Mujeres resisten al acaparamiento de tierras y a la zona franca en región de Haití
"Al impedir que estas mujeres puedan trabajar en sus plantaciones, el gobierno conducido por los intereses del capital pone en riesgo la seguridad alimentaria de varias familias. Las acciones violentas que expulsan a las mujeres de sus espacios de lucha y transformación son una herramienta sistemática para la ganancia. Los industriales haitianos operan como intermediarios de grandes empresas transnacionales de varios sectores, como es el caso de la Coca-Cola, en una dinámica imperialista".
En Haití, las mujeres trabajadoras y campesinas buscando sus derechos, criaron en 1986 la red Solidaridad de Mujeres Haitianas (Solidarite Fanm Ayisyèn – SOFA) que desde entonces ha reunido y organizado la lucha feminista en el país. Las mujeres agricultoras asociadas a la SOFA tienen 13 hectáreas de tierra destinadas a la agricultura orgánica otorgadas en 2017 por el gobierno haitiano. En ese espacio, ubicado en la comuna de Saint-Michel de L’Attalaye, se encuentra la Granja Escuela de Agricultura Orgánica Délicia Jean.
En mayo de 2020, el territorio fue reivindicado por Andy Apaid Jr., un magnate haitiano conocido por liderar el Grupo de 184, la coalición que, en 2004, retiró del poder Jean-Bertrand Aristide (primer presidente haitiano democráticamente electo) a través de un golpe de Estado en colaboración con los Estados Unidos de Norteamérica. La acción de ocupación del territorio organizada por Apaid fue brutal con los militantes de la SOFA y destruyeron las cercas levantadas por las participantes del proyecto, que demarcan un territorio de igualdad y de producción sin veneno y explotación. El objetivo del acaparamiento de esas tierras es producir estevia para hacer edulcorantes para uso de la Coca-Cola.
Durante el periodo de existencia de la Granja Escuela, más de 240 mujeres tuvieron formación sobre técnicas de agricultura orgánica, lo que les permitía una mayor producción y más diversificada, fortaleciendo la soberanía alimentaria en la región de Artibonite. El trabajo de la SOFA en el sitio también hizo posible la cosecha y distribución de semillas de diversos alimentos. Las mujeres agricultoras son guardianas de las semillas en muchos territorios y juegan un papel fundamental para la diversidad de la naturaleza, la ascendencia y la alimentación de las comunidades.
Ante esa agresión, la SOFA presionó al ministro de Agricultura Pierre Patrix Sévère, pero él solo indicó a la organización que tratara de negociar los derechos sobre la tierra directamente con Apaid. La organización se recusó a seguir ese camino, entendiendo que la desigualdad de poderes e intereses en ese tipo de negociación no podría traer victorias populares. El ministro, entonces, notificó a SOFA con una propuesta de acuerdo con el usurpador. La propuesta avalada por el gobierno va contra las leyes haitianas sobre conflictos de tierra.
Al impedir que estas mujeres puedan trabajar en sus plantaciones, el gobierno conducido por los intereses del capital pone en riesgo la seguridad alimentaria de varias familias. Las acciones violentas que expulsan a las mujeres de sus espacios de lucha y transformación son una herramienta sistemática para la ganancia. Los industriales haitianos operan como intermediarios de grandes empresas transnacionales de varios sectores, como es el caso de la Coca-Cola, en una dinámica imperialista.
El territorio
La Savane Diane cubre un territorio que atraviesa tres de los departamentos agrícolas más grandes del país: el Norte, el Centro y el Artibonite. Debido a la importancia agrícola de la región, la Savane Diane fue clasificada por el Ministerio de Agricultura en 2018 como una de las cinco áreas prioritarias para garantizar la autosuficiencia alimentaria del país. El bioma cubre cerca de 200 mil hectáreas y en él son producidos todos los tipos de alimentos: guisantes, abelmosco (gumbo), arroz, maní, caña-de-azúcar, mijo, moringa, diversas variedades de frutas, además de plantas medicinales cuya producción fue de inmensa importancia en la batalla contra la covid-19.
Pero, el 08 de febrero de 2021, el presidente Jovenel Moïse y el ministro de Agricultura han convertido el área en una zona franca para cultivo de exportación, medida que dificulta la posibilidad futura del país de proveer alimentos a su propia población. Moïse, que se mantiene en el poder a través de un golpe de Estado, ganó las elecciones en 2016 con el discurso de que alimentaría a toda la población.
Zonas francas, zonas de explotación
En esta nota Sabine Lamour, coordinadora general de la SOFA, ironiza la decisión de Moïse:
“El 08 de febrero de 2021, 24 horas después del término del mandato del Sr. Jovenel Moïse, fue publicado un decreto en el diario oficial Le Moniteur que trae la firma de un ministro que ya no forma parte del gobierno de facto. Lo que demuestra que estas personas están ansiosas por ejecutar sus esquemas que, incluso lo incorrecto, ellos lo hacen de manera equivocada”. Las zonas francas son territorios destinados exclusivamente para producir para el exterior. Ese tipo de concesión exonera a las empresas del pago de impuestos aduaneros o a la Dirección General de Impuestos [Direction Générale des Impôts – DGI] por 15 años, en una lógica tributaria injusta, alimenta, por un lado, el lucro de las transnacionales y por otro, el déficit y las deudas en un país ya empobrecido.
Declarar Savane Diane zona franca es permitir la destrucción de la naturaleza y de la agricultura familiar. En ese proceso, las y los agricultores se ven obligados a trabajar en las fábricas, en particular en la fábrica de provisión de stevia para la Coca-Cola. Sus vidas se vuelven más precarias, su trabajo penoso y mal pagado, y no hay ningún tipo de compensación social, ya que no hay justicia en ese proceso. La población de la Meseta Central, del Norte y de Artibonite se ve obligada a dejar el país para trabajar en los campos de caña de azúcar de República Dominicana o para huir en embarcaciones y exponerse a los riesgos asociados a las malas condiciones de los viajes marítimos, sin garantías de que podrán entrar en el país donde buscan refugiarse (a esas personas se las conoce como “boat people“). En otras palabras, la concesión refuerza la inseguridad alimentaria y el empobrecimiento del país incluyendo la feminización de la pobreza.
El debilitamiento de la organización popular haitiana por parte del Estado y por el poder de las grandes corporaciones está cada vez más latente, aunque invisible, como señala Islanda Micherline en un video enviado al Capire. La situación política de Haití es un asunto poco comentado en los medios tradicionales internacionales, acción motivada por la lógica que ve con normalidad la violencia y acaparamiento de tierras en el sur global. En marzo de 2020, un promedio de 4,1 millones de personas en Haití no tenía suficiente para comer¹. Ahora las actuales condiciones estatales del país, acompañadas de industriales, quieren llevar una parte aún mayor de la población al hambre y la miseria.
Cuando la producción de los departamentos del Norte, Artibonite y Centro desaparezca y sea reemplazada por la stevia, mucho más haitianas y haitianos sufrirán los dolores de la pobreza inducida. Por eso, la resistencia permanente da las compañeras agricultoras clama por solidaridad feminista internacional y ejerce un papel fundamental: el de cambiar esa ruta de desigualdad, y retomar ese y todos los territorios del pueblo como espacios de libertad, dignidad y soberanía.
Fuente: Capire