Organizaciones sociales dijeron “no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina”

Durante más de cuatro horas organizaciones sociales, políticas, socioambientales, campesinas y de agricultores familiares discutieron a sala llena sobre todas las dimensiones que atañen a las semillas, como primer eslabón de la cadena alimentaria y bagaje cultural de los pueblos.

La jornada fue impulsada de manera conjunta por las campañas “No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina”, “Plantate: La vida no se negocia”, algunas organizaciones de “No nos patenten la vida”, junto con el bloque de diputados de Unidad Popular que ofició de anfitrión. También envió su adhesión el diputado mendocino Nicolas Del Caño (PTS-FIT), y estuvieron presentes el legislador porteño Pablo Bergel (Bloque Verde Alameda) y el dirigente de Patria Grande Itai Hagman.

Desde el año 2012 el Ministerio de Agricultura de la Nación junto con las empresas transnacionales y las cámaras semilleras vienen trabajando puertas adentro y en secreto sobre un nuevo proyecto de ley de semillas y creaciones fitogenéticas. A partir de los borradores que circularon se puede establecer que a grandes rasgos la misma busca profundizar los derechos de propiedad intelectual de las semillas y restringir cada vez más el uso propio y el intercambio de las mismas. Prácticas que se viene llevando a cabo desde los inicios de la agricultura y que forma parte de la cultura de los pueblos.

La creación del anteproyecto de ley no ha dado lugar a instancias de participación de las organizaciones sociales y campesinas, por este motivo la jornada llevada a cabo en el Congreso que permitió el debate conjunto es un hito importante y “constituye un triunfo en sí mismo” tal como lo expresó Tamara Perelmuter, integrante de la Campaña “No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina”.

La jornada fue amplia y permitió la discusión de los distintos aspectos del modelo productivo actual. La apertura estuvo a cargo de Carla Poth, de la Campaña “No a la nueva ley Monsanto…”, que caracterizo el modelo de agronegocios que tuvo su hito en 1996 con la aprobación de la primera semilla de soja transgénica por parte de Felipe Sola, por aquel momento secretario de Agricultura del gobierno de Menem. En este sentido Poth destacó que “el Estado ha creado instituciones para profundizar el proyecto extractivo, que incluye también otras formas de explotación de recursos naturales, como la minería. Modelo que avanza sin freno sobre los agricultores y sus territorios”.

Se contó también con una importante presencia de organizaciones campesinas del centro y norte del país como la Asociación Campesina del Valle del Conlara, San Luis, la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentina (ACINA), el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA). Con representantes provenientes de Catamarca, Chaco, Corrientes, San Luis, Santiago del Estero y Misiones, expresaron no sólo la gran importancia de las semillas criollas, locales y nativas en sus estrategias productivas sino también el valor cultural e histórico de las mismas, portadoras y transmisoras de conocimientos e identidades culturales. Remarcaron de esta manera su rechazo a las prohibiciones de intercambio y libre circulación de las semillas, prácticas ancestrales y claves en el mantenimiento de la diversidad genética y cultural.

En este sentido, Fernando Frank, representante de los Campesinos del Valle del Conlara enfatizó que “desde los comienzos de la agricultura hace más de 12 mil años se ha podido vivir sin agrotóxicos y con las semillas libres”, y se preguntó “cómo es posible que ahora se plantee la imperiosa necesidad de agrotóxicos y de derechos de propiedad sobre las semillas”.

Por su parte Carlos Vicente (GRAIN) fue claro y contundente al denunciar que “el planteo de la coexistencia entre el modelo de agronegocio y la agricultura campesina es una burla”. Asimismo dio un panorama del contexto actual de privatización de las semillas en América Latina, como una avanzada de las corporaciones que no sólo se circunscribe a la Argentina. Como caso paradigmático, relató que en Venezuela se está discutiendo un nuevo proyecto que surge de la participación de los campesinos y que dice no a la propiedad intelectual de semillas.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Tamara Perelmuter, quien enfatizó que “la actual ley que se quiere modificar y que data de 1973 ya privatiza las semillas, pero el anteproyecto actual apunta a una profundización del proceso de privatización”. Por un lado busca eliminar la figura del uso propio, ya que actualmente los agricultores pueden guardar las semillas, resembrarlas e intercambiarlas libremente, “prácticas que de aprobarse la nueva ley no podrían realizarse”. Por otra parte porque “otorga a las empresas el poder de policía para controlar y fiscalizar los campos en el caso de que se presuma que la ley no se cumple”.

Por último se abrió un debate donde se escucharon diferentes testimonios y propuestas en torno al tema y más allá de él, cerrando el debate con las palabras del diputado Claudio Lozano, que rememoró (como varios durante la jornada) las diferentes instancias de unidad que hubo para poner en discusión estos temas, donde la Marcha Nacional de los Chicos del Pueblo “El Hambre es un crimen” fue tomada como ejemplo. La consigna fue clara y contundente: Las semillas y los alimentos deben estar en manos de los pueblos y no de las corporaciones.

Fuente: Notas