Nicaragua: "El crecimiento no siempre es desarrollo"

SIREL dialogó con Julio Sánchez, responsable del Departamento de Biodiversidad del Centro Humboldt, acerca de esta amenazante realidad.

El modelo agroexportador implementado en Nicaragua en el siglo pasado ha dejado secuelas que ya no es posible ocultar. Deforestación, avance de la frontera agrícola, una preocupante disminución de los recursos hídricos, desplazamiento de comunidades enteras, contaminación de los suelos y de las aguas y un sinnúmero de enfermedades relacionadas al uso indiscriminado de agrotóxicos sintéticos, son el producto de un sistema de explotación que ha puesto en peligro la supervivencia del país entero. Las grandes empresas agrícolas nacionales e internacionales, no obstante, siguen impulsando el mismo modelo de producción que ha llevado al país a esta situación. (Ver Sección Especial sobre Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en Nicaragua)

-¿Cómo está reglamentado el mercado de los agrotóxicos en Nicaragua y qué institución está a cargo de ello?
-Existe la Ley 274 –Ley de Plaguicidas– que establece que la autoridad designada es el Ministerio de Agricultura (MAGFOR), sin embargo, ese Ministerio en coordinación con el de Salud (MINSA) y el de Ambiente (MARENA) realizan procesos de aprobación, registro y reevaluación de agrotóxicos.
El problema se presentó cuando con la aplicación de la Ley 290 –Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo– surgienron problemas de competencias y funciones entre los diferentes ministerios, lo que generó fallas en la coordinación para dar seguimiento a la prohibición de los agrotóxicos que aparecen en la lista del Acuerdo Ministerial No. 23-2001.
Esta falta de coordinación ha fomentado el tráfico ilegal de agrotóxicos , su mal manejo y almacenamiento ilegal, e inclusive la colocación de expendios de agrotóxicos en zonas no autorizadas, como son los mercados y los cascos urbanos.
Este problema que se origina de la Ley 290 no ha sido corregido y se ha vuelto histórico y crónico. Hay una gran confusión y falta de coordinación.

-Además de los agrotóxicos prohibidos hay otra lista que conforma la nueva docena sucia. ¿Cómo se maneja esta lista?
-El Centro Humboldt integra la Comisión Nacional de Plaguicidas, en esta instancia propusimos un proceso de reevaluación de todos estos agrotóxicos. El dictamen fue que estos químicos tenían que ser prohibidos porque a nivel internacional se maneja que los agrotóxicos de “etiqueta roja”, es decir extremadamente peligrosos, tienen que salir del mercado. Ese dictamen chocó con la actitud de los gobiernos anteriores y el MAGFOR tuvo demasiada condescendencia con las empresas importadoras y productoras de agrotóxicos, en aras de un supuesto crecimiento económico del país. En Nicaragua hubo un crecimiento económico en cifras, pero no hubo desarrollo. Nunca se puede lograr desarrollo teniendo a miles de personas que siguen enfermándose, un sistema de salud sobresaturado de intoxicaciones y un Ministerio de Salud que gasta 9 millones de dólares anuales para atender a estas personas.

-En definitiva, hay 17 agrotóxicos prohibidos pero que se están utilizando en los cultivos, y otros 12 que deberían estar prohibidos pero está reglamentado su uso.
-Así es. De los 17, la mayoría de ellos se está utilizando de forma ilegal, como por ejemplo el DDT. Se ha detectado presencia de DDT en las aguas y en el suelo. Es un químico que se degrada muy lentamente y el problema es que cuando se descompone los metabolitos, llegan a ser más tóxicos que el mismo DDT.
De la nueva docena sucia el único que prohibieron fue el Monocrotofos, y esto sólo porque ya no se estaba importando. Para el resto de los productos el MAGFOR emitió un decreto que regula su uso, pero de una manera totalmente insignificante e inútil.
Para estos productos pedíamos una prohibición progresiva y así eliminar también los que estaban almacenados. En este sentido Nicaragua tiene grandes problemas. Una empresa puede traer un plaguicida al país, lo distribuye, lo vende y cuando ya no le sirve –porque por ejemplo ya se venció o no lo logró vender– lo almacena. Lo absurdo es que la eliminación de este producto almacenado ya no le corresponde a la empresa sino al Estado, y es un costo que sale de nuestros impuestos. Debería ser la empresa la responsable de llevarse su producto y de eliminarlo, pero en Nicaragua no existe un sistema para la eliminación de agrotóxicos.

-¿Y entonces que ocurre con estos?
-Simplemente se quedan almacenados en sitios no adecuados, en barriles que no prestan las condiciones y, muchas veces, estos productos se derraman y se filtran al sistema de agua. Es muy posible que existan lugares desconocidos donde se han almacenado ilegalmente barriles conteniendo productos ya prohibidos y que siguen contaminando.

-En el caso de los ex trabajadores azucareros afectados por Insuficiencia Renal Crónica, el Ingenio San Antonio –propiedad de Nicaragua Sugar Estates Limited– siempre se ha negado a reconocer una relación directa entre la enfermedad y las condiciones de trabajo. ¿Existen estudios y pruebas que puedan sustentar una relación entre estos dos elementos?
-Los empresarios y funcionarios procuran no ver lo que está pasando, porque esto implicaría una obligación moral de hacer algo. Para ellos es mejor no ver, hacerse los desentendidos y no asumir responsabilidades. Nicaragua tiene el mejor sistema de registro de intoxicaciones y de investigaciones entorno a los agrotóxicos. El Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA) ha hecho investigaciones exhaustivas en agua y hay suficientes investigaciones médicas y de ambiente que aportan todas las informaciones, que evidencian la problemática y que pueden ayudar a reconstruir la cadena lógica de sucesos. ¡Hay y se puede!
Las empresas tratan de evadir sus responsabilidades asumiendo que no existen evidencias científicas, pero estas evidencias son algo que ya no nos preocupa.

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-¿Por qué?
-Porque en nuestra legislación existe lo que se llama el Principio de Precaución, y dice que ante la incertidumbre se tiene que priorizar la protección de la salud de la persona y del medio ambiente. Esto está en la Ley General de Medio Ambiente de Nicaragua y está también ratificado en convenios internacionales. Es con base a ese principio que todos los convenios internacionales en materia de agrotóxicos se han aprobado a nivel internacional y se han ratificado en Nicaragua. Esto significa que ya no tengo que tener evidencia 100 por ciento científica para poder decir que esto está pasando.

-Pero la situación es bien compleja…
-Es cierto, y muchas veces las empresas alegan que ya existían agrotóxicos en las aguas y que a ellas esto no les compete. ¿Cómo poder, entonces, probar que se trata de agrotóxicos que ellas han utilizado? Al mezclarse sus agrotóxicos con los que ya estaban presentes en las aguas, se origina un nuevo químico que también ocasiona un impacto en la salud de las personas. Hay que tener claro que lo que hace el agrotóxico es matar, es un veneno.

-En Nicaragua se ha comenzado a hablar de los biocombustibles. ¿Cuál es la posición del Centro Humboldt al respecto?
-Creo que no hay que tomar una posición apresurada y lo estamos analizando. La siembra para biocombustibles genera monocultivos y ya hemos tenido experiencias muy negativas con ese tipo de producción. Creo que en Nicaragua se tendría que cultivar para el progreso del país, existe un déficit muy grande en la alimentación de la gente, y no es posible pensar destinar áreas que serían óptimas para el cultivo de alimentos para producir biocombustible. Otro problema es que son producciones que demandan una alta cantidad de agrotóxicos, y esto va a generar aún más problemas. No creo que este país deba estar pensando en eso, sino en rescatar sus variedades criollas, en fomentar y promover la pequeña producción campesina, para que la familia rural tenga mayores ingresos y cuente con una base económica más sólida. Nicaragua tiene que adoptar una agricultura orgánica sostenible porque, inclusive, el mismo mercado lo pide.

En Managua, Giorgio Trucchi
© Rel-UITA
16 de abril de 2007
SIREL # 1513

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