Nadie quiere resolver la contaminación que llega al río Lempa

Guatemala, según las organizaciones que han intentado hacer llamados de atención, defiende su derecho como Estado soberano para permitir la explotación del subsuelo de las zonas próximas a su frontera con El Salvador. Y las autoridades salvadoreñas no tienen en su agenda abordar el tema.

Más de cuatro millones de salvadoreños dependen del río Lempa, de forma directa o indirecta. El río abastece al 55 % del territorio salvadoreño, aunque nace en Guatemala, y hace posible que el 37 % de los hogares del área metropolitana de San Salvador tengan agua potable. Diferentes estudios e informes concluyen que la vida en El Salvador sería inviable sin el Lempa. La importancia de este río, sin embargo, no es prioridad para las autoridades salvadoreñas y tampoco para las guatemaltecas, a pesar de los proyectos mineros que amenazan con contaminar las aguas del río.

Las representaciones diplomáticas de El Salvador y Guatemala siguen ignorando los impactos ambientales de esos proyectos mineros. Pero, en el periodo comprendido entre 2010 y 2013, la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) salvadoreña hizo los primeros acercamientos con su homóloga guatemalteca y otros organismos internacionales, para intentar poner el tema sobre la mesa. En las 11 reuniones que hubo participaron miembros de gobiernos locales y extranjeros. 

“En ese momento, la Procuraduría se activa y le da el seguimiento correspondiente. Se hacen  diversas reuniones. Se reúne con la Procuraduría Adjunta de Guatemala, se reúnen diferentes organismos centroamericanos, regionales y se llegan a acuerdos para que, haciéndole ver la importancia al Estado de Guatemala, se proteja la cuenca limítrofe que está entre Guatemala y El Salvador”, dijo a GatoEncerrado José David Sandoval, Procurador Adjunto de Medio Ambiente de la Procuraduría salvadoreña.

A pesar de los acuerdos, no hubo resultados. El objetivo final, que Guatemala prohibiera en su territorio la minería metálica para evitar las afectaciones a las aguas de El Salvador, no fue alcanzado.

La historia reciente registra que antes de esos esfuerzos hubo un antecedente en 1987. Los gobiernos de El Salvador y Guatemala, en medio de sus conflictos armados, firmaron con Honduras un acuerdo de cooperación ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Se trataba de la Declaratoria de Reserva de la Biósfera La Fraternidad, el cual apuntaba a preservar los recursos hídricos que alimentan la cuenca alta del río Lempa, así como sus recursos forestales, que son condición indispensable para el mantenimiento de las fuentes de agua.

Estos acuerdos sentaron las bases para la futura consolidación del área trinacional y el de la cooperación transfronteriza, que se vieron materializados en 1997, ya con los países transicionando a nueva etapa democrática, en “El Plan Trifinio”, donde se logró unificar los 7,541 kilómetros cuadrados y 45 municipios de los tres países en una sola unidad ecológica indivisible. Veinticuatro años más tarde, estos acuerdos se han visto vulnerados paulatinamente por la instalación de proyectos como Cerro Blanco.

Para Ángel Ibarra, ex viceministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, Guatemala nunca aceptó hablar del tema. 

“Hoy creo que se ha perdido la dinámica de reuniones bilaterales con Guatemala, pero en la gestión de Salvador Sánchez Cerén una vez apareció el tema, y Guatemala se negó a agendarlo. Ellos mantienen la tesis de soberanía de cuenca; es decir, ellos son soberanos en el marco de su territorio nacional. Entonces, eso de hablar de un manejo compartido de una cuenca transnacional está en «el cacho de la luna»”, declaró Ibarra.

Actualmente, la situación diplomática se encuentra en pausa, mientras que la amenaza de la minería metálica está a las puertas del Lempa. El gobierno de Nayib Bukele, como en los anteriores, tampoco está interesado en resolver el problema de las aguas transfronterizas.

La versión de Guatemala

Leocadio Jucuarán, quien fue diputado del parlamento guatemalteco por el partido Convergencia por la Revolución Democrática —de corte campesino-indígena— en el periodo 2015-2019, contó a GatoEncerrado que perteneció a la Comisión Legislativa Extraordinaria de Recursos Hídricos de Guatemala, donde no hubo de avances en conversaciones bilaterales que sostuvieron ambos países para resolver el tema de Cerro Blanco o la contaminación transfronteriza en general.

La única reunión de gran envergadura tuvo lugar en el Salón del Pueblo del Congreso de la República, en junio de 2016, donde se discutieron temas relacionados a proyectos que amenazaban con generar grandes daños ambientales, entre ellos el caso de la mina Cerro Blanco. En esa reunión estuvieron representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y demás miembros del parlamento que tenían en su agenda el tema ambiental.

Durante la reunión, según recordó Jucuarán, apenas se logró comentar la situación de contaminación que ya estaban provocando las exploraciones mineras en el río Ostúa y el lago de Güija, con la vaga promesa de realizar una visita in situ a Asunción Mita, así como más reuniones con representantes homólogos salvadoreños.

“En El Salvador, lo que básicamente vimos fue conocer el contexto de los pueblos, cómo iba a afectar esto a los guatemaltecos, pero principalmente a los salvadoreños y los hondureños, sobre todo por la cuestión de los ríos y las aguas que consumen”, dijo el exdiputado guatemalteco sobre la visita in situ que se realizó después de la reunión.

Después de esa reunión y de la visita in situ, las conversaciones bilaterales empezaron a ser cada vez más esporádicas. Primero semestrales y después anuales, hasta que se abandonaron del todo.

En el periodo en que ocurrieron esas reuniones, el ministro de Energía y Minas era Erick Archila, miembro del gabinete del expresidente Otto Pérez Molina, quien ya había sido señalado por casos de corrupción. Se le acusaba de haber operado una estructura que otorgaba beneficios económicos ilícitos a empresas privadas. Entre esos beneficios se encontraba la autorización de varias licencias de exploración y explotación minera en los que no se especificaba el verdadero impacto ambiental. Archila llegó a recibir US$477 mil en sobornos de este tipo.

Cerro Blanco, aunque hasta el momento no se ha destapado ningún caso de corrupción que lo vincule directamente con sobornos, sí fue parte de los permisos emitidos durante el periodo de Archila. Y también fue señalado por expertos que el estudio de impacto ambiental era fraudulento porque omitía información relevante.

La geoquímica e hidróloga Dina López señaló en su propio estudio de impacto ambiental, en 2010, “que se reconsidere la licencia de explotación que se ha otorgado a Entremares de Guatemala, S.A. (mina Cerro Blanco) debido a fallas en el estudio de impacto ambiental, hasta que no exista en Guatemala y El Salvador una ley minera que cubra los riesgos asociados a depósitos minerales ubicados en reservorios geotérmicos activos”.

Siete años después del estudio de López, en 2017, se aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador. Entre varios motivos, por presión social ante la demanda contra la minera Pacific Rim que el estado salvadoreño llevaba en ese momento, y para poder tener la solvencia de exigir internacionalmente a gobiernos como el guatemalteco que apliquen una ley similar en su territorio. Guatemala aún no aprueba una ley que prohíba la minería de metales preciosos.

Para Jucuarán, el panorama político actual, luego de la elección de 2019 y la llegada al poder de Alejandro Giammattei con el partido conservador “Vamos por una Guatemala diferente” es desalentador. Giammattei no tiene interés real en prevenir los desastres ecológicos que sus actividades extractivistas puedan tener en las comunidades más pobres de Guatemala. Al contrario, su gobierno es pro minería.

Actualmente, el parlamento guatemalteco luce similar a lo que tenía El Salvador antes de Bukele. Un Ejecutivo cuyo partido oficial, Vamos, a pesar de solo tener 17 escaños de 160, ha logrado constituir un bloque mayoritario junto con los demás partidos de derecha. Una posición de poder que favorece a empresas interesadas en obtener concesiones para megaproyectos, como Bluestone Resources con su proyecto Cerro Blanco.

“Desafortunadamente en Guatemala tenemos un gobierno que habla de soberanía, no para proteger los bienes, no para resguardar los intereses de la población en general, sino autonomía para que no se les limite nada para entregar nuestros bienes a las transnacionales”, aseguró Jucuarán a GatoEncerrado.

Los ministros de Bukele huyen al tema

A finales de abril de este año, el Colectivo Madre Selva de Guatemala lanzó una alerta ambiental sobre una posible consulta en las comunidades aledañas a Cerro Blanco para que se autorice la reactivación minera en la zona, pero ahora con un proyecto de minería a cielo abierto.

Inmediatamente, las reacciones de los grupos ecologistas salvadoreños fue de contactar con las nuevas autoridades para que retomen el tema. La Red Centroamericana por la Defensa de Aguas Transfronterizas hizo llegar una carta a la canciller Alexandra Hill Tinoco, en la que se informaba al gobierno de Nayib Bukele la urgente necesidad de abordar la temática antes de que se activen el resto de proyectos mineros que están en este momento en proceso de exploración. Solo en la frontera con Guatemala se tienen confirmado la existencia de ocho proyectos mineros. La respuesta a esta carta ha sido el silencio.

Vea aquí la carta a canciller sobre problemática en Cerro Blanco

GatoEncerrado ha intentado platicar, en distintas ocasiones, con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, y con la canciller Hill Tinoco, pero no ha sido posible. El 21 de mayo, durante la presentación de la nueva propuesta de Ley de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa, esta revista se acercó al ministro López para conversar sobre la situación de Cerro Blanco, pero el funcionario simplemente ignoró las preguntas de este medio. Esta revista también buscó a la canciller cuando se presentó en la Asamblea para entregar su informe de labores por los dos años de gobierno, pero la historia se repitió.

Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) afirma que después de pedir reuniones desde la Mesa Permanente contra la Minería Metálica y no recibir respuestas, la única opción que queda es que se trabaje el tema en el Parlamento Centroamericano.

“Ya hay una propuesta de carta presentada y un compromiso de diputados del PARLACEN para retomar el tema en el parlamento. Diputados del PCN y de Nuevas Ideas, en un foro público, se comprometieron a retomar el tema”, dijo González.

Aunque González reconoce que el PARLACEN ha sido un elefante blanco en el tema de política regional, ya que todas sus resoluciones no son vinculantes, considera que es interesante el trabajo de cabildeo y que se discuta la propuesta de tratado y de ahí se pase a los parlamentos nacionales.

David Pereira, de CEICOM (Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio), afirmó que la continua omisión de este tema que hace el Estado salvadoreño puede desencadenar una serie de demandas internacionales de las comunidades afectadas. Eso, a su vez, iniciaría una innecesaria escalada de conflictos entre naciones.

“Antes de este gobierno se entregó a Hugo Martínez (excanciller) una propuesta de aguas transfronterizas, que consideramos que es una manera de evitar conflictos futuros entre nuestros países, las comunidades y el Estado salvadoreño, por la violación de derechos humanos fundamentales que va a provocar esto (…) Eso puede generar demandas de comunidades al Estado, tanto en tribunales nacionales como internacionales. Como el responsable de esa contaminación no es el gobierno salvadoreño, sino el guatemalteco, puede terminar demandando el primero a este último. Eso puede generar conflictos serios”, declaró Pereira.

Al momento de cerrar esta nota, la empresa minera dueña de Cerro Blanco reportó que su estudio de factibilidad junto con el permiso ambiental para operar estará listo el primer trimestre de 2022. Mientras tanto, El Salvador y su diplomacia siguen sin asumir un compromiso para cuidar el agua del que dependen más de cuatro millones de salvadoreños.

Fuente: Gato Encerrado