México: visten de legalidad desalojos proyectados para la inversión turística en Chiapas
Con notable sincronía, el viernes 24 el Congreso del estado aprobó por unanimidad una “ley de desalojos” que se presenta como “humanitaria”, pero inevitable, pues los desahucios continuarán, según indica el espíritu del nuevo reglamento y la realidad cotidiana de Chiapas. Simultáneamente, los administradores priístas de Agua Azul, municipio de Tumbalá, convertidos en “guardias forestales”, exigieron al gobierno el desalojo de los “invasores” zapatistas, sin decir que se refieren a la comunidad Bolon Ajaw.
Identificados como “ex miembros” de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), exigieron que las autoridades “restablezcan el estado de derecho en esta área ecológica federal” y “procedan al desalojo de un grupo invasor y ecocida (presuntos zapatistas), sea de la ideología que sea, porque nadie puede estar por encima de las leyes”.
Los representantes de la Sociedad de Ecoturismo de las cascadas de Agua Azul, Geremías López Hernández, Alberto López Urbina, Salomón Moreno López y Pascual López García, pidieron, mediante oficio, “la urgente solución, antes de que ocurran enfrentamientos lamentables y se atente contra turistas locales y extranjeros”.
Siendo guardias institucionalizados, ¿están pidiendo permiso, o refuerzos? Como se sabe, el trasfondo de esa disputa (artificial a todas luces, pues los ejidatarios “turísticos” de Agua Azul no tienen derechos territoriales sobre las tierras habitadas por zapatistas) son los planes para construir una autopista de San Cristóbal a Palenque y un centro “ecoturístico” en Agua Azul.
Autopistas, ecoturismo y desalojos: son obsesiones del gobierno para convencer a los empresarios de que hay terreno seguro para la inversión, y si extranjera, mejor. Estos días se han movido muchas fichas, a ver si alguna pega.
Por más campanas que echaron a vuelo las informaciones oficiales de Tuxtla Gutiérrez, durante la visita del presidente Felipe Calderón al final de la semana anterior, no se dio el esperado banderazo a la autopista de cuota San Cristóbal-Palenque. Aunque se otorgaron recursos para proyectarla, y se declaró que la planeación iniciará en 2009, aún falta que el gobierno del estado adquiera las tierras del trayecto.
Tal vez si se confirman la participación de capital español y de la Unión Europea, asuntos que estos días han estado y seguirán estando sobre la mesa. Hay incertidumbre.
Citando al poeta, y tío oficial en Chiapas, Jaime Sabines, Calderón se refirió este jueves al pueblo con el que él puede entenderse, en un acto “multitudinario”, según los boletines. Cerca de Tuxtla Gutiérrez, miles de personas interrumpían con aplausos el discurso del Presidente, que anunció inversiones en infraestructura y desarrollo turístico.
En ese contexto, y teniendo como tema la “competividad”, los mismos días 23 y 24 se celebró la Asamblea Nacional 2008 de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tuxtla Gutiérrez. En representación del gobernador Juan Sabines Guerrero, el secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos, Roberto Albores Gleason, proclamó con entusiasmo: “Chiapas es un paraíso de oportunidades; la entidad cuenta con 30 por ciento de la vegetación en México; 28 por ciento de la capacidad de almacenamiento de agua dulce; es tercer productor de gas natural, y de 47 por ciento de energía hidroeléctrica”. Insistió en que el estado “es un paraíso para la inversión”. Y ofreció la proyectada autopista como si ya existiera.
Allí mismo hubo conferencias magistrales de mucho cartel: El poder de la productividad, del neoliberalísimo William Lewis, socio de Mckinsey and Company y fundador del Global McKinsey Institute, y Obstáculos culturales a la libre competencia, del editor e historiador Enrique Krauze, quien reveló cuánto teme aún que el movimiento “mesiánico” de Andrés Manuel López Obrador pueda triunfar si “aprovecha” el desencanto y el desasosiego. Y en la nuez de su pensamiento, la libre competencia como oferta cultural.
En tanto, los caminos y las calles de Chiapas, urbanos y rurales, están en pésimas condiciones. No hay dinero. Esa infraestructura no urge; sólo la “detonadora” del desarrollo empresarial. Ha de ser por eso que, antes de atender las exigencias populares que originan la ocupación y defensa de tierras, caminos, recursos naturales y centros ceremoniales, se reglamentan los futuros desalojos.
Fuente: La Jornada