Paraguay: las semillas de la discordia

El 6 de agosto, el Ministerio Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay sancionó el uso de semillas genéticamente modificadas de maíz VT Triple Pro producidas por la multinacional Monsanto, con sede en EE.UU. Numerosas organizaciones campesinas han manifestado su oposición a la decisión, a la que ven como “un ataque directo a la cultura campesina y la soberanía alimentaria”.

Lo más probable es que esta decisión tenga un impacto desproporcionado sobre los pequeños agricultores, quienes en el pasado se han visto afectados por la expansión de las plantaciones de soja transgénica. Tomas Zaya, dirigente campesino de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná, en declaraciones a la organización no gubernamental Base Investigaciones Sociales mencionó que los agricultores han expresado su preocupación por la posible contaminación genética de semillas de maíz nacional y las consecuencias sobre la salud que el consumo de maíz transgénico puede acarrear

Uno de los aspectos más preocupantes son los efectos y el impacto que esta decisión podría tener en la economía, cultura y estilo de vida del campesinado y las poblaciones indígenas. Según Magui Balbuena, miembro de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), “lo que estamos viendo en Paraguay es una crisis severa del sector rural con un deterioro del nivel de vida de los pequeños productores. El uso de semillas modificadas genéticamente se traduce en la destrucción de la cultura campesina y en una progresiva pérdida de nuestra independencia alimentaria”.

CONAMURI es una organización de base que promueve técnicas agrícolas alternativas y soberanía alimentaria. Balbuena añadió: “la soja transgénica se encuentra en el centro de muchos problemas sociales y ambientales en el país, tales como la deforestación, la destrucción del medio ambiente, el desempleo y la concentración desproporcionada de propiedad en mano de algunos pocos, lo que ha llevado al paulatino desplazamiento de los campesinos e indígenas ”

Nadie sabe hasta qué punto la decisión podría agravar el ya grave problema de desigualdad en la distribución de tierras en el Paraguay. El país tiene uno de los peores índices, incluso para los estándares sudamericanos, en cuanto a distribución de tierra: 2,5% de la población posee el 85% de la tierra.

La larga lucha campesina contra los transgénicos

La lucha contra los transgénicos es una disputa larga trayectoria en Paraguay. Muchos afirman que la misma es uno de los factores que provocó la caída del gobierno de Fernando Lugo.

Lugo trató de un modo u otro de limitar el uso de semillas transgénicas. Monsanto tenía planes de introducir semillas transgénicas, pero bajo la administración de Lugo el Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) se negó a aprobar el uso de dichas semillas debido a la falta de aprobación por parte de los Ministerios de Salud y Medio Ambiente, lo cual es exigido por ley.

La negativa desató una guerra mediática, encabezada por ABC Color – un periódico local con estrechos vínculos con Monsanto a través de la Unión de Gremios de Producción (UPG) – contra los funcionarios que se negaron a aprobar las semillas de Monsanto: la ministra de salud Esperanza Martínez, el ministro de medio ambiente Oscar Rivas y el jefe del SENAVE, Miguel Lovera.

Mientras que los grandes terratenientes favorecían la aprobación de la utilización de las semillas de Monsanto, las organizaciones campesinas se manifestaron frecuentemente en contra de la aprobación de las mismas. La UGP preparaba una manifestación contra Lugo el 25 de junio a fin de presionar la ‘liberalización’ de semillas genéticamente modificadas. Pero la manifestación nunca ocurrió. La masacre de Curuguaty se produjo el 15 de junio y el 22 de junio, Lugo fue destituido.

En 2011, Monsanto generó 30 millones de dólares en ganancias que no pagan impuestos en el país. Aproximadamente tres millones de hectáreas de soja transgénica son cultivadas en Paraguay, produciendo 7 millones de toneladas en 2010. Según la Red de Organizaciones Ambientalistas del Paraguay, se sospecha que Monsanto también se encuentra detrás de la aprobación de un proyecto de ley sobre bioseguridad, presentado en agosto de 2011, que incluye la creación de un nuevo Director de Bioseguridad en el Ministerio de Agricultura, con autoridad para aprobar semillas transgénicas para su cultivo comercial.

El deterioro de la situación política en Paraguay, la cual finalmente desencadenó en la destitución de Fernando Lugo, dio paso al nuevo gobierno de Federico Franco. Franco era conocido por favorecer a solicitud de Monsanto en el levantamiento a las restricciones a la siembra de semillas transgénicas en el país. Poco después de asumir la presidencia, Franco designó a Jaime Ayala, un alto ejecutivo de una empresa de agroquímicos, como jefe del SENAVE. Ayala, a su vez, inmediatamente añadió las semillas Bollgard de Monsanto en el registro nacional de variedades vegetales, sin pasar por los estudios completos requeridos por ley. El gobierno de Lugo había denegado los permisos para la utilización de las semillas de maíz y algodón por motivos de salud y riesgos ambientales.

Las organizaciones campesinas han respondido a las políticas del nuevo gobierno con el lanzamiento de la campaña “Operación Monsanto”. La campaña condena el aumento excesivo en el suministro de semillas genéticamente modificadas y herbicidas, los cuales son considerados desastrosos para la tierra y la salud de los agricultores. A mediados de agosto, el grupo Anonymous Paraguay atacó los sitios web de las instituciones nacionales que colaboran con la multinacional. El movimiento aclaró que Operación Monsanto es la primera respuesta a la decisión del gobierno de aumentar el uso de semillas transgénicas de maíz y algodón, principales cultivos en la agricultura paraguaya. De acuerdo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Paraguay cultiva 50.000 hectáreas de algodón y 995.000 hectáreas de maíz por año.

La gran pregunta es ¿cuánto tiempo podrán estas organizaciones resistir? Las mismas han presentado una denuncia contra el nombramiento de Ayala debido a conflicto de intereses y prometieron continuar con sus protestas. Mientras tanto, la batalla contra las semillas transgénicas en Paraguay todavía se libra en el campo.

Claudia Pompa es paraguaya, y consultora con extensa experiencia en desarrollo y análisis de riesgo político. Ha trabajo para varias organizaciones internacionales y compañías consultoras en Asia, América Latina, y el Medio Oriente. Es egresada de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. con una Maestría en Servicio Exterior.

Fuente: Programa de las Américas