México: la continuidad ancestral de Candayoc
Jaltepec de Candayoc. A principios de enero, la comunidad mixe de Jaltepec de Candayoc, precisa en un boletín de prensa: “Ante el infame y criminal despojo ocasionado por el gobierno federal y el de Oaxaca sobre nuestras tierras comunales, mismo que persiste hasta nuestros días de manos del gobernador y la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), nuestra comunidad ha iniciado un proceso judicial para exigir justicia”.
Y añade: “Nuestro pueblo es una comunidad llena de historia y riquezas naturales y territoriales desde la época colonial. Somos descendientes directos del antiguo Candayoc. En 1737 contábamos con una superficie de 108 leguas cuadradas de tierras, equivalente a 335 394 hectáreas, que compramos a la Corona española en 800 pesos oro, y otra parte recibidas en gratificación por los mismos españoles por servicios prestados en sus haciendas”. Los títulos de la comunidad “fueron utilizados por Miguel Bolaños Cacho para defender y establecer el lindero de Oaxaca con Veracruz en 1899, por lo que los gobiernos estatal y federal tienen pleno conocimiento que las tierras hasta la colindancia con Veracruz le pertenecen a nuestra comunidad”.
“Aun sabiendo que eran de nuestra comunidad”, continúa el recuento, en 1956 y 1958 “el gobierno federal expropió 18 648 hectáreas de nuestra propiedad ancestral sin avisar a nuestro pueblo y sin indemnizarlo en la forma señalada por la Constitución Federal”. Ya en los años sesenta, “se dijo que nuestras tierras servirían para reubicar a los hermanos afectados por la construcción de las presas Cerro de Oro y Miguel Alemán en la cuenca del Río Papaloapam. Esto nunca fue realidad ya que la entonces Comisión del Papaloapam se dedicó a vender nuestras tierras al mejor postor, y las restantes las utilizó para fines distintos a la expropiación. El dinero de la indemnización (más de seiscientos mil pesos de aquella época) fue entregado a un particular que nunca comprobó ser propietario. En estas condiciones, nuestras tierras fueron botín para acaparadores, fugitivos y funcionarios públicos que se hicieron ricos a costa de nuestro patrimonio. A nosotros nos tocó sólo tristezas, agresiones y desolación, muchas veces tuvimos que lidiar y correr a la Policía Hidráulica que a cartucho cortado se introdujo a nuestras tierras. La expropiación sigue sin ser indemnizada”.
En la actualidad, “2 050 hectáreas de las tierras que no fueron utilizadas para la expropiación, se encuentra en manos del gobierno estatal y en un acto de total autoritarismo el gobernador Ulises Ruiz Ortiz las declaró Zona de Reserva Ecológica, evitando cualquier ingerencia de nuestra comunidad. A pesar que ante el gobierno hemos acreditado ser los legítimos y ancestrales dueños conforme a nuestros títulos primordiales, la Seder en repetidas ocasiones nos ha manifestado que estas tierras nunca nos serán entregadas”.
Como conclusión, Jaltepec declara: “Con la firmeza y la confianza que nos da el ser los legítimos dueños de las 18 648 hectáreas de que fuimos despojados, nuestra comunidad siempre ha defendido estas tierras, por muchos años buscamos y documentado nuestra propiedad ancestral; hemos documentado el terrible despojo que bajo la máscara de la expropiación se consumó en contra de nuestro pueblo. Contamos con toda la documentación que acredita lo injusto de este criminal acto que nos ha reducido a una pequeña porción de tierras. El gobierno, incluso buscando argucias legales, no puede seguir esta monumental injusticia. Confiando en los Tribunales Federales, el 5 de enero de 2009 interpusimos una demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito de la ciudad de Oaxaca, solicitando protección de la Justicia Federal contra el decreto expropiatorio que sirvió para la usurpación de 18,648.90-32 hectáreas de terrenos de nuestra comunidad sin indemnización alguna; y en contra del Decreto emitido por Ulises Ruiz que declara 2 050 hectáreas de las tierras expropiadas como Zona de Reserva Ecológica”.
Jaltepec expresa su confianza “en esta iniciativa comunitaria de exigencia de justicia de nuestro pueblo, estamos seguros que el nuevo marco de los derechos indígenas y de los derechos humanos en el plano nacional e internacional, así como la presencia firme de los organismos defensores de los derechos humanos, no permitirá que esta injusticia quede en el olvido”.
Fuente: La Jornada