Minería en Panamá: gesta histórica de comunidades de Petaquilla

Así constó en acta levantada por los moradores al culminar su jornada de protesta por la depredación de bosques, ríos y animales ocasionada por la extracción de oro.

Durante el pasado lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de abril, entre 70 y 200 moradores se dieron cita y se turnaron las 24 horas del día en el campamento improvisado que cortó toda comunicación al proyecto minero, obligando a la empresa a usar helicópteros para pasar equipos y personal hacia los distintos campamentos. Llegaron moradores de Coclesito, Villa del Carmen, Pozo Redondo, Palmarazo, San Juan de Turbe, Loma Blanca, Tres Quebradas de Turbe, Vista Alegre de Cuatro Calles, Nuevo Sinaí, Nuevo San José, Primera Corriente, Caimito, Toabré, San Juan Centro, Llano Grande, La Pintada , etc.

La causal inmediata de la protesta fue la contaminación que se produjo desde principios de marzo del Río San Juan y Río Molejones, hasta Coclé del Norte en las costas caribeñas de Colón, que ocasionó una mortandad extraordinaria de peces, camarones, búfalos, terneros, tucanes, conejos, perros, iguanas, merachos, tortugas y peces del mar. La acción comunitaria tendió una soga a lo ancho de la carretera, de la cual colgaban pancartas alusivas al rechazo de las empresas mineras de Panamá y Canadá. En los fogones se cocinaba guacho de pollo, café y pixbae en enormes pailas y ollas.

La Corregidora Saturnina Ortega se apersonó acompañada de policías cada día para forzar al Comité pro Cierre de Mina Petaquilla a levantar el plantón, amenazando con tomar medidas “lamentables”. Conforme a testigos presenciales, en su oficina de Coclesito, la Corregidora llegó a expresar que “bombardearía” a los moradores alzados, mas no tuvieron efecto sus amenazas sobre los pobladores, que se mantuvieron firmes.

Cuando el pasado miércoles, la Corregidora preguntó por los dirigentes o responsables de la protesta, absolutamente todos, adultos y niños, levantaron valientemente la mano. Al acusar la Corregidora a los moradores de atentar contra la seguridad del Estado, éstos le explicaron que son las empresas y el gobierno quienes realmente están atentando contra la seguridad del Estado, contra la seguridad ciudadana y contra el derecho a la vida.

En el sitio, distintas comunidades se turnaron para montar guardia día y noche, preparar alimentos, obtener agua potable y dar abrigo a quienes pernoctaron día tras día, entre los cuales había niños. Al plantón se sumaron la abogada Celma Moncada, de Fundación Humanitas, María Muñoz, de la Coordinadora Campesina por la Vida , Carmencita Tedman MacIntyre, de la Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas y la Asociación pro Defensa de las Cuencas Hidrográficas, Rubén Bernal, de la Asociación de Productores Agrícolas de La Pintada , además del Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá) y el representante del Corregimiento de San José del General, Toribio Valdés, quien respaldó la acción de protesta y pidió a la Corregidora no atropellar al pueblo, porque estaba actuando con “cordura”.

La acción fue apoyada por vehículos particulares y comerciales, que hicieron donaciones de alimentos y dinero en efectivo. Solamente se permitió pasar a un vehículo de la empresa, que lo solicitó por carta, para trasladar a un enfermo. La interrupción fue total y no hubo movimiento de equipo, abastecimiento, vehículos y maquinaria de las empresas mineras en ambas direcciones.

Petaquilla Gold ha devastado cientos de hectáreas y contaminado muchas fuentes de agua, tanto superficiales como freáticas, destruyendo construcciones rústicas para el abastecimiento de agua en las comunidades; ha invadido fincas tituladas y no tituladas; ha destruido y desviado ríos, quebradas y manantiales; ha depositado materiales y combustibles contaminantes en sitios no autorizados ni seguros; ha adquirido por vías ilícitas considerables áreas de tierra; ha construido vados que impiden la navegación por bote; ha removido y derrumbado cerros; ha destruido casas de las comunidades indígenas; ha usado explosivos sin protocolos de seguridad y sin licencia, con alto peligro para los residentes, fauna y flora.

Según la ANAM , la contaminación de las aguas ha sido corroborada en sus propios laboratorios, procediendo dicha entidad a multar y a suspender el proyecto minero, que aún carece de Estudio de Impacto Ambiental para dichas actividades. Sin embargo, la corruptela aún remanente en la Corte Suprema de Justicia ha suspendido temporalmente la multa a Petaquilla Gold, que tiene tentáculos profundos en las entrañas del poder.

Mientras, a pesar de la publicidad demagógica de los mineros, en Coclesito solamente hay electricidad unas pocas horas al día; únicamente hay un teléfono público, de energía solar, que la mayor parte del tiempo es inservible; ni en la escuela ni en el Centro de Becarios del IFARHU hay agua potable; los niños y estudiantes padecen de deshidratación por falta de agua, y en el centro de salud no hay ni equipos ni medicamentos, lo que obliga a los pacientes a viajar hasta Penonomé. Las comunidades indígenas de Nueva Lucha, Río Palmilla y Nuevo Sinaí aún esperan la ayuda del gobierno o la cruz roja para aliviar la destrucción de sus casas y escuelas ocasisonada por las inundaciones de noviembre y diciembre pasados.

En cambio, Petaquilla Gold mantiene un esquema de intervención y mediatización en la estructura social de Coclesito y dentro de todas las instituciones del Estado, que incluye a funcionarios de educación, salud, corregiduría, alcaldía, diputados y gobernación, la cual le permite a la empresa ejercer enorme influencia en las provincias de Colón y Coclé y neutralizar las demandas, denuncias y querellas que los moradores y el Comité hemos interpuesto en su contra.

La resistencia y el rechazo a los proyectos mineros de oro, cobre y otros metales han ido en aumento en toda la región, pero las empresas han reaccionado con intervenciones en las comunidades, donde han prometido proyectos públicos; han integrado comisiones favorables a sus proyectos insostenibles; han intentado penetrar en las comunidades indígenas y de dividir y debilitar al Comité pro Cierre de Petaquilla; han esparcido rumores falsos de que sus dirigentes se han vendido a las mineras o que los asesores han claudicado; han promovido reuniones entre las comunidades, las empresas, los concejales y los candidatos a las elecciones, con el fin de crear un ambiente conciliatorio, ganar tiempo y lograr una moratoria con el supuesto fin de revisar el código minero sin cancelar la minería.

En esta confabulación contra nuestro país y, sobre todo, contra nuestros pobres, hay que decirlo, porque es verdad: que el obispo de Colón, Audilio Aguilar, es totalmente favorable a las mineras pese a que el actual Papa ha declarado que la destrucción de la Naturaleza constituye pecado mortal. La persecución de la Iglesia Católica contra los misioneros claretianos que fueron expulsados a fines de 2007 y contra los padres franciscanos de La Pintada expulsados este año, así como las amenazas contra los Delegados de la Palabra contrarios a la minería, es más que evidente.

Pero el problema no reside en el código minero sino en la absoluta convicción de que Panamá debe impedir la destrucción de sus recursos naturales, su fauna y flora, los ecosistemas, los bosques vírgenes, los humedales y la biodiversidad de una de las zonas hasta ahora mejor protegidas en la república de Panamá, ya que sin ellos no hay futuro.

Hoy luchamos en Petaquilla en nombre de todos los panameños para anular los cientos de contratos de minería metálica a cielo abierto que amenazan nuestra existencia nacional.

Exijamos la total prohibición de la minería metálica a cielo abierto en Panamá y apoyemos a nuestras comunidades paupérrimas en su lucha, porque, como reza una pancarta del Comité pro Cierre de Petaquilla en el centro del plantón:

¡La vida es primero, fuera el proyecto minero!

Panamá, 10 de abril de 2009.

Fuente: Panamá Profundo