Militarización pone en riesgo a defensores del territorio
La militarización de las comunidades es un paso previo a la estigmatización y criminalización de personas que defienden los territorios y los derechos ambientales.
César Ernesto Hernández
América Latina.- La militarización de las comunidades en América Latina pone en riesgo a los defensores del territorio, opinaron expertos en derechos humanos de América Latina.
Durante un evento paralelo a la COP 3 del Acuerdo de Escazú, diversos organismos de defensa ambiental revisaron las distintas barreras a la accesibilidad a los derechos ambientales en diversos países latinoamericanos. Entre las consideraciones del panel, Gustavo Redín de CEDENMA (Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente) compartió que la militarización de los países latinoamericanos “evidentemente pone en riesgo a los defensores del territorio”.
“En el momento en el que tú militarizas un territorio para hacer una consulta ambiental, como en Palo Quemado, terminas generando un conflicto interno en la comunidad y a raíz de ese conflicto empieza la estigmatización y criminalización de los defensores ambientales”, indicó.
Por su parte, Sofía Jarrín de Amazon Watch, señaló que la militarización sí es un tema de preocupación para Latinoamérica en el contexto del acuerdo de Escazú, puesto que, en el caso de Ecuador, el estado no ha brindado garantías de protección, mecanismos concretos ni claridad sobre los protocolos de los militares para garantizar la seguridad tanto de la población civil como de las defensoras y defensores del territorio.
“Sí preocupa mucho la presencia militar que se ha establecido como medida extraordinaria para combatir el crimen organizado”, añadió.
¿QUÉ PASA EN PALO ALTO?
A finales del mes de marzo el Gobierno de Ecuador envió a militares a ocupar el pueblo de Palo Quemado, sitio donde se lleva a cabo un proceso de consulta con el fin de dar permisos para el proyecto minero La Plata, de la empresa minera canadiense Atico Mining. También en esta zona, 70 líderes comuneros se encuentran siendo ivestigados por terrorismo por parte de la Fiscalía Ecuatoriana.
En Sinaloa, un proceso similar de consulta se ha llevado a cabo en la bahía de Ohuira en Topolobampo, donde la empresa alemana Proman busca instalar una planta de Amoniaco en contra de los deseos de sus pobladores indígenas. Acá las agresiones han llegado hasta las amenazas de muerte.
ESTIGMATIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN
Durante el evento virtual, los panelistas analizaron experiencias comparadas entre Ecuador, Chile y Perú en la implementación de entornos seguros y propicios para personas defensoras; y entre las conclusiones se consensuó que a partir de la adopción y la firma del acuerdo de Escazú en el año 2018, siguen existiendo factores sociales, económicos y culturales que afectan directamente el trabajo de las y los defensores de la naturaleza en la región. Entre estos, la criminalización, un discurso de estigmatización y discriminación por género o grupo poblacional.
Otra de las conclusiones es que los gobiernos que han ratificado el acuerdo no han dado con los mecanismos generales adecuados de protección, tampoco se han generado los protocolos legales necesarios ni los procesos de evaluación de los mismos. Esto pone en riesgo y afecta el derecho a la participación de las poblaciones en los asuntos ambientales, opinó al respecto, Bastián Nuñez de Earth Law Center.
En todos los casos, los expositores indicaron que el aumento de riesgos a las personas defensoras está estrechamente relacionada con proyectos productivos o extractivistas, tanto legales como ilegales, sobre todo en territorios indígenas y rurales; tal es el caso de actividades como la minería, las actividades petroleras o el establecimiento de industrias.
DEFENSORES EN MÉXICO
En México la situación de las defensoras y defensores del territorio y los derechos ambientales no dista del escenario regional y muestra una tendencia preocupante al alza.
De acuerdo con el informe anual 2022 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), las agresiones contra defensores ambientales en México aumentaron un 82.4% en comparación con el año 2021.
Entre los tipos de agresiones más comunes se encontraron las amenazas, el hostigamiento, el acoso, la difamación, la criminalización, el desplazamiento forzado y el asesinato.
El informe destaca algunos casos emblemáticos de violencia contra defensores ambientales, como el asesinato de Samir Flores Soberanes, líder indígena opositor al proyecto hidroeléctrico La Parota en Guerrero, y el ataque armado contra integrantes del colectivo “Comunidades Unidas en Defensa de la Tierra” en Morelos.
Además, hace un llamado a las autoridades para que tomen medidas urgentes para proteger a los defensores ambientales, incluyendo la investigación y el castigo de los responsables de las agresiones, la implementación de medidas de protección efectivas y la creación de un ambiente propicio para la defensa del medio ambiente.
Cifras:
- 582 agresiones registradas en 2022
- 17 asesinatos de defensores ambientales
- 148 casos de intimidación
- 116 casos de hostigamiento
- 64 casos de amenazas
- 61 casos de agresiones físicas
- 36 casos de daño a propiedad
¿QUÉ SÍ HA HECHO MÉXICO?
Entre lo reportado por el CEMDA como avances en México en torno a la protección a defensores ambientales, se ha documentado la creación del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales en 2020, la elaboración de la Estrategia Nacional de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales (en proceso) y la capacitación a funcionarios públicos en materia de derechos humanos y defensa ambiental.
Sin embargo, el organismo también acusa una falta de voluntad política, impunidad en la mayoría de los casos de agresiones y la criminalización de la defensa ambiental.
¿QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ?
El Acuerdo de Escazú es un tratado histórico firmado por 24 países de América Latina y el Caribe en 2018 que tiene como objetivo principal garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información ambiental, participar en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente y acceder a la justicia en caso de afectaciones ambientales.
El mismo entró en vigor el 22 de abril de 2021, dos años después de su firma y este 2024 se conmemoran sus 3 años.
Fuente: Espejo