México: los pueblos del Popocatépetl, militarizados para imponer megaproyecto

Ante las incursiones del ejército y la policía para resguardar a las empresas que construirán el gasoducto del Plan Integral Morelos –que atravesará los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos-, el activista Juan Carlos Flores, preso por su participación en la defensa de la tierra, denuncia la normalización de esta práctica, la violación al derecho a la consulta de los pueblos y llama a unir fuerzas en los movimientos sociales.

Don Goyo no es cuartel, fuera ejército de él.

Legalizan el ataque del ejército a los pueblos

En la última semana de marzo, se inició una nueva etapa en la decisión de imponer el gasoducto: el patrullaje constante del ejército mexicano para resguardar la maquinaria. ¿Cuál es el mensaje que con esto reciben los pueblos? El mensaje es más que claro, si protestas contra la invasión de las máquinas españolas e italianas el ejército va a accionar con sus tanques sobre el pueblo.

Algunos militares tal vez están confundidos, pues hace apenas algunos meses se encontraban en la misma zona del volcán con el objetivo de coordinar la evacuación de los pueblos por la actividad eruptiva de Don Goyo. El ejército, en una de sus principales funciones conforme al Plan DN-III y Plan Popocatépetl, coordinó la seguridad de los pueblos frente a una posible catástrofe. Hoy regresa a la zona no para evitar riesgos en la población, sino para imponerles un nuevo riesgo, “una bomba de tiempo”, como la han llamado los pueblos.

Para el gobierno de RMV (Rafael Moreno Valle) ya nada importan las observaciones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), ni los pronunciamientos y acciones urgentes de organismos nacionales e internacionales de personajes reconocidos a nivel mundial. Las instituciones y derechos que fueron el quiebre de un mundo donde amenaza gobernar la barbarie hoy son ignorados: los derechos humanos, la ONU, los organismos internacionales, la opinión pública, la democracia representativa, para el gobierno sólo son papeles, declaraciones en medios de comunicación que pronto se borran. Los gobiernos estatales y federales levantaron un “muro de la injusticia” y no están dispuestos a reconocer derechos que atenten contra sus intereses.

En Morelos, los estudios de Protección Civil del gasoducto involucran a zonas del Estado de México, no de Morelos; en la termoeléctrica nunca hubo el proceso de análisis y aprobación de riesgos por parte de Protección Civil; en Puebla se sostuvieron numerosa reuniones con Protección Civil y la Procuraduría Agraria para buscar respeto a los pueblos, información e inclusión en la toma de decisiones. El resultado fue un completo engaño en foros de la CFE (Comisión Federal de Electricidad); el proceso de licitación del gasoducto fue manipulado a Foros de Elecnor en más de 60 millones de dólares, lo que ya fue demandado ante la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación; el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres), conforme a derecho, emitió la opinión técnica de inviabilidad del proyecto ante la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) y Comisión Regulatoria de Energía; los expertos vulcanólogos manifestaron su posición técnica en el mismo tema; los pueblos no fueron consultados y no quieren el proyecto en sus tierras.

Y a todo esto, ¿con qué responde el gobierno? Con el ejército contra los pueblos. El ejército existe para cuidar la soberanía del país frente a cualquier invasión bélica que atente contra los intereses de la nación. Originalmente, solo en casos de guerra el ejército saldría de sus cuarteles, posteriormente se incluyó apoyar ante contingencias, luego se dijo que para apoyar la lucha contra el marco, y ahora sale para amenazar con su presencia al pueblo. Entonces, el ejército es usado principalmente en la guerra que libra el pueblo mexicano, porque el gobierno declaró la guerra al pueblo, un pueblo desarmado, un pueblo lastimado y oprimido.

En 1994, los indígenas zapatistas declararon la guerra contra el gobierno mexicano; 12 días duró el fuego en Chiapas, sin embargo, la sociedad nacional e internacional pidió se le diera una oportunidad a la paz. Las dos partes cesaron el fuego y los zapatistas cuestionaron: “Ustedes nos han pedido que demos una oportunidad a la paz y lo vamos a hacer, pero ¿y si no funciona? ¿Quién nos quitará el derecho de matar o morir por nuestra patria?” Palabras más, palabras menos.

Años más tarde, una imagen recorrió el mundo entero: una mujer indígena detuvo al ejército sin más armas que sus manos y sus gritos. Después de la matanza de Acteal el ejército se replegó mediáticamente. Para muchos es sorprendente la foto en dos sentidos: el uso del ejército frente a una población indefensa y el valor de las mujeres indígenas.

Con el levantamiento zapatista “se consiguió” que el país y gobierno comenzaran a reconocer los derechos de los pueblos indígenas y aunque traicionaron los Acuerdos de San Andrés, plasmó a la constitución lo que está reconocido a nivel internacional, el derecho a la consulta de los pueblos. Pero esto es palabra muerta, pues si un juez llega a reconocer estos derechos, el gobierno simplemente decide no reconocerlo y enviar a la policía estatal y/o federal.

Pero entonces, los pueblos, con legítimo derecho, se defienden ante el abuso de la fuerza pública, como sucede en el Istmo de Tehuantepec, en Amilcingo, La Parota y decenas de lugares más. Entonces hoy el gobierno, rebasado, decidió legalizar el uso de la fuerza militar sobre los pueblos, en lugar de respetar y reconocer sus derechos.

Si la “Ley bala” es un gran atentado contra los derechos humanos (y la modificaron por el escándalo que se generó en Puebla y el país), hoy el anuncio del Reglamento del Ejército y la Marina para poder hacer uso de la fuerza cuando se encuentren en riesgo terceros o la integridad de objetivos -como lo es una obra “pública” o un proyecto de muerte- es más que alarmante, pues además de la presencia ilegal del ejército en varios pueblos del país, abusa del permiso para atacar. Lo que no se aprobó completamente a nivel estatal se legalizó, perfeccionó y maximizó al nivel nacional.

La presencia del ejército en la zona del volcán Popocatépetl es un mensaje, no solo para los pueblos de Don Goyo, sino para la Sierra Norte de Puebla, Atenco, Temacapulín, Oaxaca, Guerrero, Sonora, Veracruz, Chiapas, Estado de México e incluso el Distrito Federal.

Nuestra respuesta no puede ser menor, debemos movilizarnos a nivel nacional, convocar los mas que podamos, exigiendo el cese de la guerra declarado del gobierno en contra del pueblo. Dejar a un lado los protagonismos, los agandalles políticos y la lucha de poderes.

El pueblo mexicano no quiere guerra, los que estamos en la de los fusiles del ejército ahora no somos extranjeros, guerrilleros, narcotraficantes, o un “extraño enemigo”, somos pueblos que defendemos nuestros derechos, tierras, montes y aguas ¿Consideran que es una exageración? Entonces saquen al ejército de los pueblos, respeten su derecho a decidir y deroguen esos reglamentos.

Los invitamos a todos, los convocamos a un esfuerzo para que de manera conjunta exista una gran movilización coordinada en todo el país para exigir un alto a los proyectos de muerte y la represión al pueblo mexicano, la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos consagrados en la Constitución de 1917.

La movilización nacional por la liberación de los presos políticos en Puebla, el 8 de julio del 2014, es un esfuerzo de varios estados y organizaciones. Esperamos y los invitamos para que la convocatoria crezca, lo más importante es que los demás nos movilicemos y demostremos al gobierno nuestro descontento y posición.

“Don Goyo no es cuartel, fuera ejército de él”

Penal de Cholula, Puebla 1 Junio 2014
Juan Carlos Flores Solís

Fuente: Desinformémonos