Paraguay: OLT alerta ante inminente desalojo de familias campesinas sin tierra en Canindeyú

Ante esta situación desde la organización expresamos y denunciamos los siguientes:

En las últimas dos semanas la comunidad fue amedrentada por la incursión y sobrevuelo de helicópteros de la policía nacional. Creemos que dichas incursiones ya forman parte del plan de desalojo que tiene el gobierno de Cartes para las 330 familias del Asentamiento, ya que hasta el momento no se han preocupado por resolver el problema del acceso a la tierra para las familias sin tierras, desde las instituciones del Estado.

De realizarse un desalojo, responsabilizamos al Gobierno Nacional de cualquier situación de violencia que se genere y de las pérdidas para las familias, incluso el acceso a su derecho a la alimentación, ya que en el lugar se cuenta con 800 has. de chacras con producción de alimentos y 300 has. con producción de renta y muchos animales domésticos, además de Escuela y puentes que fueron construidos por las familias, sin el apoyo de las instituciones correspondientes del Estado, y las casas que en desalojos anteriores fueron quemados y tuvo que ser reconstruidos por las familias.

Recordamos a los tres poderes del Estado, que su obligación es garantizar el acceso a los derechos básicos para toda la ciudadanía. El derecho a la tierra está en nuestra Constitución Nacional y debe ser garantizada y respetada por las instituciones del Estado para las familias campesinas.

EL DESALOJO NO DEBE SER EJECUTADO PORQUE NO RESUELVE EL PROBLEMA REAL DE LAS FAMILIAS SIN TIERRAS DEL ASENTAMIENTO 1RO. DE MARZO. ESAS TIERRAS SON MALHABIDAS Y DEBE SER EXPROPIADA Y ENTREGADA A LOS VERDADEROS SUJETOS DE LA REFORMA AGRARIA.

A la ciudadanía en general a nivel nacional e internacional le pedimos estar en alerta, ante la violencia que el Gobierno ofrece a las necesidades del campesinado y multiplicar las denuncias contra estas violaciones los derechos básicos de las familias campesinas.

Llamamos a la solidaridad con las familias amenazadas a todos los sectores sociales y populares.

¡Por la defensa y recuperación del territorio campesino, para la soberanía alimentaria!

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA OLT

Contactos:

- Diosnel Sachelaridi 0982 -273032

- Esteban Irala 0982 -603686

Resumen del caso:

En el ASENTAMIENTO 1RO. DE MARZO, del Distrito de Yvyrarovana, Departamento de Canindeyú, viven 330 familias. Hace cinco años que gestionan y reclaman un pedazo de tierra para vivir dignamente, producir sus propios alimentos y así construir un futuro para sus hijos e hijas.

Las tierras que reclaman son malhabidas, el IBR (ahora INDERT) se las adjudicó como "sujeto" de la reforma agraria a una empresa mercantil.

Desde diciembre del 2014 se encuentra en el Parlamento Nacional un proyecto de expropiación, que hasta hoy no tiene avances.

En los años de lucha, las familias de 1ro de Marzo – JOAJU sufrieron:

- Tres desalojos violentos.

- Dos atropellos de matones que hirieron a una persona, quemaron viviendas y se llevaron sus animales.

- 30 miembros (mujeres y hombres), entre ellos toda la dirigencia, fueron imputados.

Sin embargo, siguen construyendo futuro comunitariamente, sin ninguna asistencia del Estado:

- Tienen una escuela para los 250 niños y niñas.

- Electrificación.

- Un almacén comunitario.

- Radio comunitaria.

Información del inmueble:

El inmueble en conflicto, tiene una superficie de 4.499 hectáreas es de origen fiscal y ha sido adjudicado ilegalmente a la firma Perfecta S.A.M.I en permuta, por el Instituto de Bienestar Rural (IBR), por Resolución Nº 668 de fecha 11 de junio de 1969, del Consejo del Instituto de Bienestar Rural (IBR), por medio de la cual "Adjudica a Perfecta S.A. 4.499 hectáreas tres mil doscientos cincuenta y siete metros cuadrados, tres mil setenta y ocho centímetros cuadrados".

A cambio de dicho inmueble el Señor Enrique Bendlin Loppacher (Padre del actual Director del Grupo Perfecta, Rainer Bendlin), "Transfiere a favor del IBR un avión Marca META-SOKOLL-L 403", propiedad de Perfecta S.A. "Las partes avalúan: El avión en la suma de 3 millones de guaraníes; y la propiedad en 3 millones de guaraníes". La resolución del INDERT lleva la firma de Juan Manuel Frutos.

Fuente y foto: CLOC - Vía Campesina