"No son vándalos, sino agricultores que proveen alimentos saludables"

Comunicado de la Prelatura de Caravelí

Los que se oponen a la minería en Ayacucho sur no son vándalos sino agricultores preocupados por ofrecernos alimentos saludables

Las 4 minas en Ayacucho Sur están en el territorio de esta Prelatura y tienen conflictos con la población hace muchos años. Los actos vandálicos de la quema de varios vehículos en la semana pasada no justifican llamar “vándalos” a todos los pobladores de las 3 provincias: Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara. La población estaba nuevamente en un paro contra estas minas, que no cumplen con su plan de cierre, aprobado por las autoridades competentes, según exigen las normas vigentes, y por la ausencia de una debida fiscalización. Las anteriores protestas han sido pacificas, pero esta vez a algunos de los pobladores se les acabó la paciencia ante tanta impotencia al no encontrar soluciones.

La mina donde sucedieron los hechos lamentables está ubicada directamente debajo de una laguna, en la cabecera de cuenca que alimenta al río Yauca, que da agua potable y de riego a partes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Caravelí. En este Valle de Yauca se producen grandes cantidades de aceitunas, paltas, maíz morado, papa y alfalfa.

Las minas dicen, que no contaminan, pero hace pocos años murieron decenas de vacas en el distrito vecino de Sancos, porque tomaron agua de la acequia, después de un accidente que se produjo en la mina. Las minas aquí no hacen monitoreos comunitarios del agua, lo cual no genera confianza en la población.

Parece que la legislación peruana favorece únicamente a las empresas mineras, y no da ningún derecho a la población afectada por las minas. Son compensados con dinero, que va a sus municipios y unos cuantos tendrán trabajo (por no tener capacitación técnica especializada siempre son pocos), pero no cuentan con los mecanismos legales necesarios para hacer respetar sus territorios y evitar se imponga la minería, porque no se le considera a la población del territorio superficial como parte ante la solicitud que otorga un derecho minero a las empresas, pese a ser propietarios de la tierra. El Estudio de Impacto Ambiental solo es informativo y la participación y consulta a la población no es vinculante. Para la aprobación de autorizaciones mineras y su ampliación, la población nunca fue tomada en cuenta. No solo en el caso de pueblos indígenas, necesitamos que la consulta previa se aplique desde el otorgamiento de un derecho minero y ante cada autorización minera. Sin una verdadera licencia social nunca habrá paz en esta región.

Por eso saludamos a la Primera Ministra de haber escuchado los intereses de la población y haber prometido de defenderlas frente a posibles ampliaciones de autorizaciones de estas minas.

Llamamos al gobierno y al congreso de la república a establecer mecanismos, para que la población en el futuro sea escuchada y tomada en cuenta, de manera vinculante, en los procesos de otorgamiento de derechos, autorizaciones o ampliaciones mineras. No estamos en contra de la minería, pero creemos que debe conciliar sus intereses con los intereses de la población afectada. Este interés no es solamente de los agricultores de aquí sino también de los consumidores de la costa, que quieren consumir alimentos sanos, sin contaminación por metales pesados y otros residuos mineros.

Llamamos a los medios de comunicación de hacer un periodismo investigativo de verdad: no basta sólo escuchar y publicar la versión de los empresarios mineros. ¿Qué políticos y empresarios de la información tendrán acciones en estas mineras? Hay que escuchar también las razones de los agricultores y no descalificarlos de “vándalos” a todos.

El Papa Francisco nos llama a “escuchar los gritos de los pobres y de la tierra”. Ojalá que la política y los mineros escuchen estos gritos y puedan conciliar un futuro sostenible para las generaciones futuras.

Caravelí, 22 de noviembre de 2021

+Reinaldo Nann, obispo