Monocultivos y derechos humanos
El pasado 15 de junio fue presentado un Informe latinoamericano sobre monocultivos y violaciones al derecho a la alimentación y vivienda adecuadas, el agua, la tierra y el territorio.
A partir de la documentación de 26 casos, la publicación, coordinada por FIAN (Food First Information and Action Network), HIC-AL (Coalición Internacional para el Hábitat) y Solidaridad Suecia-América Latina (SAL), que lleva por título Azúcar roja, desiertos verdes, da cuenta del avance de monocultivos para la generación de combustibles y fines agroindustriales desde México hasta Argentina, como parte de las políticas de desarrollo de los gobiernos nacionales y agencias multinacionales.
Los casos de 11 países de América Latina muestran cómo en los últimos años la producción de agrocombustibles se ha convertido en un sector estratégico de inversión para muchas naciones. Grandes consumidores de energía, como Estados Unidos y la Unión Europea, están impulsando fuertemente la producción de dichos combustibles para disminuir su dependencia de los fósiles externos, argumentando que constituyen energías limpias que reducen las emisiones de gas y la contaminación a escala mundial. Este modelo, que arranca en los años 50 con el apoyo gubernamental, se fue fortaleciendo con el creciente respaldo del capital privado, que resulta altamente favorecido. A pesar de ello, los casos comprueban las críticas hechas en las últimas décadas sobre sus impactos, que son sin duda una violación sistemática de múltiples derechos humanos: concentración del acceso y control de la tierra, el agua y los recursos naturales, con el consecuente desalojo de campesinos y pueblos originarios de sus lugares; degradación de suelos y fuentes de agua, y destrucción de los ecosistemas; deforestación y producción de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático; destrucción de las economías y culturas rurales, con el consecuente éxodo forzado a las ciudades; condiciones de trabajo precarias en las plantaciones y uso intensivo de pesticidas que afectan la salud de las y los trabajadores, así como producción de alimentos de dudosa calidad nutritiva.
El informe destaca la mayor discriminación hacia la mujer, ya que la fuerte presión para cambiar de cultivos alimentarios a industriales acarrea mayor riesgo de que los hombres arrebaten a las mujeres las tierras, agua y otros recursos productivos de los que disponían, para dedicarlos a la siembra de cultivos de mayor valor monetario. En la introducción se reconoce que si bien hay diversos estudios sobre los monocultivos, los agrocombustibles y los problemas que traen consigo, poco se ha dicho, y menos documentado, desde la perspectiva de los derechos humanos. En ese sentido, propone pensarlos desde esa óptica, y que las comunidades y poblaciones afectadas recurran a ellos, los utilicen en sus estrategias de defensa y lleven sus quejas a los sistemas nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.
El caso mexicano incluido en el informe analiza el impulso de la palma africana a finales de los años 40 en Chiapas. Denuncia cómo los recursos presupuestales asignados al sector agropecuario son mayoritariamente destinados al fomento de los monocultivos y a la agricultura de exportación, mientras el apoyo a los cultivos alimenticios y a la agricultura familiar campesino-indígena recibe magras porciones de los recursos públicos. A pesar de los índices de pobreza rural e indígena, el Estado incumple así las obligaciones asumidas con su ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en 1981.
Fuente: La Jornada