Paramilitarización del Paraguay: las Guardias Ciudadanas aterrorizan a la población campesina

Serapio Villasboa Cabrera desapareció el día 28 de abril, fue visto por última vez en una cancha de vóley por la noche en su comunidad, barrio El Paraíso. Diez días más tarde su cuerp fue encontrado sin vida en el interior de un monte, aproximadamente a 400 metros de su domicilio. Según la autopsia realizada, Serapio Villasboa fue asesinado brutalmente el mismo día de su desaparición con 11 puñaladas. En su cuerpo dejaron clavado el puñal con que lo mataron.

Según informó el Grupo de Reflexión Rural (GRR), este sería un nuevo caso de homicidio de un campesino, a manos de civiles armados organizados en las autodenominadas Guardias Ciudadanas. Estas organizaciones paramilitares están creando zozobra y amedrentando a la población en diversas zonas del país. En los últimos meses estos grupos, que se calcula pueden llegar estar conformados por 13 mil individuos entrenados y armados, mataron aproximadamente a 10 campesinos solamente en la región de San Pedro.

Las prácticas ilegales de estas Guardias Ciudadanas incluyen allanamientos, torturas y detenciones hacia quienes no aceptan el nuevo orden ilegal que imponen por el terror y la violencia.
La Guardia Ciudadana, que trabaja con la anuencia del ministro del interior, esta ligada a latifundistas y sojeros. Su principal objetivo es perseguir a dirigentes campesinos. La excusa de estas bandas armadas para ejercer apremios ilegales, es dar una respuesta a la creciente violencia y criminalidad en Asunción debido a la creciente expulsión de campesinos de sus tierras.

Se estima que la soja avanza 250 mil hectáreas por año en Paraguay, causando la expulsión de 90 mil familias campesinas que se asientan en los cinturones de pobreza de diferentes ciudades. Frente a la creciente indigencia generalizada, el gobierno recurre a la necesidad de incrementar las fuerzas policiales en la capital y justifica una creciente estrategia de paramilitarización de grupos civiles controlados por los poderes políticos locales en las zonas campesinas.

La familia Villasboa, apoyada por el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), denuncia en el caso de Serapio Villasboa la falta de interés por parte de las autoridades locales en investigar y encontrar a los culpables de este asesinato. La fiscal, pocos días después del hallazgo del cuerpo, liberó rápidamente a los supuestos responsables. Hasta la fecha no hay respuesta alguna por parte de la “justicia”, no hay detenidos ni imputados por el caso. Por otra parte, el propio hermano de la víctima, Nicomedes Villasboa fue amenazado de ser victima de una muerte aún más cruel que la de su hermano.
Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja, con dos millones de hectáreas -64 por ciento de la superficie agrícola- dedicadas a este monocultivo, para agravar la situación el gobierno respalda la idea de expandir aún más el modelo sojero. Los monocultivos industriales de soja son una de las principales causas de violencia y empobrecimiento de las comunidades rurales del Cono Sur de Latinoamérica. La resistencia al modelo de la soja se constituyó así como un ámbito de los Derechos Humanos.

El GRR solicitó el envío de observadores de Derechos Humanos a Paraguay para monitorear la situación que esta sufriendo la población y cuestionar el comportamiento del Gobierno de Nicanor Duarte Frutos.

El MCP solicita asimismo apoyo a las organizaciones internacionales para lograr detener la actual represión sobre las comunidades rurales. Este movimiento planifica realizar movilizaciones el 14 de junio para lograr destituir a la fiscal que esta a cargo del caso de Serapio Villasboa. (28|05|2006, Por la Redacción de APM). Fuente: APM

Carta del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) al Pdte. de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

Asunción, 10 de mayo de 2006

DR. NICOLÁS MORÍNIGO
Pdte. de la Comisión de Derechos Humanos del Senado
Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a los demás Miembros de la Comisión de Derechos Humanos, en representación del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) a fin de presentar otra nueva y grave denuncia de asesinato del compañero campesino SERAPIO VILLASBOA CABRERA, de 35 años, padre de seis hijos, domiciliado en vida en el Barrio El Paraíso, distrito de Obligado, departamento de Itapúa.

A continuación exponemos sobre el hecho criminal ocurrido: SERAPIO VILLASBOA CABRERA, desapareció desde el día 28 de abril -fue visto por última vez en una cancha de vóley, aproximadamente a las 21hs-, siendo encontrado el cuerpo sin vida el 8 de mayo 20 metros en el interior de un monte, aproximadamente a 400 metros de su domicilio, en el barrio El Paraíso.

Según la autopsia realizada, Serapio Villasboa fue asesinado brutalmente el mismo día de su desaparición con 11 puñaladas, dejándose en su cuerpo el puñal.

A partir de la desaparición se realizó la búsqueda, por parte de los familiares y amigos, además de rastrillajes de la policía. Un vecino del lugar, alertado por los malos olores y presencia de cuervos en la zona, comunicó a la comisaría, procediendo a una intervención, hallándose el cuerpo sin vida y en estado de putrefacción del compañero SERAPIO VILLASBOA, siendo identificado prácticamente por la vestimenta.

A raíz de la denuncia la de desaparición, realizada por el padre de la víctima y posterior hallazgo del cuerpo sin vida, fueron detenidas 7 personas en calidad de sospechosas, sin embargo todos fueron liberados rápidamente por la fiscala Olga Wilma Araujo, quién en todo momento se negó a dar la orden de detención a la comisaría encargada de la investigación. Luego de ser liberados estos sospechosos del asesinato de Serapio Villasboa, amenazan nuevamente al hermano de la víctima Nicomedes Villasboa con una muerte aún más criminal.

Según testimonio de la familia, la fiscala manifestó su negación a realizar más procedimientos en pos del esclarecimiento y detención de los sospechosos, aludiendo que la familia Villasboa busca únicamente beneficios económicos a raíz de la muerte de uno de sus integrantes; refiriéndose al caso de Silvino Talavera Villasboa, muerto a consecuencia de los agrotóxicos, llevado a juicio oral y público a en el año 2004 y 2005. Consideramos nosotros, como organización, que esta justificación de parte de la fiscalía es un golpe más para la familia, quienes ya tienen que soportar la inesperada y terrible muerte de uno sus miembros, padre de seis hijos y sostén de su familia.

Por todo lo expuesto y ante la grave situación, solicitamos la urgente intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Nacional, a fin de poner término a esta situación de salvajismo y criminalidad cometidos y sin ánimo de esclarecer por parte de las autoridades pertinentes, encargados de investigar y juzgar, quienes nada no han hecho hasta este momento a pesar de la gravísima y alevoso asesinato que ha sufrido nuestro compañero, quienes por ser pobre no se ha hecho nada al respecto.

Consideramos que es responsabilidad también de ustedes, Miembros de la Comisión de Derechos Humanos, velar por los Derechos Humanos y la Seguridad de los ciudadanos, por lo que consideramos que mediante la intervención de ustedes, estos personajes -quienes cometen delitos y barbaries- ya deberían estar en la cárcel de Tacumbú.

Roha’arô pehecha pya’emi mb’épa ikatu pejapo tapicha oikóva kyhyjepópe upe távape rehe.

Esperando una rápida acción como respuesta, lo saludo atentamente.

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Fermín Bobadilla
Secretario General - MCP

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