Nicaragua: Denuncian coacción y engaño para favorecer Canal Interoceanico
Representantes de organizaciones indígenas presentaron el 5 de febrero un recurso de amparo contra cuatro funcionarios por aplicar la coacción y el engaño a fin de obtener el consentimiento para la constrrucción del Gran Canal Interoceánico.
La denuncia fue efectuada por representantes del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) en el Municipio de Bluefields, en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS) y de los gobiernos comunales de Monkey Point, Wiring Cay y Bangkuku Talk.
El recurso alude a la responsabilidad de Johnny Hodgson Deering, delegado de la Presidencia de la República en la RACS; Michael Campbell, funcionario de ProNicaribe; Danilo Chang, delegado del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua (GCIN) en la RACS y Rubén López, ejecutivo del Gobierno Regional de la RACS.
Los representantes indígenas acusan a los funcionarios por vulnerar la autodeterminación del pueblo Rama y Kriol al haber presionado a miembros del GTR-K a firmar un acta expresando falsamente que se realizó una “consulta libre, previa e informada” en el territorio.y se otorgó el “consentimiento” para negociar con la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
Mediante un comunicado el Gobierno Territorial Rama y Kriol señala que la presión para suscribir el acta fue intensa durante la asamblea del 8 al 10 de enero de 2016 y los funcionarios ignoraron el pedido de los demandantes para ejercer su derecho a la asistencia de un abogado de su elección "para comprender adecuadamente el contenido" del acta a suscribirse.
Las autoridades también ignoraron la solicitud para que observadores internacionales participen en todo el proceso y profesionales independientes los asistan en la explicación técnica del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del canal, y que fue aprobado por el Gobierno de Nicaragua en 2015.
La asamblea concluyó con la firma de un acta suscrita por algunos miembros del GTR-K a la cual posteriormente se le agregó una cláusula en la que supuestamente se "aprueba el convenio de consentimiento previo, libre e informado para la Construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y Sub Proyectos en el Área Requerida (263Km2) del Territorio Rama y Kriol”.
Según la representación indígena ellos nunca dieron ningún consentimiento, no han sido debidamente informados sobre los impactos del proyecto en sus comunidades y solamente se les dijo que los dieciocho miembros del GTR-K tenían que ir a Managua a “negociar” con la Comisión Nacional de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
Cabe recordar que dirigentes del GTR-K expresaron públicamente su rechazo a los supuestos acuerdos con los funcionarios y ahora lo hacen de manera formal ante el sistema judicial de Nicaragua mediante el recurso de amparo.
Los demandantes consideran que el proceso realizado hasta ahora "no cumple con los estándares nacionales e internacionales de una consulta libre, previa e informada y mucho menos se ha llegado al Consentimiento".
Consideran que es esencial que el Estado de Nicaragua conduzca un proceso de "buena fe", por lo que instan al presidente de la Republica, Comandante Daniel Ortega, a no permitir estas ilegales y opresivas prácticas en su gobierno.
Estiman que, por el contrario, debe ser una oportunidad "para construir un nuevo modelo de relación con los pueblos indígena Rama y Kriol, propiciando un modelo de desarrollo con respeto a los derechos humanos de estos pueblos".
Los titulares de la demanda de amparo son Santiago Emmanuel Thomas, Rupert Allen Clair Duncan, Víctor Hulse Clair y Alvin McCrea Billis, miembros de los Gobierno Comunales de Monkey Point, Wiring Cay, Bangkuku Taik y del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) en el Municipio de Bluefields.
Fuente y foto: Servindi