Paraguay: Despojo y violencia son correlación del agronegocio
Durante tres días, la comunidad indígena en Itakyry del pueblo avá guaraní (Alto Paraná), resistió violentos atropellos en un intento de desalojo. El problema de la superposición de títulos de comunidades consideradas ancestrales en Paraguay.
Hace una semana, 12 hombres armados, invadieron la comunidad, quemaron las casas, las plantaciones de banana y la escuela de la comunidad.
La firma Alcoholes del Paraguay SA (INPASA) en complicidad de los propios caciques de varias comunidades de Itakyry, organizan y promueven la agresión. Existen documentos, incluso notariados, con el nombre y firma de los caciques, donde reconocen que el predio le corresponde a la empresa y no así a los indígenas, así como una conformidad de traslado, que no fue consultado con las familias y que por tanto, no aceptaron.
Al segundo día, las 15 familias reunidas, nuevamente sufren otro atropello, las obligan a refugiarse a casi un kilómetro de sus tierras, y había varias motos amedrentándolos.
Se llevaron todo lo que quedaba de la escuela, incluyendo el generador eléctrico que abastecían las casas. Al tercer día, no conformes con las agresiones y destrozos, los invasores organizaron una carne a la parrilla y bebieron cerveza incluyendo a agentes policiales.
Lejos de la zona de la agresión, los indígenas vuelven a empezar, levantando sus casas. Si bien hace décadas esa zona era un bosque, ahora está deforestada y los caciques alquilaban las tierras a las empresas y grandes agricultores brasileros.
Recién al cuarto día, apareció el Ministerio y el Instituto Nacional del Indígena (INDI). Los fiscales Alfredo Acosta y Víctor Santander imputaron a cuatro personas que ordenaron el atropello, Marcos Torales, abogado que aparece en litigios judiciales por tierras- su hijo, Javier Torales; el dirigente campesino Ismael Barrios –al parecer contratado- y Roberto de Souza André, gerente de INPASA, empresa que niega su participación.
El INDI llevó insumos para volver a levantar las chozas y víveres. Sin embargo, el litigio, basado en los documentos que los caciques observados y señalados como “negociadores” por las familias indígenas tiene su efecto a nivel legal.
Estos hechos, lamentablemente, ejemplifican una vez más, la consecuencia de la opción que el Estado de Paraguay asume respecto al agronegocio, la soja y su posicionamiento respecto al modelo de producción.
Paraguay se ubica en el sexto lugar, luego de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e India, en la producción de soja. Estos seis países juntan 91% de la superficie mundial con cultivos transgénicos, cuyo avance es de 110 veces a nivel global en tan solo 21 años de comercialización, es decir, 185.1 millones de hectáreas de tierra, que es correlativa a la violencia, agresión y despojo de tierras indígenas y campesinas en todos estos países.