Perder 24 arbitrajes le costaría 14.000 millones de dólares a Ecuador

El 41% del Presupuesto General del Estado (PGE) de Ecuador ($ 34.097 millones en 2015, restados los $2.220 millones tras el reajuste de enero y agosto pasado) resultaría afectado si el país pierde las 24 demandas presentadas por empresas extranjeras que operaron en el país, al amparo de los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI).

Según datos preliminares de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), $ 14.000 millones suman las demandas actuales de arbitraje contra Ecuador, por parte de supuestas empresas afectadas por la terminación unilateral de contratos.

Entre las compañías emblemáticas que han demandado al Estado constan las estadounidenses Chevron (ex-Texaco), que en 2 demandas aspira a recabar $ 9.606 millones; y la también petrolera OXY que aspira a $ 2.500 millones.

En el “Análisis de políticas públicas para la construcción del buen vivir”, los expertos Andrés Aráuz (actual Ministro de Talento Humano), Adrián Cornejo y Rommel Tejada, en el capítulo titulado ‘Consecuencias del arbitraje promovido por la compañía OXY’, señalan que la ratificación del fallo en favor de esa multinacional, significaría una “seria amenaza para las políticas de desarrollo nacional”.

Piedad Mancero, una de las integrantes de la Caitisa, en declaraciones a El Telégrafo y al referirse a la suma total que le tocaría pagar al Estado por conceptos de demandas basadas en los TBI, alertó: “Estos $ 14 mil millones que están pendientes son impagables, eso implicaría destinar una gran parte de los presupuestos de varios años y dejar de invertir, construir y ejecutar programas sociales. Pero más allá de los TBI, el país ha sufrido por la presencia de transnacionales y los cambios de legislación a su favor”.

La Caitisa se creó el 6 de mayo de 2013 mediante Decreto 1506, para estudiar el proceso de negociación de TBI y otros acuerdos de inversión suscritos por Ecuador, así como para establecer la validez y pertinencia de los procedimientos, actuaciones y decisiones emitidos por los órganos y jurisdicciones que son parte del sistema de arbitraje internacional en materia de inversiones.

La última de las notificaciones de arbitraje contra el Estado la entabló el ‘Consorcio GLP’ de España, el 1 de julio pasado, pese a que -según FLOPEC-, hubo incumplimiento del contratista dentro del plazo estipulado y porque el valor de las multas superaron el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Sixto fue el que más firmó:

Según datos de la Caitisa y de acuerdo a lo publicado por la prensa, solo en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik (1992) se firmaron 17 tratados, en su mayoría con EE.UU. (ver gráfico).

En el caso de OXY, por ejemplo, se integró directamente al negocio petrolero gracias a que en 1993, en el gobierno de Sixto (ex-PSC y Unidad Republicana) se reformó la Ley de Hidrocarburos. Allí se estableció la nueva figura de los contratos de participación, a través de la cual las inversiones, costos y gastos de exploración y explotación del crudo eran asumidos por la contratista a cambio de una participación en los volúmenes de petróleo extraído.

Además, el 21 de enero de 1999, OXY y el Gobierno de Jamil Mahuad (ex-DP) celebraron un Contrato de Participación para explorar y explotar petróleo en el Bloque 15.

Ya para finales de 2005, la OXY se beneficiaba de los réditos del 70% del petróleo extraído del Bloque 15, mientras que el Estado ecuatoriano apenas un 30%.

Inmediatamente suscrito el contrato de participación, OXY empezó a buscar métodos para financiar la expansión de operaciones en Ecuador. Entonces suscribió un acuerdo denominado ‘Farmout’ con la empresa de origen canadiense Alberta Energy Corporation Ltda. (AEC), mediante el cual esta última adquiere una participación de acciones del 40% en el Bloque 15, a cambio de ciertas aportaciones para financiar el desarrollo y explotación del campo.

Ese hecho (acuerdo entre OXY y AEC) nunca fue comunicado formal y legalmente al Estado ecuatoriano, pese a que se estipulaba en la Ley de Hidrocarburos vigente en esa época que toda cesión de derechos realizada por una contratista del Estado (en este caso la compañía estadounidense) en favor de un tercero (la compañía canadiense) debía ser autorizada de forma previa por el Ministerio de Energía y Minas.

La falta de esa autorización se sancionaba con la caducidad del contrato, o sea, con la terminación unilateral y el consecuente traspaso de los activos usados en la explotación del Bloque 15 hacia el Estado, como efectivamente ocurrió.

En 2002, la OXY interpuso un primer arbitraje de inversiones (denominado OXY I o “IVA petrolero”) en contra de Ecuador, amparándose en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) EE.UU. - Ecuador.

La Corte de Arbitraje Internacional de Londres, que conoció el caso, en un polémico fallo decidió que Ecuador actuó de manera “discriminatoria” contra OXY. Por ello, condenó al país a reembolsar el IVA, intereses y costas legales. El proceso arbitral que condujo a esa sentencia se efectuó en medio de presiones de Washington, que hoy recién se revelan gracias a las filtraciones diplomáticas de la Embajada estadounidense en Ecuador.

La delegación condicionó el acceso del país a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (Atpdea, por sus siglas en inglés).

Fuente: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)