Oxfam denuncia que un 2% acapara el 80% de las tierras en Paraguay

En los últimos diez años, denuncia la ONG, más de 900.000 personas han sido expulsadas del campo, 585.000 de ellas, jóvenes menores de 30 años. “Este es un problema antiguo, pero que se agravó con la expansión de la soja de los últimos 15 años. El uso intensivo de agrotóxicos obliga a las familias a abandonar sus tierras, dejar de producir alimentos y buscar alternativas ya sea en las ciudades o incluso en la emigración. La emigración más fuerte a España se dio en este periodo de expansión de soja”, explica López.

Paraguay es el cuarto exportador de soja del mundo, y dedica al cultivo de este producto el 92% de su tierra cultivable. El problema asociado a la expansión de este tipo de cultivo reside principalmente en la toxicidad de los productos que se utilizan para mantenerlo a salvo de las plagas. Las fumigaciones de los macrocultivos, que en muchos casos se realizan con aviones, someten a una gran presión a los campesinos que viven de la tierra. Se calcula que en cada ciclo productivo se utilizan alrededor de 30 millones de litros de agrotóxico en todo el país.

“Primero, las plagas de la soja que no mueren vienen a tu propiedad. Después empiezan a afectar a tu cultivo. Si plantabas maíz, mandioca, tanto el agrotóxico mismo como los bichos que huyen del agrotóxico vienen y destruyen tu cultivo. Después empiezan a matar a tus pequeños animales…”, señala López. El aumento del precio de la tierra aparejado a la llegada de una gran plantación de soja, añade, acaba por provocar que los campesinos vendan su propiedad y busquen fortuna fuera del campo. “Si empiezan a fumigarnos todo el día y después vienen a ofrecernos un precio alto por nuestra tierra, terminamos vendiendo, y con ese dinero pensamos que vamos a sobrevivir en la ciudad, pero ese dinero se acaba en pocos meses…”.

Crecimiento exponencial del cultivo de soja

El resultado de todo esto son miles de familias desplazadas que acaban malviviendo en la periferia de Asunción, la capital, sin acceso a los servicios básicos ni a su forma tradicional de ganarse la vida: el campo. Por otro lado, una extraordinaria expansión del cultivo de la soja, que pasó de ocupar 400.000 hectáreas en 1994 a cerca de 4 millones 15 años después.

Los cultivos de soja, casi toda transgénica, se destinan además a la exportación. “El volumen mayor pertenece a grandes empresas, especialmente inversores brasileños, también paraguayos, y es un negocio muy centralizado en transnacionales alimentarias que son las que compran la producción y exportan, como Cargill, Bunge ADM, Dreyfus”, señala López. “La propaganda oficial dice que con el desarrollo del complejo soja producimos alimento para alimentar a 70 millones de personas. Paraguay tiene una población de siete millones y hay 1.300.000 que pasan hambre”, afirma el director de Oxfam Intermón en el país.

Gran parte de las tierras acabó en manos de empresarios y políticos cercanos al dictador Alfredo Stroessner durante la dictadura paraguaya que dominó el país entre 1954 y 1989. La Comisión de Verdad, Justicia y Reparación realizada tras el periodo dictatorial, subraya López, “documentó que de los 12 millones de hectáreas que se repartieron, alrededor de ocho millones que debían haber sido entregadas a campesinos terminaron en manos de empresas o personas muy influyentes cercanas al régimen”.

Uno de ellos fue el exsenador Blas Nicolás Riquelme, ya fallecido, dueño de la empresa Campos Morumbí S.A. 200 familias campesinas del municipio de Curuguaty llevan una década luchando contra esta empresa reclamando el derecho a ocupar 2.000 hectáreas de la región conocida como Marinakue. Y es que la ley paraguaya obliga a que todas las tierras públicas en manos del Estado, excepto si están destinadas para reservas, se repartan a familias campesinas para que las trabajen. Los terrenos que reclaman las familias fueron ocupados durante décadas, hasta 1999, por la marina paraguaya. En 2004, un decreto presidencial entregó las tierras al Instituto de Desarrollo Rural, el organismo estatal encargado de distribuir las tierras.

Pero Campos Morumbí S.A. consiguió que un juez local le concediera la propiedad de los terrenos, colindantes a otros cultivos de soja de la empresa. El proceso constituyó, denuncia López, “un caso evidente de corrupción”. “Cuando yo ocupo una tierra durante más de 20 años y la cultivo, la ley me reconoce el derecho a reclamar la propiedad, en una figura que se denomina usucapión. Esta ley en general se usa para pequeños propietarios, y es la que usó el juez para concedérsela a la empresa. Es evidente que no llevaban 20 años ocupándola porque estaba el ejército allí”, cuenta López.

Decenas de campesinos ocuparon los terrenos, un hecho habitual y, señala López, imprescindible para que se entreguen finalmente los terrenos solicitados a las familias. “No hay un solo caso en más de 30 años de experiencia de distribución de tierras en que si no se ocupa antes esa tierra, además de realizar los trámites pertinentes, se la hayan entregado a los campesinos”. El 12 de junio de 2012, sin embargo, las familias fueron desalojadas en un episodio de gran violencia que acabó con 11 campesinos y 6 policías muertos. El litigo aún sigue en marcha en los tribunales.

El caso de Marinakue se ha convertido en la bandera del reclamo de una distribución equitativa de las tierras en Paraguay. La Campaña de Oxfam Jóvenes sin tierra: tierra sin futuro, tiene el objetivo de apoyar a estas comunidades en sus demandas al presidente “para que use todas su atribuciones, y a través del Instituto de la Tierra y del Procurador General de la República, se mueva y se pronuncie hasta lograr que estas tierras sean devueltas al Estado y las entreguen a las familias”.

Fuente: La Marea