Nicaragua: ¿Se quiere resolver la crisis alimentaria?

El problema real de acceso a los alimentos que tiene el país y que hace que uno de cada tres niños sufra desnutrición crónica parece que no va a ser solucionado con las propuestas que la FAO puso encima de la mesa en la última Conferencia para la Soberanía Alimentaria celebrada en junio en Roma, en la que, aparte de buenas palabras en la Declaración Final, se volvió a hablar de revolución verde, de libre mercado y de ayuda alimentaria como los ingredientes necesarios para conseguir paliar el problema del hambre. No se habló, sin embargo, del uso de transgénicos en esa ayuda alimentaria del PMA (Plan Mundial de Alimentos) y del negocio que esto le supone a los Estados Unidos; de las consecuencias de los Tratados de Libre Comercio con el mismo país; del enriquecimiento de las multinacionales dedicadas a la agroindustria en nombre de una revolución verde que ha obligado al desmantelamiento del pequeño campesinado o, por ejemplo, de las trabas que la FAO lleva años poniendo a la aprobación de una ley de Soberanía Alimentaria en Nicaragua. Estas circunstancias, relacionadas todas ellas entre sí, han provocado que la dependencia alimentaria del exterior en Nicaragua fuera del 44,6 por ciento en 2006, paradójico si tenemos en cuenta que el sector agrícola es el más fuerte del país pero a la vez incapaz de satisfacer las necesidades alimentarias de una población que se ha visto forzada a emigrar en los últimos años al extranjero y cuyas remesas suponen el 27 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) nacional [ 1].

Ley de Soberanía Alimentaria retenida por la FAO

El GISSAN (Grupo de Interés por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional), que agrupa en Nicaragua a 73 organizaciones nacionales y 25 ONG europeas, propuso en 2006 ante la Asamblea Nacional la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SYSAN), ley que fue aprobada en todos sus puntos menos en el quinto, aquel en el que se prohibía expresamente la introducción en el país de OGM (Organismos Genéticamente Modificados), es decir, de alimentos generados a partir de semillas transgénicas como ayuda alimentaria. Con la ley parcialmente aprobada se pidió asesoramiento a la FAO, que, sin mostrar interés alguno por trabajar con el GISSAN en la elaboración de las nuevas propuestas, lleva presentados hasta el momento doce borradores que dan la espalda por completo a la ley aprobada parcialmente en junio de 2007.

En un estudio realizado en 2002 y en 2005 sobre los alimentos de primera necesidad (maíz, soya, cereales y arroz) enviados por el PMA a los departamentos de Dipilto, Siuna, Ocotal y Nueva Segovia y cuyos beneficiarios fueron fundamentalmente niños y mujeres embarazadas, los resultados arrojaron que eran en su totalidad de origen transgénico [ 2]. Estos alimentos provenían de Estados Unidos, y no por casualidad, ya que la ayuda alimentaria supone un gran negocio para el país del Norte que obliga a la comunidad internacional a que los productos salgan de sus fronteras en un tanto por ciento muy elevado y que sean distribuidos por empresas suyas (sólo cuatro empresas en el mundo controlan el transporte y la entrega de ayuda alimentaria). El negocio es redondo pues lo enviado como ayuda alimentaria es el excedente de peor calidad que generan unos agricultores subvencionados y que es vendido a precio de saldo, un precio con el que no pueden competir los países en vías de desarrollo por muy buena intención aparente que ponga la FAO de estar dispuesta a comprar ayuda alimentaria a "los países más desfavorecidos pero siempre intentando obtener el precio más ventajoso" [ 3].

El segundo aspecto de la SYSAN que no convence a la comisión de la FAO es la propuesta de crear un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria que se reuniría cada dos años y que estaría formado por un hombre y una mujer (agricultores) de cada municipio y de cada departamento del país. Estas 400 personas, a las que podrían sumarse todas las organizaciones que en Nicaragua trabajan para el desarrollo del pequeño y mediano productor, aunarían esfuerzos e ideas para revitalizar la producción agrícola desde lo local teniendo autoridad para tomar decisiones e intentando hacer frente a la revolución verde y a los ajustes estructurales exigidos por el FMI desde hace años, que ham convertido el campo de este país en grandes extensiones de monocultivo en manos de seis mil productores frente a las 196.000 unidades productivas agrícolas que existen actualmente. Según Eduardo Vallecillo, asesor nacional del GISSAN y principal impulsor de la SYSAN, "la crisis alimentaria hay que atajarla desde el poder local. A muchos alcaldes lo único que se les ocurre es acudir al PMA para conseguir comida por trabajo, y eso no es seguridad alimentaria Tampoco soluciona nada que las ONG internacionales realicen un gran despliegue de medios en las zonas rurales para que, después de terminado el proyecto y la subvención correspondiente, se vayan de la zona y dejen todo desamparado". Es aquí donde el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria se encargaría de aunar esfuerzos para impulsar la producción local en colaboración con las ONG y con los gobiernos locales y así hacer frente a las imposiciones comerciales del mercado que han hecho de Nicaragua un país que importa arroz de EE UU y frijoles de El Salvador, unos frijoles producidos previamente en Nicaragua que el país vecino les ha comprado mucho más barato de lo que luego se los vende.

Frente a esto, el director regional del PMA para América Latina y El Caribe se decantó el pasado mes de junio en España [ 4] por una vuelta a la revolución verde como solución para paliar el problema del hambre aprovechando los avances en semillas, fertilizantes y tecnología y así aumentar el rendimiento de los cultivos y generar más alimentos. Estas afirmaciones no concuerdan con el hecho de que en el mundo hay actualmente 1,5 veces más alimento del que se necesita y que el problema es la distribución de este alimento que se ha convertido en un bien de mercado más sujeto a especulación.

Desde el GPAE (Grupo de Promoción de la Agricultura Ecológica) se ha puesto en marcha en el país nica una campaña que bajo el título de "El rescate de la semilla criolla" pretende que el agricultor recupere las semillas propias de su zona, aquellas que no necesitan agroquímicos a pesar de no estar artificialmente mejoradas. Según un estudio realizado en 150 comunidades del país, existen más de 120 variedades autóctonas diferentes de maíz y más de 130 de frijoles, semillas que se adaptan mucho mejor a las condiciones de cada zona. Se trata de una medida de choque frente a la agroindustria internacional capitaneada por la norteamericana Monsanto (primera en el mercado mundial de la semilla y controladora del ochenta por ciento de la producción mundial de transgénicos) que lleva años patentando especies de semillas que ha ido escogiendo de los países en vías de desarrollo y mejorándolas genéticamente. Esas mejoras implican la obligatoriedad de utilizar productos químicos que crea y comercializa la misma empresa. Iniciativas como ésta de la GPAE o la ley de SYSAN pretenden así devolver al campesino su poder y autonomía de antaño de tal manera que pueda producir alimentos de calidad y garantizarse así el derecho de todo ser humano a la alimentación.

*Isabel Duque es periodista y profesora de secundaria. Actualmente se encuentra participando en un proyecto de cooperación en Nicaragua con la ONG Fundación Entre Mujeres (FEM). Este artículo ha sido publicado originalmente en la versión impresa de la Revista Pueblos número 34, Septiembre de 2008.

Notas

[ 1] Informe bianual (2006) del GISSAN.

[ 2] SIMAS (Servicio de Información Mesoamericana sobre Agricultura Sostenible).

[ 3] Página web oficial de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y al alimentación): www.fao.org.

[ 4] Jornadas sobre la crisis alimentaria del PSOE en Madrid.

Fuente: Revista Pueblos