México: trasnacionales y agrotóxicos
Tan sólo diez empresas trasnacionales dominan 89 por ciento del mercado mundial de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas) y destacan principalmente las de origen europeo y de Estados Unidos.
Aunque no hay reportes accesibles al público de las ventas de plaguicidas por empresa, en México el mercado de agroquímicos alcanzaba casi los 700 millones de dólares en el 2007, según el informe anual del 2008 de la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria (AMIFAC) con 56 empresas asociadas, donde destacan la presencia de las principales trasnacionales en su consejo directivo.
El control trasnacional del mercado de plaguicidas en México se consolidó con la política neoliberal y firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, al privatizarse Fertimex –la empresa estatal que producía y comercializaba algunos de ellos– liberar los aranceles, y terminar con la distribución estatal por medio del Banco Nacional de Crédito Rural. Todo esto consolidó la dependencia de los ingredientes activos y productos formulados en otros países.
La Comisión Intersecretarial para el Control y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes, y Sustancias Tóxicas (Cicoplafest), donde participan todas las secretarías que intervienen en la gestión del uso de plaguicidas (incluyendo las de Salud, Agricultura y Medio Ambiente), ha privilegiado la simplificación administrativa para facilitar el registro, la importación y exportación de plaguicidas por encima de medidas eficaces de prevención y control de sus dañinos efectos en la salud y el ambiente. Se cuida que los plaguicidas en los alimentos de exportación no se conviertan en barreras técnicas al libre comercio, por encima de garantizar el cumplimiento de la poca normatividad existente para proteger la salud y el ambiente de la población.
Se protegen los intereses comerciales que dominan el mercado de plaguicidas pero se nos niega el derecho a saber cuánto, qué y en dónde se aplican los cientos de toneladas de agrotóxicos y biocidas en el campo y la ciudad, al no existir la obligación de un registro de su uso a lo largo de la cadena comercial. Es importante destacar que en California, Estados Unidos, este registro existe y permite descubrir la tendencia y lugares donde más se usan plaguicidas, y los ciudadanos pueden exigir los lugares prioritarios para establecer metas de reducción en su uso. En México alabamos la modernidad tecnológica del vecino del norte pero no incorporamos los pocos avances conquistados por la lucha ciudadana.
La dependencia de los plaguicidas químicos para el control de plagas y los riesgos que esto ocasiona han sido reconocidos como un problema mundial. La propia Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha planteado a los países la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos y el fomento de buenas prácticas agrícolas, para cumplir el acuerdo internacional del Enfoque Estratégico para la Gestión de las Sustancias Químicas a nivel internacional (mejor conocida por sus sigla en inglés como SAICM).
Del Catálogo Oficial de Plaguicidas (excluyendo atrayentes, repelentes y estimulantes), encontramos que del total de los 414 ingredientes activos aprobados, un 18.6 por ciento (77) tienen una mayor toxicidad aguda, y casi la tercera parte (133) están dentro de la lista de posibles o probables causantes de cáncer (clasificados por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer y por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, de Estados Unidos) o causan disrupción endocrina (hormonal). Esto representa un perfil de toxicidad muy preocupante dadas las condiciones de vulnerabilidad de la población trabajadora y comunidades expuestas, generalmente pobre, desnutrida y con malas condiciones de seguridad e higiene. Si un gran número de las intoxicaciones agudas con plaguicidas no se reportan, o se reportan sin indicar el plaguicida que causó el incidente; en el caso de las enfermedades crónicas, que tardan años en manifestarse o cuyos efectos irreversibles aparecen años después, nos enfrentamos a una situación de riesgo fuera de control, donde las víctimas sufrirán de manera individual o familiar situaciones que el gobierno está obligado a prevenir.
Se requiere un cambio profundo de las políticas neoliberales, apoyar las alternativas orgánicas y agroecológicas ir más allá de la mera sustitución de insumos y articularse con una política que fortalezca la soberanía alimentaria, como han planteado diversas organizaciones campesinas y ciudadanas.
Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM)
Fuente: La Jornada del Campo