Oxfam en Guatemala preocupada por los hechos de violencia contra pueblos indígenas

Guatemala, 20 de marzo, 2013. Tras el secuestro y asesinato por asfixia de Exaltación Marcos Ucelo, líder del Parlamento Xinka, principal órgano de decisión comunitaria, el secuestro del líder Roberto López, Rigoberto Aguilar, alcalde indígena del municipio de Santa María Xalapán y de Roberto González Presidente del Parlamento y Mayordomo del pueblo indígena Xinka, Oxfam en Guatemala se adhirió al reclamo de la comunidad nacional e internacional por esclarecer las violaciones a derechos humanos cometidas contra lideresas y líderes indígenas que ejercen su derecho a defender la tierra y sus territorios.

Este hecho se suscitó después que los cuatro líderes regresaban de la comunidad El Volcancito, del municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, en donde se realizó una consulta comunitaria de buena fe en donde la comunidad decidiría sobre la implementación del proyecto minero “El Escobal”, propiedad de la empresa minera San Rafael, S.A., subsidiaria de la empresa canadiense Tahoe Resources, el cual impactará a más de 3 mil habitantes aproximadamente.

En ese contexto, Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oancnudh), en su informe reciente sobre ataque contra líderes enfatizó que, “estos eventos también evidencian la necesidad por parte del Estado de seguir cumpliendo con su deber de proteger el derecho a la vida y a la integridad personal de los manifestantes mientras estos ejercitan su derecho a la protesta. En Guatemala, la militarización de la seguridad sigue siendo un tema pendiente, a la vez de hacerle un llamado al Ministerio Público a fortalecer sus procesos de evaluación y desempeño”.

La directora de Oxfam en Guatemala, Ana Eugenia Marín, dijo que, “es preocupante que se den estos hechos violentos y se criminalice a organizaciones sociales, lideresas y líderes que ejercen su derecho a proteger la tierra y recursos naturales de la localidad, tomando en cuenta que hasta el momento la empresa minera no ha respetado el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, derecho adquirido amparado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los pueblos indígenas como compromiso de Estado”.

Al respecto Brunori instó al Gobierno a fortalecer mecanismos e instituciones encargadas de resolver conflictos sociales incorporando un enfoque de derechos humanos y abordar las causas estructurales de estos conflictos. “Pido al Gobierno reconocer públicamente y expresar su apoyo al trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en el país”.

Al unísono, Oxfam en Guatemala y diversos organismos internacionales hicieron un llamado al Gobierno de la República, en especial a las instancias de justicia, para esclarecer los hechos. “Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas y a las organizaciones locales y nacionales que sufren amenazas por su trabajo en defensa del cumplimiento de las leyes vigentes en el país, en defensa del derecho de las personas a saber y a decidir sobre lo que ocurre con los recursos naturales”, finalizó la directora.

Información complementaria

Estos crímenes se suman a otros acaecidos por ejemplo, el del pasado 28 de febrero en donde Tomás Quej, líder campesino de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CONIC), apareció asesinado en la comunidad Chirretz’aaj, Cobán, Alta Verapaz. El 8 de marzo, Carlos Antonio Hernández, líder de la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO) fue asesinado en Chiquimula. El 12 de marzo fue asesinado Jerónimo Sol Ajcot, también líder de CONIC, en la aldea Chacayá, de Santiago Atitlán, Sololá.

También el 15 de marzo Rubén Herrera, dirigente de la Asamblea Departamental de Huehuetenango, miembro del Consejo de Pueblos de Occidente fue capturado por orden del Juzgado de Santa Eulalia. En este mismo juzgado existen otras 18 órdenes de captura contra líderes comunitarios y han sido procesada 4 personas quienes ahora mismo tienen clausurada la causa penal a raíz de las acusaciones falsas de provocar daños a la propiedad de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de Ecoener-Hidralia Energía.

Además, en días recientes Germán y Santiago Vargas Hernández dirigentes de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) fueron interrogados y detenidos ilegalmente por agentes quienes de identificaron como parte de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC), minutos antes de realizarse una audiencia a la que habían sido citados por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Cobán, en Alta Verapaz

Oxfam en Guatemala ratificó su llamado a la ciudadanía nacional e internacional para mantenerse vigilantes a manera de garantizar la vida de autoridades legítimas y de mujeres y hombres que, en cumplimiento de lo estipulado en diversos instrumentos nacionales e internacionales que respaldan su accionar y garantizan su derecho a defender la tierra y recursos naturales, se ven amenazados por proyectos de explotación minera.

Asimismo, la Campaña CRECE-Vamos al Grano, Campaña Guatemala sin Hambre y el Foro de ONG’s Internacionales manifestaron su rechazo ante esta clase de acontecimientos, demandando del Gobierno el garantizarle la vida y derechos humanos a las comunidades que deciden sobre el modelo de desarrollo que desean para su población.

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