Oaxaca: Los significados de la APPO

No es una casualidad que Oaxaca sea el estado de la república mexicana donde tiene lugar una insurrección pacifica cívico-popular de trascendencia histórica en sus formas y contenidos.

Iniciada como un conflicto gremial del magisterio enfrentado a un gobierno estatal corrupto y autoritario, el movimiento se trasforma a partir de la brutal represión al plantón de los maestros por parte de los policías y paramilitares del gobernador Ulises Ruiz en lo que deviene en Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) el 17 de junio de este año.
Uno de los estados con mayores grados de marginación y pobreza, Oaxaca, es también el territorio que concentra 16 pueblos o grupos etnolingüísticos, con sus variantes dialectales, y una extraordinaria riqueza de procesos autonómicos enraizados en la comunidad como núcleo básico de sus formas de organización social, cuya instancia máxima de debate y decisión es precisamente la asamblea comunitaria.

Ya desde el dialogo de San Andrés, una nueva generación de dirigentes e intelectuales indígenas oaxaqueños (algunos de ellos colaboradores prestigiados de nuestro periódico) aportaron su experiencia histórica en la construcción de autonomías, la reconstitución de los pueblos y la elaboración de marcos jurídicos acordes con estas reivindicaciones y realidades. Fueron ellos los que hicieron prevaler su hegemonía sobre el resto del movimiento indígena nacional, distinguiéndose por la solidez y coherencia de sus argumentos.

La composición de la propia sección 22 del magisterio refiere a miles de maestros indígenas que han jugado un papel importante en las luchas democráticas y en contra de la imposición y violencia del caciquismo económico y político impuesto por el PRI. Algunos de ellos participaron en programas como la licenciatura abierta en Antropología Social que la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) estableció en los años ochentas, adquiriendo una capacitación especializada sin que estos educandos abandonaran sus obligaciones magisteriales y las tareas de conducción política que las propias comunidades demandaban.

También ha sido importante la existencia de formas organizativas como la Coalición de Maestros Bilingües de Oaxaca, en las se formaron numerosos dirigentes y luchadores sociales con perspectivas de largo aliento y con un compromiso firme con sus pueblos. La experiencia de los contingentes de emigrantes indígenas radicados en Estados Unidos y en la propia ciudad de México, con estrecha relación con sus comunidades de origen y vivencias políticas significativas, han transformado los nuevos entornos y dejado su impronta en el acontecer político que está viviendo su natal Oaxaca.

A la par de este componente indígena, fructifica en la integración de la APPO el esfuerzo unitario de numerosas organizaciones de la sociedad civil que durante décadas dieron sus luchas en los campos de la ecología, la defensa del patrimonio cultural, los derechos humanos, la educación laica y gratuita, las perspectivas de género, emigrantes y tantos otros que de manera relativamente aislada han planteado sus propuestas democratizadoras y de verdadero cambio social y que encuentran en la Asamblea Popular la posibilidad de caminar juntos en su consecución.

La APPO demuestra que es posible un gobierno popular sin la presencia de la maquinaria burocrática, los partidos políticos institucionalizados y, sobre todo, sin los voraces funcionarios corruptos que por más de 81 años han vivido a costa del erario y que pretenden seguir gobernando aun en contra de una visible y beligerante oposición de la mayoría del pueblo oaxaqueño. La APPO, en los ámbitos estatal y urbano, ratifica la experiencia exitosa de las juntas de buen gobierno zapatistas que en el plano municipal y regional llevan más de tres años gobernando a partir del principio de "mandar obedeciendo" y que representan una verdadera escuela de aprendizaje de democracia directa y participativa, que la APPO ha emulado con sus variantes y especificidades.

Por ello, el odio que provoca la APPO en la clase gobernante, sus intelectuales y los sicarios informáticos que pretenden controlar la opinión pública y distorsionar lo que está ocurriendo en el estado. Escandalizados señalan la "violencia" de la justicia popular, sin denunciar la saña y cobardía de los cuerpos paramilitares y parapoliciacos que han asesinado a mansalva a nueve personas y herido a otras más, mientras el gobierno federal espera un momento político favorable para "rescatar" Oaxaca. Las averiguaciones previas se van acumulando y los grupos de inteligencia van señalando a quienes hay que detener y criminalizar. Incluso el solícito director del INAH presentó sus denuncias en el Ministerio Público contra "quien resulte responsable" por los "graves daños al patrimonio cultural" de Oaxaca, mientras la UNESCO niega la gravedad de tales acusaciones.

Con histeria, las buenas conciencias demandan el restablecimiento del orden; razonan que "la ley no se negocia, sino que se aplica"; claman que impere "el estado de derecho" y temen que el ejemplo de la APPO se nacionalice e incluso se globalice: ¡esto no es posible!, todo tiene un límite. ¿¡Hasta cuando va entrar el ejército!? Tienen pesadillas en las que una eventual Asamblea Popular de los Pueblos de México, la APPM, se instale en el zócalo capitalino, y en cada estado un equivalente de la APPO sea gobierno.

Que no se equivoquen los poderosos, la represión no es omnipotente ni resuelve los problemas, los profundiza; pero, sobre todo, la experiencia de la APPO es ya, en esta hora decisiva, un patrimonio de todos los mexicanos.

Gilberto López y Rivas

Fuente: La Jornada