México: llamado a la acción urgente: indígenas en Atenco

A los pueblos y organizaciones indigenas y sociales de México y del Mundo

Los exhortamos a realizar actividades contundentes que estén a su alcance para fortalecer la lucha por la libertad y la justicia en nuestro país.

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C. Vicente Fox
Presidente de la República
xm.bog.aicnediserp@adaseuq.xof.etneciv
xm.bog.aicnediserp@oidar
xm.bog.aicnediserp.po@nomdabew
Fax: +52 (55) 5516 9537 / 5573 2126

C. Enrique Peña Nieto
Gobernador del Estado de México

C. José Luis Soberanes
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
xm.gro.hdnc@oerroc
Tel.: +52 (55) 5490 7400,
Fax: +52 (55) 5681 7199 y 5668 0767,

El 3 y 4 de mayo de 2006, el gobierno mexicano emprendió una de las más cruentas represiones a los movimientos sociales que se tenga memoria. Con el pretexto de impedir que 8 floricultores vendieran en el espacio donde lo han venido haciendo desde hace 10 años, la policía municipal de Texcoco y la policía estatal del Estado de México, apoyados por las fuerzas militarizadas de la Policía Federal Preventiva, atacaron a grupos de pobladores organizados en el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra, y una gran cantidad de representantes de organizaciones sociales que les brindaban apoyo.

Luego de repeler los ataques policiacos durante la mañana y tarde del día 3 de mayo, a las 17 horas la casa en Texcoco que servía de resguardo a los floristas e integrantes del FPUDT fue asaltada por cerca de 500 policías que los sometieron y golpearon salvajemente. Durante todos los acontecimientos los pobladores se defendieron con piedras, palos y machetes, mientras que la policía entrenada para golpear y matar utilizó armas de fuego, bazucas de gases lacrimógenos, toletes, escudos, cascos, botas con puntas de casquillos metálicos y la armadura especial que los recubre de pies a cabeza.

La brutalidad policiaca y la campaña de odio en contra de los pobladores por radio y televisión, movió a un grupo creciente de organizaciones sociales a mostrar su solidaridad con los pobladores y se trasladaron la noche del mismo 3 de mayo a la plaza del poblado para exigir al gobierno el cese de la represión y el establecimiento de una mesa de negociación.

A las 6:30 de la mañana del día 4, más de 2,500 elementos de las fuerzas represivas, apoyados con helicópteros, tomaron a sangre y fuego la plaza del pueblo de San Salvador Atenco. El resultado de estas jornadas funestas es de un joven de 14 años muerto por arma de fuego del gobierno, más de 210 detenidos, cinco de ellos en estado muy grave esposados en el hospital donde convalecen por las golpizas recibidas y uno en estado crítico por el impacto en la cabeza de un proyectil de gas lacrimógeno disparado por las fuerzas del gobierno a corta distancia. Cinco personas extrajeras que trabajaban como fotógrafos fueron deportadas de inmediato violando el amparo judicial que protejía a una de ellas. También se encuentran detenidos cuatro menores de edad y muchas mujeres y personas de edad avanzada, lo cual confirma el establecimiento de un Estado represor que busca la disolución de un grupo de la sociedad por la vía violenta, como lo declaró el Secretario de Gobierno en sus primeras conferencias de prensa. Durante los hechos violentos, la toma del poblado, la detención, el traslado e incluso dentro del lugar de reclusión, todos los detenidos han sido víctimas de violencia física y psicológica, incomunicación, golpizas, vejaciones, abuso sexual en contra de las mujeres e incluso la violación tumultuaria de cuatro compañeras, dos de ellas extranjeras que fueron deportadas sin ningún tipo de asistencia civil, legal, médica o psicológica.

Entre los detenidos se encuentran representantes de las organizaciones solidarias, como son los compañeros integrantes del Congreso Nacional Indígena y la La Otra Campaña:

Doña Magdalena García Durán, indígena mazahua dirigente de la Organización Indígena de Desarrollo Integral y miembro titular del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana de la Delegación Cuauhtémoc y del Consejo Consultivo de la Ciudad de México.

Sr. Juan Ventura Juan, representante del predio otomí en la Ciudad de México

Sr. Alberto Sánchez Chávez, integrante de la comunidad mazahua en la Ciudad de México.

Lic. Gustavo Damián Camacho Guzmán, coordinador jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, y asesor legal del Frente de Pueblos Unidos por la Defensa de la Tierra.

Junto con los pobladores de Atenco y muchos otros dirigentes de organizaciones sociales, sindicales, de académicos y estudiantes, los compañeros indígenas fueron víctimas de abusos de la fuerzas represivas del gobierno y son acusados por el Estado de México de los delitos de delincuencia organizada, ataque a las vías de comunicación y secuestro equiparable. Todos ellos se consideran delitos graves por los cuales no alcalnzarían derecho a fianza y tendrían que soportar el proceso penal recuídos en la cárcel.

Manifestamos nuestra preocupación por la actitud del gobierno ante la huelga de hambre que los presos han decidido impulsar, y que ha generado nuevamente el hostigamiento de las autoridades del penal donde se encuentran, amenazándolos con reubicarlos y dispersarlos en varios penales y videograbando el momento en que les ofrecen comida para romper su movimiento.

Por todo lo anterior, exigimos al gobierno de México:

1. Cese a la represión en contra de la sociedad civil que se organiza para defender sus legítimos derechos, al trabajo, la vida y la organización civil y comunitaria.

2. Liberación inmediata de todos los detenidos, el gobierno mexicano debe retirar los cargos que sólo buscan criminalizar la lucha civil y la organización comunitaria y mantener como rehenes del Estado a dirigentes y luchadores sociales.

3. Castigo a los responsables de la represión violenta, abuso de autoridad, violación de derechos humanos y asesinato de personas indefensas.

Ce-Acatl, A.C.
Cultura y actualidad de nuestros pueblos
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