Otorgan premio “Semillas de Maldad 2013″ a ministro chileno que promueve transgénicos

Por unanimidad, las organizaciones agrupadas en la campaña nacional “ Yo No Quiero Transgénicos en Chile” anunciaron el pasado 30 de diciembre su decición de entregar el simbólico “galardón” a Luis Mayol.

La decisión se tomó tras conocer sus declaraciones anunciando el debate del polémico proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, conocida como “Ley Monsanto”.

“Vamos a pedir que se ponga (el proyecto) en tabla en la primera oportunidad, porque creemos que es una ley que tal como está planteada genera un beneficio para el país”, fueron las palabras del ministro recogidas por Pulso, en diciembre del año que culminó.

Añadiría al mismo medio: “(La Ley) Está estigmatizada por ciertos grupos que no la entienden o no la han querido entender”.

Denuncian conflicto de intereses

Para las organizaciones, la iniciativa de Mayol linda con lo ilegal debido a que este tiene “intereses en el negocio de la venta y distribución de semillas”.

Según los miembros de “Yo No Quiero Transgénicos en Chile”, el ministro tiene 670 mil acciones de la empresa Copeval S.A., una de las principales distribuidoras de semillas en el país.

“Esta empresa se declara como una de las que provee de semillas genéticamente modificadas a los agricultores del país. Estas semillas son las que son objeto de esta ley y desde luego que dentro del catálogo de semillas que figura en internet en la empresa están las semillas de Monsanto, de manera que hay una relación bastante directa”, afirmó Lucía Sepúlveda, vocera de la campaña.

Por otra parte, en su portal web, los integrantes de la Campaña enlistaron los motivos por los que eligieron al ministro de Agricultura Mayol.

Lo señalan por “atentar contra la Soberanía Alimentaria entregando las semillas a las multinacionales (Monsanto y Cía.); promover el fin de la agricultura familiar campesina e indígena al despojarla del libre uso de la semilla y contribuir al monopolio de la producción de alimentos en Chile”.

Asimismo, por “provocar el fin de las ferias libres y a futuro obligarnos a comprar frutas y verduras caras en supermercados; causar gran daño a la agrobiodiversidad (con semillas patentadas que necesitan de pesticidas tóxicos) y anteponer sus propios intereses comerciales sobre el bien público con grave conflicto de interés”, agregaron.

Debate y movilizaciones

Para el próximo siete de enero se habría programado el último debate en el Senado de la “Ley Monsanto”, cuya aprobación sería una de las tareas que pretende dejar concluida la gestión del presidente Sebastián Piñera.

Ante el inminente trámite de la Ley, las agrupaciones ambientalistas están organizando manifestaciones en varias ciudades del país, para los días 6 y 7 de enero.

La campaña “Yo No Quiero Transgénicos en Chile”, a través de las redes sociales, viene promoviendo y articulando movilizaciones para los dos días. Hasta el momento están confirmadas protestas en ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción, Iquique, entre otras.

“Ley Monsanto”

La Ley de Obtentores Vegetales ha sido desde un inicio objeto del rechazo de la población, especialmente, de parte de sectores indígenas y campesinos que la consideran una amenaza a la soberanía alimentaria del país y que coloca en situación de vulnerabilidad a los agricultores.

Sin embargo, en defensa de la norma, Haroldo Salvo-Garrido, director del Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola (CGNA) asegura que esta no contempla el uso de la transgenia pero sí pone un marco de protección para los derechos de creación y producción de nuevas variedades.

A pesar de haber sido aprobada por la Cámara de diputados, en mayo de 2011, y por la Comisión de Agricultura del Senado, la ley aún no ha sido promulgada porque requiere la derogación de la antigua Ley de Semillas, asunto pendiente en el Senado.

La ratificación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) fue propuesta a la cámara de diputados por la ex presidenta -elegida nuevamenete en las últimas elecciones- Michelle Bachelet en 2009.

Posteriormente, en 2010, el gobierno de Piñera modificó el proyecto de ley y aceleró su trámite.

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales data de diciembre de 1961 y fue modificado en Ginebra en marzo de 1991.

El objetivo principal del convenio es crear un marco jurídico para reconocer al obtentor de una nueva variedad vegetal su derecho sobre la variedad creada.

El Convenio UPOV de 1991 contiene estándares más específicos que las anteriores versiones, como la ampliación de los plazos mínimos de protección y de los derechos relativos al material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida.

Fuente: Servindi