de sufrir el impacto directo de la fuerza policial fueron obligados a huir por escarpadas quebradas.

La Posición Gubernamental

Según el viceministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, los campesinos heridos fueron atendidos en la Posta Médica del campamento Henry Hills y en vista que sus heridas no eran de consideración fueron dejados en libertad. La versión de Mucho no es más que una flagrante mentira ya que uno de los heridos falleció minutos después en manos de los comuneros, justamente por falta de atención médica oportuna.

Un hecho de suma gravedad es la comprobada restricción de auxilio médico para las victimas en el pueblo de “El Carmen de la Frontera”, ya que el propio Director Regional de Salud de Piura, doctor Manuel Girón, confirmó que por órdenes del Gobierno Central se dispuso, cinco días antes (29 de Julio) la evacuación del personal de salud y el cierre de la Posta Médica del distrito.

El viceministro de Energía y Minas Rómulo Mucho fue atacado por algunos ronderos en San Ignacio, cuando salía de una reunión en la que se formó una Comisión de verificación del incidente. Posteriormente el Ministro Mucho justificó cualquier accionar represivo de la policía con el razonamiento simplista al que ya nos tienen acostumbrados nuestros gobernantes: “… ahora Policía Nacional tiene que cumplir su deber”

Guerra avisada…

El conflicto de la población con la minería en el caso específico de la Minera Majaz no es nada reciente, ya que desde que la empresa inició sus actividades miembros de las comunidades organizadas se han manifestado reiteradamente. Incluso el enfrentamiento ya se podía avizorar con claridad cuando el 25 de julio más 1,000 comuneros realizaron una marcha con destino a los campamentos de exploración ubicados en la parte alta de Piura. El día 28 se sumaron a la marcha 1,500 campesinos provenientes de las poblaciones más cercanas a los campamentos. En este ambiente de agitación popular, se produjo el primer enfrentamiento violento con la fuerza policial el domingo 31 de julio. En esa oportunidad los campesinos fueron repelidos con gases lacrimógenos.

Nuevos y más violentos enfrentamientos tuvieron lugar los días lunes y martes siguientes, esta vez la policía hizo uso de armas de fuego, según testigos los disparos efectuados por los efectivos fueron hechos de manera irresponsable, algunos miembros de las comunidades campesinas aseguraron que en esta ocasión habrían caído abatidos siete ronderos.

Según la versión del corresponsal de Radio Cutivalú (Jaén) Julio Vásquez, los campesinos ingresaron al campamento a las seis de la mañana, la presencia de una densa neblina hizo posible que evadieran la vigilancia policial. Algunos ronderos estaban provistos de escopetas, pero la mayoría de ellos solo contaban con hondas, garrotes e instrumentos de labranza, mientras que los efectivos policiales, pertenecientes a la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) estaban dotados de fusiles AKM, granadas de guerra y disparadores de bombas lacrimógenas. La represión policial fue brutal, el combate se prolongó hasta la una de la tarde, la férrea convicción de lucha así como el conocimiento del terreno fueron factores que favorecieron la resistencia campesina, pero la ventaja en armamento de la Policía hubo de imponerse.

El viceministro Mucho, pasando por alto las exigencias populares sostuvo de manera desafiante que la exploración minera no se detendría por considerarla positiva. El caso Majaz es sólo uno de los 27 conflictos surgidos del antagonismo existente entre los intereses de la comunidad y las condiciones de explotación de las empresas en el país, más de la mitad de estos conflictos se deben a denuncias por contaminación ambiental.
El Estado se muestra partidario de toda explotación minera, ya que es una fuente importante de recaudación. Para la obtención de este beneficio monetario no se hace necesario ningún tipo de inversión, ni elaboración de proyección social a futuro, tan solo se dispone del subsuelo y sus recursos fácilmente. Unos 4,500 millones de dólares es decir el 50% de las exportaciones provienen de la minería, es decir, gracias a esta actividad el Estado peruano puede seguir solventando sus gastos dándose el lujo de continuar postergando las demandas del campesinado.

Publicado en ZONA X Revista Informativa y de Opinión
moc.liamtoh@x_anoz_otcatnoc, Lima - Perú
Año 1 - Número 03 - Página 4

Fuente: Indymedia Perú