Mujeres amazónicas declaran la defensa de la selva y contra el extractivismo

Esa es una de las conclusiones del foro “Mujeres amazónicas: violencia y extractivismo”, que se celebró este lunes en la Universidad Católica de Quito como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Alicia Cahuía, dirigente del pueblo indígena waorani, aseguró en el encuentro que la constante explotación petrolera y minera, así como la instalación de varias plantas hidroeléctricas en la selva ecuatoriana, no han contribuido al progreso de las comunidades amazónicas.

El dilema del extractivismo para las mujeres amazónicas 

Más bien, dijo Cahuía, esas actividades han traído “pobreza” y “problemas” para los pueblos amazónicos como la contaminación de los ríos, de extensas zonas selváticas y de los recursos que contienen.

“No más petróleo, no más carreteras, no más explotación”, reclamó la dirigente de la etnia waorani, tras recordar que ella nació en el Yasuní, una zona protegida, pero que ahora luce con plataformas o con proyectos de extracción de crudo.

Además, remarcó que en el Yasuní, una zona protegida por el Estado y las leyes, habitan pueblos en aislamiento voluntario, los tagaeri y los taromenane, ambos ligados a los waorani.

“Basta, aquí es mi casa”, pero también es una selva que aporta “aire limpio para todo el mundo”, apostilló Cahuía al remarcar que las mujeres amazónicas defienden “esta selva para que vivan todos”.

Por ello, reclamó un mayor aporte de la sociedad en la defensa de la Amazonía y reprochó el hecho de que varias líderes de la región hayan sido amenazadas o enjuiciadas por oponerse al extractivismo y proteger la selva.

La mujer indígena triplemente vulnerada 

De su lado, Blanca Chancoso, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), señaló que el extractivismo afecta a todos los pueblos indígenas, tanto de la Amazonía como de los Andes y de la zona costera.

Según ella, el extractivismo ha significado pobreza para la mayoría de la población en Ecuador, pero dijo que ha sido particularmente violenta contra las mujeres indígenas, porque además son afectadas por la discriminación, el racismo y la explotación.

Chancoso se refirió también a la difícil coyuntura económica y recordó el papel de las mujeres organizadas durante las protestas de octubre pasado, cuando se convocó a un paro nacional contra unas medidas económicas del Gobierno.

Según la dirigente, en esas manifestaciones, entre el 3 y el 13 de octubre, “la violencia vino del Estado” para tratar de imponer una eliminación de subsidios a las gasolinas, que al final fue derogada por la presión popular.

Chancoso dijo que es posible que el Gobierno ecuatoriano persista en ajustes económicos antipopulares, porque así se plantea en una carta de intenciones para un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional.

La dirigente dijo que la Conaie tiene una propuesta económica alternativa que conoce el Gobierno, por lo que proponen que sea sometida a una consulta popular, aunque no dio más detalles.

Política Pública para las defensoras de derechos 

De otro lado, María José Veramendi, que integra una misión de Amnistía Internacional para atender la situación de cuatro mujeres amazónicas amenazadas de muerte por su posición en defensa de la selva, remarcó la propuesta de la ONG para que el Gobierno ecuatoriano asuma una política pública de protección a defensores de derechos humanos.

Veramendi, que también participó en el foro, señaló que es prioritario la protección de la selva como pulmón del mundo y que por ello “hay que defender a quienes la defienden”.

Se lamentó de que el Estado ecuatoriano no haya avanzado en la investigación sobre las amenazas de muerte contra las mujeres indígenas y dijo que ha venido a este país para hablar con las autoridades sobre estos casos, a los que el Gobierno ya se había comprometido en atender.

La socióloga Susana Espinosa, de su lado, presentó un “Atlas Pan-amazónico”, un texto que recoge datos relevantes sobre esta cuenca que la integran países como Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil, Bolivia y Perú.

La Amazonía tiene ocho millones de kilómetros cuadrados, un 60 por ciento de los cuales corresponde a zonas protegidas o territorios de pueblos indígenas ancestrales, donde se ubican 130 grupos nativos en aislamiento voluntario.

Espinosa identificó entre los más importantes problemas de la Amazonía la “ausencia del Estado” para atender las necesidades de sus poblaciones, así como las afectaciones socioambientales producidas por diversas actividades, especialmente las extractivistas.

La necesidad de una vida digna en un ambiente sano, así como asuntos relacionados con la propiedad de la tierra, son también las necesidades de la mayoría de pueblos que habitan la cuenca amazónica, remarcó Espinosa.

Fuente: Contacto Hoy