México: la resistencia de un pequeño pueblo al Proyecto Integral Morelos

Por Samantha César Vargas

El Proyecto Integral Morelos (PIM), de carácter energético, involucra a los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala; es la punta del iceberg del proceso de industrialización y minero en la zona oriente del estado de Morelos. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la responsable del proyecto, en el que se invertirán mil 600 millones de dólares que se concesionó a las empresas Elecnor, Enagas y Abengoa.

En el diseño del PIM se involucra a 80 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala; consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW) cada una, ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos; un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas al día y cuyo trazo atraviesa a 60 pueblos de estos estados; y un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de 19 pueblos del municipio de Ayala, Morelos.

La puerta que se abre con el PIM a la intervención de capitales privados extranjeros y nacionales implica en los hechos un proceso de despojo de la propiedad de la tierra y el agua de los pueblos, así como una serie de violaciones a los derechos humanos de los 80 pueblos indígenas y campesinos involucrados.

La imposición de este proyecto causó un descontento social de gran magnitud en los tres estados, organizado en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT-MPT). Durante dos años, la lucha de los pueblos del Popocatépetl desarrolló estrategias legales, informativas y de movilización para acceder a la justicia y el respeto a sus territorios.

Ante la defensa del territorio, la respuesta de los gobiernos de Puebla y Morelos es criminalización, represión, hostigamiento y amenazas hacia los pueblos, líderes comunitarios, activistas y defensores de los derechos humanos. A partir del 6 de abril de 2014 se intensificó el proceso de persecución y encarcelamiento con la detención en Puebla de Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero, pero este proceso comenzó en Huexca, Morelos, desde octubre de 2012, y se extendió a Jantetelco, Cuautla y ahora Amilicingo. En estas ocasiones, la incursión de la fuerza pública, el encarcelamiento y la tortura son sistemáticos.

En Morelos, actualmente la lucha contra el PIM se concentra en el pueblo de Amilcingo, municipio de Temoac, que tiene una historia de organización y lucha en el México contemporáneo. Aquí surgió una movilización en la década de los setentas para conformar el municipio; fue una lucha que comenzó por el acceso a la educación media (en la que se logró crear dos escuelas normales, una en Amilcingo y otra en Cuautla) y terminó en la conformación de uno de los municipios más jóvenes del país. El nombre de Vihn Flores tiene un significado histórico de la propia conformación del municipio, él junto con otras mujeres y hombres encabezaron la lucha, hasta que fue asesinado.

Los amilcingas son guerreros. En la región oriente del estado se les respeta y se dice que son de armas tomar. Es un pueblo pequeño pero con una gran historia de lucha, solidaridad y defensa de su territorio. Es por este pueblo donde pretenden pasar el gasoducto.

A finales del 2013, Amilcingo se incorporó a la lucha contra el PIM, aunque desde febrero del 2013 en acta de asamblea se firmó la no anuencia del gasoducto, pero no se respetó el acuerdo y las autoridades responsables del proyecto comenzaron, a inicios del 2014, a imponer la obra del gasoducto por este territorio. De nuevo se levantó un acta de asamblea en febrero del 2014 (con firma del Comisariado Ejidal y del Ayudante municipal) en la que una vez más se negó el paso al gasoducto. Se buscaron reuniones con el presidente municipal para manifestar la decisión de la comunidad, pero no tuvieron respuesta. La CFE nunca fue a las asambleas comunitarias para hablar del proyecto.

El 12 de febrero del año en curso se inició la defensa del territorio, no permitiendo el avance de la obra del gasoducto. Llegaron las máquinas y trabajadores de la empresa Bonatti (subcontratada por Elecnor) a querer imponer la obra. El pueblo decidido, después de exponerles la existencia de actas de asamblea en las que no se permie el paso de la obra y de pedirles que se retiraran, al ver la negativa de la empresa tuvo que expulsarla de su territorio. En marzo se repitió la historia, ahora con la presencia de más de cien trabajadores, de los cuales aproximadamente 80 son de nacionalidad italiana. Una vez más, se les expulsó.

Los habitantes de Amilcingo viven desde febrero la constante amenaza de las máquinas y los trabajadores, pero también de un proceso organizativo en el que, por ejemplo, realizan asamblea todos los días para revisar las acciones hechas y lo que se hará al día siguiente, pero también se informan de lo que pasa en otros pueblos y dialogan entre ellos.

El proceso de persecución y hostigamiento contra los pueblos del Popocatépetl en Puebla se extendió a Morelos el 13 de abril. Alrededor del mediodía, habitantes de Amilcingo fueron reprimidos y encarcelados.

Al regresar del campo, por la zona de la Escuela Normal, policías estatales del Mando Único los sorprendieron con disparos al aire y gases lacrimógenos. Los pobladores fueron agredidos y detenidos; Así comenzó una jornada de violencia, que continúo con cinco detenciones más: Adán Rosales (60 años), que fue golpeado en repetidas ocasiones con patadas y armas; Victorina Ramírez (64 años), Jazmín Velázquez, Petra Ramírez y el ayudante municipal Aarón Aguilar.

Aguilar fue víctima de múltiples golpes con armas, patadas y puños en diversos momentos durante su detención, lo que le provocó una inflamación del lado derecho del tórax del tamaño de una toronja, además de golpes en la pierna que le impiden caminar adecuadamente. Cabe destacar que Aarón Aguilar fue víctima de amenazas y secuestro exprés días antes de estos hechos por su participación en el movimiento. Además, durante su detención no tuvo atención médica e incluso fue hostigado al salir del hospital.

A los detenidos se les imputaron los cargos de resistencia a particulares, ultrajes a la autoridad y lo que resulte; cuatro fueron liberados, pero Aarón Aguilar quedó en calidad de “retenido”. De acuerdo a declaraciones oficiales, la razón fue haber dado hospedaje a los activistas de Puebla. Esta acusación, carente de fundamentos legales, hizo que el ayudante municipal fuera liberado hasta las 10 de la noche del 14 de abril.

Ese mismo día de la detención, a las 14:00 horas la policía estatal del Mando Único y la Policía Federal intentaron entrar a la comunidad con aproximadamente 180 elementos, lo que provocó dos enfrentamientos en los que fue herido con tres impactos de arma de fuego en sus piernas Julio Solís Barranco, de 24 años.

El gobierno de Graco Ramírez negó que la fuerza pública haya utilizado armas de fuego, pero las evidencias demuestran lo contrario. Las autoridades no lograron intimidar a este pueblo en lucha debido a su organización, que contuvo la embestida y logró expulsar a la fuerza pública de su territorio.

En las declaraciones del gobierno estatal se responsabiliza de los hechos “a gente de Puebla”, como si en Morelos no existiera la dignidad o la fortaleza para defender su territorio, o como si no existiera inconformidad en este estado. Sin embargo, desde hace más de dos años los pueblos de Huexca, Amilcingo, Jantetelco y Ayala están organizados por la autodeterminación de su territorio y una forma de vida digna.

El hostigamiento continúa. El 28 de abril, una vez más se buscó provocar a la población: se quisieron imponer obras a cambio de aceptar el gasoducto. Un pequeño grupo de habitantes, que no representan a la comunidad, aceptaron la obra días antes, en una reunión con el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer. Como consecuencia, el día 28 cuatro funcionarios de gobierno asistieron al centro de salud para iniciar “mejoras”. El pueblo, indignado, se presentó y solicitó a los funcionarios se retiraran ya que esa obra no estaba avalada por el órgano máximo de la comunidad, que es la asamblea. Con más de 200 personas presionaron al pequeño grupo para que se retirara, al igual que a los funcionarios. Una hora después llegaron 11 camionetas de granaderos, 50 patrullas del Mando Único, policía judicial y cuatro jeeps del ejército que se ubicaron estratégicamente en los caminos que comunican al pueblo. Durante cuatro horas se vivió una situación de alerta por la posible incursión de la fuerza pública, en la que la comunidad se preparó para la latente represión. Finalmente, la fuerza pública se retiró.

Amilcingo es hoy un foco rojo en Morelos, pues la constante amenaza de una posible represión está latente. Los ojos están principalmente en Puebla, pero en Morelos también se vive una batalla en la que la dignidad de un pequeño pueblo es un gran ejemplo de resistencia de la lucha de los pueblos del Popocatépetl.

Fuente: Desinfomémonos