Paraguay: Coordinadora de Derechos Humanos exige investigación de delitos contra campesinos

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País Paraguay

"Exigimos a las distintas instancias gubernamentales y del Estado, a quienes les compete por obligación la responsabilidad de impulsar la debida investigación que conduzca a dilucidar y establecer verdad y justicia, y no la habitual impunidad, olvido o distorsión con que se suele dar respuesta a estos hechos”, reivindica la CODEHUPY.

El número de campesinos asesinados como consecuencia del conflicto de tierra existente en Paraguay ya llega a 129 (desde 1989), con la muerte del dirigente Benjamín "Toto” Lezcano, el último 19 de febrero. El delito ocurrió frente a la residencia de la víctima, en el asentamiento Arroyito, distrito de Horqueta, en Concepción. Según relatos del Ministerio Público, hombres armados a bordo de una moto tiraron 15 veces contra el dirigente campesino.

 

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) recordó que ésta es la segunda muerte en la zona norte del país, en menos de cinco meses, y resaltó que los delitos ocurren en un contexto de "prolongada lucha de organizaciones campesinas contra un modelo de desarrollo económico depredador y excluyente, basado en el agro-negocio y la ganadería expansiva”.

 

La entidad destaca, además, que en los últimos años el Estado viene implementando en esa región una "política de seguridad policíaco-militar avasalladora de la dignidad humana y sus derechos fundamentales”, conforme a lo ya denunciado y comprobado en diversas ocasiones. Y por sobre todo, el "desproporcionado y millonario gasto” para ejecutar esta política, utilizando recursos públicos, no se justifica, ya que no obtiene resultados satisfactorios, de acuerdo con la Codehupy.

 

"Exigimos a las distintas instancias gubernamentales y del Estado, a quienes les compete por obligación la responsabilidad de impulsar la debida investigación que conduzca a dilucidar y establecer verdad y justicia, y no la habitual impunidad, olvido o distorsión con que se suele dar respuesta a estos hechos”, reivindica la entidad.

 

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Traducción: Daniel Barrantes - moc.liamg@leinad.setnarrab

 

Fuente: Adital

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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