Paraguay - Curuguaty: Crónica de una infamia anunciada

Curuguaty: crónica de una infamia anunciada / Cuatro pruebas que invalidan la condena judicial a los campesinos

El lunes 11 de julio se dio a conocer la sentencia del juicio que se abrió en 2012 sobre los once acusados por la llamada “Masacre de Curuguaty”. En medio de numerosas protestas e importantes medidas de seguridad policial fuera y dentro del Tribunal, los tres magistrados a cargo del juicio determinaron que los 11 procesados son culpables de invasión de inmueble ajeno y asociacion criminal.

Además, encontraron a 9 de ellos culpables de homicidio -homicidio doloso consumado y en grado de tentativa, según el caso- y establecieron condenas que van de los 30 a los 4 años de prisión.

La matanza de Curuguaty fue el principal argumento de la oposición derechista en el Parlamento para iniciar el juicio político al entonces Presidente Fernando Lugo. Ocurrió el 15 de junio de 2012 cuando alrededor de 300 policías fuertemente armados -grupos de élite- intentaron desalojar a unos 70 campesinos unas tierras -en litigio entre el Estado y una empresa- que habían ocupado en reclamo por su incorporación a los beneficios que el gobierno estaba otorgando a las organizaciones campesinas.

El Presidente Lugo había ordenado tiempo antes la ejecución de desalojos pacíficos -sin armas- de tierras ocupadas por campesinos, para su posterior relocalización en predios que serían otorgados en propiedad a los mismos. En el caso de Curuguaty, hoy resuelto, se determinó que los campesinos se habían negado a iniciar el diálogo con las fuerzas de seguridad, que habían iniciado los disparos que dieron lugar a la masacre y que fueron los responsables de las 17 muertes, aunque éstas se dieron tanto en las fuerzas policiales (6) como en las filas campesinas (11).

El proceso judicial que acaba de finalizar, y que condenó a los acusados, todos campesinos, estuvo teñido de cuestionamientos legal-procedimentales desde su inicio, hace ya cuatro años.

Entre otros, destacan la toma de testimonios sólo a policías, que no se hicieron adecuadamente las pericias, incluida la de balística para determinar qué grupo poseía los proyectiles de alto calibre, que se “perdieron” posteriormente evidencias forenses que indicaban el ajusticiamiento de campesinos, y la existencia de fuertes indicios de imparcialidad del fiscal y de otros letrados intervinientes en el caso, que sesgaron la orientación de la investigación hacia la culpabilidad de los acusados. La tónica de este largo juicio ha sido, desde el comienzo, la inversión del principio de presución de inocencia -desde su inicio los acusados están privados de su libertad.

Que a escasos dos días de la masacre se presentara un pedido de juicio político contra Fernando Lugo y que cinco días después se votara mayoritariamente por su destitución en el Legislativo no deja de ser altamente llamativo; tampoco -por la misma razón- la constante parcialidad de la corporación judicial en la manera en que llevó adelante el juicio contra los campesinos. El rojo es la constante en ambos procesos. Las tierras ocupadas por los campesinos estaban siendo reclamadas como propias por un grupo empresarial perteneciente al hoy fallecido Blas Riquelme, ex presidente del Partido Colorado y de fuertes vínculos con Jalil Rachid, ex fiscal de la causa, hijo de una de las figuras mas importantes del mismo Partido, y hoy Viceministro de Orden y Seguridad del gobierno actual.

Y ya en el plano político, fue a instancias del Partido Colorado -a través del Diputado Luis Gneiting- que se interpuso el pedido de juicio político contra Lugo por su supuesta responsabilidad política en los sucesos de Curuguaty y, de modo más general, por haber instigado las ocupaciones de tierras para generar el caos social, entre otros cargos investigados de manera express.

Así, la culpabilidad de los campesinos era necesaria para terminar de legitimar transitivamente la culpabilidad de Fernando Lugo, razón esgrimida para el golpe perpetrado por las élites políticas y económicas del Paraguay. Su tradicional dominio sobre la propiedad de la tierra y las principales instituciones del Estado fue puesto en cuestión por el inconcluso gobierno de Fernando Lugo. Éste quebró seis décadas de hegemonía política del Partido Colorado, y su destitución devolvió el poder del Estado a dicho Partido, tras el interregno del Vicepresidente Federico Franco y la victoria electoral del actual Presidente, el empresario ganadero y tabacalero Horacio Cartes.

La quiebra del “orden establecido” en los cuatro años que duró su mandato también apuntó a la propiedad de tierras en un país en el que el 2% de los propietarios rurales siguen monopolizando el 80% de los predios cultivables. A pesar del pánico causado entre los terratenientes, las medidas en pro del campesinado no modificaron sustancialmente la estructura de la propiedad en tanto, a pesar de las denuncias de usurpación empresarial de tierras comunales y estatales presentadas por el Gobierno, el opositor Poder Judicial encargado de dirimirlas dilató su resolución hasta que cayeron en el olvido.

Los campesinos paraguayos hoy están en la misma situación de despojo y de indefensión institucional que hace décadas aunque hoy, la justicia que debía ampararlos, acaba de reiterar el mensaje de siempre: todo el peso de la ley caerá sobre quien se atreva a cuestionar el poder establecido. Y los campesinos no son los únicos destinatarios de la advertencia.

Anexo: Cuatro pruebas que invalidan la condena judicial a los campesinos

E´a| De las varias razones que comprueban, de forma evidente, que todo el proceso judicial contra los campesinos de Curuguaty por la masacre de junio del 2012 es nulo y que la sentencia emitida hoy en primera instancia no tiene validez, elegimos y citamos cuatro de las más sólidas:

1- No se investigó la muerte de los 11 campesinos

Durante todo el proceso de investigación fiscal-policial que ya lleva casi cuatro años de duración, nunca se investigó quiénes dieron muerte ni cómo a los 11 campesinos, el día de la masacre, cuyos cuerpos contenían varias balas de armas de fuego. Toda la investigación fiscal policial se concentró solo en las muertes de los seis policías. El hecho revela una parcialidad flagrante, aberrante jurídicamente hablando.

2- Se realizó una acusación genérica de homicidio.

La fiscalía acusó genéricamente a los campesinos procesados de homicidio doloso en grado de tentativa, porque admitió que no podía determinar quién campesino mató a cuál policía. Es decir, la fiscalía acusó al grupo de campesinos procesados de ser los asesinos de los seis policías muertos. El hecho –al no encontrarse a responsables individuales de las muertes- es jurídicamente inadmisible.

3- No se investigaron denuncias de ejecuciones extrajudiciales y torturas.

Se presentaron ante la fiscalía contundentes denuncias, con pruebas, de que algunos de los 11 campesinos muertos en la balacera el día de la masacre fueron ejecutados con balas de armas de fuego posterior a la balacera. También se presentaron denuncias de torturas de varios campesinos que ocuparon las tierras de Marinakue, días después de la masacre.

Las denuncias nunca fueron admitidas por la fiscalía. El hecho refuerza la parcialidad manifiesta de la investigación fiscal.

4- Las tierras son del Estado, no de propietarios privados.

Documentos públicos difundidos por todos los medios dan cuenta que la Finca Nº 9 de Curuguaty, con una superficie de más de 2.000 hectáreas, la que fuera ocupada por los campesinos, fue donada por la empresa La Industrial Paraguaya S.A al Estado Paraguayo. La donación fue aceptada por Decreto N° 29.366 del 6 de setiembre de 1967. Por Decreto N° 3.532 del 4 de octubre de 2004, el Estado paraguayo la declaró esas 2000 hectáreas de interés social y la destinó para la reforma agraria, transfiriéndola a título gratuito al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Las tierras de Marinakue nunca fueron de la Familia Riquelme. Esta prueba invalida la acusación fiscal de que los campesinos invadieron una propiedad privada de terceros.

Fuente y foto: Sur y Sur