Otro derrame de petróleo en la Amazonía

Hasta el 2001, el petróleo ecuatoriano era transportado únicamente por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, propiedad de la empresa pública Petroecuador. En el gobierno de Gustavo Noboa la ley cambió y permitió que las empresas privadas puedan construir ductos para transportar petróleo. Así, la empresa de Oleoductos de Crudos Pesados, OCP, obtuvo permiso para construir el ducto conocido como OCP. La tubería tiene 503 km que van desde la Amazonía hasta Puerto Balao, en Esmeraldas, en la Costa de Ecuador.

Previo a su funcionamiento, grupos ecologistas denunciaron que el OCP pasaría “por zonas ecológicas sensibles”, como la reserva Cayambe-Coca y por la zona sur del Chocó Andino. La organización Acción Ecológica realizó la campaña nacional e internacional llamada “ Campaña en contra del OCP” para evitar que se coloquen las tuberías para transportar crudo en esa zona, debido a que es una zona de riesgo, de deslaves y de sismos, por la presencia del volcán Reventador.

A pesar de las acciones tomadas por las organizaciones, Alexandra Almeida, parte de Acción Ecológica, asegura que desde el gobierno y la empresa “priorizan los ingresos económicos que esa actividad da y nos les importa nada más. Ahora tenemos las consecuencias”. Y estas consecuencias están a la vista tras los últimos derrames de petróleo ocurridos en la Amazonía ecuatoriana, producto de las rupturas de los oleoductos.

Estos casos no son aislados, los desastres petroleros en la Amazonía se han dado de manera frecuente. Según datos del Ministerio del Ambiente, recogidos en el medio BBC, entre el 2000 y 2010 se han producido casi 50 derrames petroleros al año. Solo en el 2020 hubo 93, y en 2021, 46 derrames de petróleo, según las cifras del Ministerio del Ambiente, recogidos por el medio  Plan V. El 28 de enero del 2022 ocurrió un nuevo derrame de crudo, afectando a varias zonas de la Amazonía, incluso a la zona intangible del Parque Yasuní. A continuación un recuento de algunos de los derrames ocurridos desde 2020.

Abril de 2020: derrame de crudo en Sucumbíos y Napo

El 07 de abril del 2020, en pleno inicio de la pandemia de la Covid-19, un derrame ocurrió en el sector de San Rafael, entre las provincias amazónicas de Sucumbíos y Napo. 15.800 barriles de crudo afectaron a más de 105 comunidades y 27.000 personas del Pueblo Kichwa amazónico y de las comunidades que se asientan en las riberas del Río Coca, según el  boletín de prensa presentado por la Alianza de Derechos Humanos Ecuador, en junio de 2021.

La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos pesados, OCP, y el poliducto Shushufindi-Quito, debido a una erosión en el Río Coca. Esta erosión se produjo tras el hundimiento en el cauce natural de la Cascada San Rafael, sucedido el 2 de febrero de 2020. La cascada que se divisaba desde la carretera que conecta Quito con la provincia de Napo, Sucumbíos y Orellana, desapareció.

Después del hundimiento de la Cascada San Rafael, expertos alertaron sobre una posible rotura de las tuberías; a lo que ni el Estado, ni las operadoras de petróleo actuaron de manera oportuna. Meses después, a pocos días de que el gobierno de Lenin Moreno declaró el confinamiento y estado de excepción por la pandemia de la Covid-19, ocurrió el derrame. De la misma forma que las advertencias, los riesgos del desastre, en especial para el consumo de alimentos y de agua contaminada no fueron comunicados a tiempo, según un  comunicado de la Alianza de DDHH. Tampoco se realizaron alertas en las comunidades indígenas para promover la suspensión de actividades de higiene y de relación cultural con el río, como la pesca.

6 meses de ocurrido el derrame y de las reparaciones por parte de la empresa responsable aún había secuelas de contaminación según  informe de la inspección realizada a las comunidades afectadas por el derrame de petróleo y combustibles del 7 de abril del 2020, presentado también por la Alianza de Derechos Humanos Ecuador. Para este informe, la Alianza realizó un recorrido por la ribera de los ríos Coca y Napo, llegando a 5 comunidades ubicadas en las parroquias de Pañacocha y Limoncocha de la provincia de Sucumbíos, y en las parroquias Alejandro Labaka, San Carlos, Orellana y Augusto Rivadeneira de la provincia de Orellana, que fueron afectadas por el derrame de petróleo y combustible. En el medio ambiente se encontraron sustancias tóxicas para la salud de las poblaciones que causaron afectaciones en la soberanía alimentaria, contaminación del agua del río, los suelos, el aire, los cultivos, los animales domésticos y silvestres.

Alexandra Almeida de Acción Ecológica en  entrevista para Wambra, señaló que “el derrame del 2020 que afectó a 105 comunidades, no ha sido atendido como debería ser y las comunidades no han solucionado su problema de contaminación”.

Ante esto, las comunidades indígenas, organizaciones y la Alianza presentaron una  Acción de Protección, el 22 de julio de 2021, donde solicitaron a la Corte Constitucional que emita una resolución a favor de la protección de derechos y vida de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que sufren los efectos del extractivismo en sus territorios.

Tres meses después, el 21 de octubre, indígenas Kichwa de la Amazonía y organizaciones de derechos humanos acudieron hasta la Corte Constitucional en Quito, para realizar un plantón y exigir que se fije la fecha de audiencia. Según el  boletín de prensa las organizaciones exigen protección por las afectaciones a los derechos de múltiples personas y comunidades indígenas y de la naturaleza. Ante esta demanda, no han recibido respuesta.

Noviembre de 2020: derrame de crudo en territorio Waorani

El 27 de noviembre de 2020, ocurrió un nuevo derrame de crudo en Shiripuno que afectó al territorio de la comunidad Waorani de la provincia de Napo.

De acuerdo con el  pronunciamiento de la Nacionalidad Waorani de Ecuador el 30 de noviembre de 2020, el derrame de crudo se produjo desde las tuberías situadas en el puente Shiripuno y se extendió hasta el río Cononaco, afectando a las comunidades, Ñoneno, Gemeneweno, Cononaco, Chico, Omere, Omakaweno, Boanamo, Bameno, en sus derechos a la salud, al agua, al acceso a alimentos propios de la zona e impactando a los pueblos indígenas no contactados Tagaeri y Taromenani,

Las organizaciones que conforman la Alianza de Derecho Humanos Ecuador, presentaron una demanda a las Gobernaciones de Orellana y Pastaza, Ministerio del Ambiente y Agua, Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, Secretaría de Derechos Humanos, gobiernos locales de Orellana y Pastaza y la empresa responsable Petrobell, con el fin de que se adopten todas las medidas urgentes. Según el informe  Derrame de petróleo en el río Shiripuno afecta a comunidades waoranis y al corazón del Yasuní zona intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), el derrame también afectó a los pueblos en aislamiento, por lo que se emitió una alerta sobre la situación y se requirió que el Estado adopte todas las medidas necesarias para reparar todas las afectaciones producidas. Representantes de la nacionalidad Waorani, demandaron medidas de mitigación, reparación y contingencia frente al derrame de crudo y estimación de su impacto socio ambiental y solicitaron al gobierno de Guillermo Lasso para que se dé una pronta atención y solución a las comunidades afectadas y se informe sobre lo sucedido.

Abril de 2021: Derrame de crudo en el sector del Salado, Napo

Otro derrame de petróleo ocurrió el 15 de abril de 2021, en el sector del Salado, en la provincia amazónica de Napo. A través de un  comunicado la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE, exigió a la compañía estatal petrolera, Petroecuador, que haga público el derramamiento de crudo en el sector del Salado, pues ya otros medios locales y representantes de las zonas afectadas habían puesto en conocimiento lo sucedido. Como respuesta, Petroecuador anunció a través de cuenta de  Twitter que suspendió las operaciones del Poliducto Shushufindi-Quito, debido a un movimiento de tierra ocasionado por las condiciones climáticas y que no había presencia de combustible en el Río Coca.

Tras las demandas presentadas, el juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Orellana, Jaime Oña, negó la acción de protección. La Confenaie, a través de un  boletín de prensa, recordó que al igual que en el derramamiento de crudo en abril de 2020, las víctimas tampoco recibieron reparación ni justicia.

Enero de 2022: Derrame de crudo en el sector de Piedra Fina, provincia de Napo

El primer derrame del nuevo año 2022 ocurrió el 28 de enero, en el sector de Piedra Fina, provincia de Napo, por una rotura en el Oleoducto de Crudos Pesados, OCP. Se derramaron 6.300 barriles de petróleo que contaminaron más de 21 mil metros cuadrados del Parque Nacional Cayambe-Coca, una de las 66 áreas protegidas de Ecuador. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, emitió un  comunicado para informar que el derramamiento fue producto de “un desprendimiento de rocas a causa de fuertes lluvias en la zona” y que personal del Gobierno Nacional, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables activaron un Comité de Crisis y se trasladaron hasta la zona afectada para monitorear, dar seguimiento, controlar el flujo de petróleo y evitar que haya afectaciones a fuentes hídricas. Según la Secretaría General de Comunicación, tomaron acciones legales y administrativas en función de las evidencias de afectación ambiental y social, y con las multas y sanciones correspondientes. De la misma forma, la empresa de Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, mencionó en un  comunicado que la rotura del oleoducto se dio por el desprendimiento de piedras ocasionadas por lluvias, lo que causó un debilitamiento del suelo y que tomaron “acciones inmediatas para evitar daños ambientales” y que la rotura del tubo no se encuentra directamente expuesto a los ríos. Sin embargo, la radio comunitaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, Radio Confeniae, publicó varias imágenes de la afectación del derrame petrolero en comunidad kichwas, de un río de la comuna de Panduyaku, en la provincia de Sucumbíos, donde se ve rastros de petróleo en el agua.

Alexandra Almeida, parte de Acción Ecológica,  explicó que este derrame de crudo, más que ver con los efectos de la lluvia, tiene una razón en la falta de protocolos de riesgo de las empresas petroleras y el Estado “se rompió el oleoducto, pero se debió impedir que el crudo llegue al Río Coca”. Como no lograron impedirlo, ahora el petróleo derramado está en el río y éste llegó hasta las comunidades indígenas y afectó también al Río Napo. Ante esto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, denunció los afectos del derrame de petróleo e hicieron un llamado de atención a los organismos responsables para una atención inmediata por la vulneración de los pueblos y comunidades de la Amazonía, al contaminarse los territorios.

El Ministerio Ambiente, agua y Transición Ecológica, desplegó alrededor de 20 funcionarios del Programa de Reparación Ambiental y Social para limpiar, monitorear el sector de San Luis, donde ocurrió el derrame de petróleo, así lo anunciaron a través de la cuenta de  Twitter.

Sobre este nuevo derrame que se suma a los más de 100 ocurridos en apenas dos años, Alexandra Almeida explica que “Son más de cincuenta años extrayendo petróleo de la Amazonía y eso ha sido desastroso para el ecosistema amazónico, un ecosistema que es muy valioso en biodiversidad”. La explotación petrolera, es una de las actividades más contaminantes. Todas las fases de las operaciones petroleras impactan al medio ambiente y a la biodiversidad, dejan contaminación química y sonora por las detonaciones. También causan deforestación por la construcción de campamento y los espacios deforestados provocan serios impactos en los animales de la selva que huyen del lugar, afectan la alimentación y la salud de los pueblos indígenas que viven de la caza.  Así lo explica el estudio:  Los Impactos de la Explotación Petrolera en Ecosistemas Tropicales y la biodiversidad, realizado por Elizabeth Bravo de Acción Ecológica y publicado en el 2007.

Para Alexandra Almeida, el gobierno de Guillermo Lasso no toma en cuenta las consecuencias ambientales y las afectaciones a la vida que provocan los derrames del petróleo “Estas cosas no están siendo tomadas en cuenta por los gobiernos, ellos están queriendo sacar dinero de esos recursos para poder contrarrestar el déficit fiscal, queriendo duplicar la extracción de petróleo lo cual es una locura, no hay los recursos suficientes. El petróleo es un recurso no renovable, se acaba”, concluye Alexandra.

Fuente: Wambra