México: en peligro, el bosque de agua de los hñähñus

La obra ya inició, sin el consentimiento ni la información previa de los pueblos, que se dividieron por el reparto discrecional de dinero que hicieron las autoridades. Hay otra parte de las comunidades que se organiza para defender el bosque, que es su fuente de agua y de vida. El 24 de abril, obreros que comenzaron a trabajar en la zona y policías entraron por la fuerza a los terrenos, que calificaron de “expropiados", mientras funcionarios del gobierno estatal anunciaban que están listos los pagos “que les corresponden”.

Los proyectos

En medio de los Valles de México y Toluca se levanta un frondoso bosque de pino, oyamel y encino, habitado por pueblos indígenas, predominantemente hñähñus (a quienes en español se les llama otomíes). Esta zona, declarada Área Natural Protegida Otomí-Mexica y que abarca desde la Sierra Zempoala-Bufa hasta Villa del Carbón, se encuentra en peligro.

Abundio Rivera, hñähñu e integrante del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, informa que el proyecto carretero Toluca-Naucalpan no solamente consiste en el paso de la carretera, sino en la construcción de chalets y campos de golf, proyectos inmobiliarios que utilizarán el agua de las comunidades y la que va a la ciudad.

Desde hace seis años, señala José Luis Hernández, también integrante del Frente, con la entrada de Enrique Peña Nieto al gobierno del Estado de México comenzó una ofensiva generalizada contra los pueblos de la región. La autopista Toluca-Naucalpan fue un compromiso de campaña de Peña como gobernador y se inició durante su gestión.

La obra inició sin el conocimiento ni consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas. Se modificó, entre 2006 y 2009, el decreto original que demarca el Área Natural Protegida Otomí-Mexica, que emitió en 1980 por el ex gobernador Jorge Jiménez Cantú.

“El bosque es parte de la vida y la subsistencia de los pueblos. Es nuestro ambiente económico y cultural; es vida para la sociedad y para el mundo”, precisa Abundio Rivera. El Frente agrupa a los pueblos de Santa Cruz Ayotuxco, San Lorenzo Huitzizilapan, Magdalena Chichicaspa y San Francisco Xochicuautla, en el Esatdo de México.

Rivera destaca que del bosque obtienen sus alimentos; recolectan distintos tipos de hongos, recogen leña muerta para sus hogares, en las orillas siembran papa, maíz y frijol, y lo principal es el agua, que concentran en pozos y distribuyen en los pueblos.

“Con la destrucción de un bosque ya no se filtra el agua; ésta se desvía y se contamina. El gobierno sabe que hay agua”, abunda Rivera. “La gente se preguntará ¿en qué me afecta directamente? Pues de aquí se alimenta el sistema Cutzamala, que es la principal fuente de agua para la Ciudad de México”.

Abundio Rivera hace un llamado a la gente de la ciudad: “Dejemos nuestra apatía. Apoyemos la lucha. Si nuestra resistencia y nuestro bosque de agua son destruidos, la Ciudad de México puede colapsar. Esta lucha que estamos librando es de todos y por todos”.

En el marco de la preaudiencia “Devastación ambiental y derechos de los pueblos en el Valle de Lerma”, del Tribunal Permanente de los Pueblos, el Frente de Pueblos Indígenas denunció a los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y a distintas dependencias, además de la empresa Autopistas de Vanguardia, por el tramo carretero de 39.34 kilómetros que afectará un franja de 22 kilómetros de longitud por cien metros de ancho dentro del Área Natural Protegida y santuario del agua, que además es de propiedad comunal.

División y represión

“Con la ingeniería de la división, buscan estrategias para enfrentar a vecinos, familias, hermanos”, denuncia Hernández. “Lo hacen a través del dinero, diciendo que les van a comprar sus tierras, y con supuestas obras para el pueblo. Es una infinidad de mentiras e ilegalidades”.

“Aquí las personas eran limpias por dentro y sucias por fuera, pero ahora es al revés”, señala Abundio Rivera. “Ahora vemos cómo se comportan los servidores públicos, empresas y partidos políticos. El deseo de poder está en todos lados, y esto causa una gran devastación”. Sin embargo, matiza el activista, también hay lucha y movimiento de resistencia.

Las comunidades hñähñus ya probaron la represión también. El 30 de abril de 2012, más de 900 policías municipales y de la Agencia de Seguridad Estatal -los mismos encargados del operativo en San Salvador Atenco en 2006- invadieron el pueblo de Xochicuautla para apoyar una asamblea ilegal que las autoridades convocaron para ratificar el acuerdo para dar paso al proyecto. La policía lanzó piedras y golpeó a los habitantes que se opusieron.

Entre las nueve y las diez de la mañana del día 24 de abril, policía estatal y camiones que cargaban material para delimitar una brecha, acompañados pory funcionarios del gobierno del Estado de México, incursionaron en terrenos del pueblo de Xochicuautla que calificaron como “expropiados”. Un funcionario que se identificó como Miguel Ángel Mancilla, de la Secretaría de Gobierno, dijo que el terreno es ya parte del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SASCAEM). Las entradas del pueblo quedaron bajo custodia de la policía.

“Ya está depositado en la Secretaría de Finanzas lo que les corresponde”, dijo Mancilla a los habitantes del pueblo. Antes ofreció “sentarse a platicar” con las personas afectadas porque él era parte de las instancias de diálogo del gobierno; sin embargo, todos ellos llegaron sin consultar a la comunidad.

En la mañana, los trabajadores clavaron varias estacas como señalando un camino, y fueron cavando y poniendo vigas de cemento. Los policías quemaron una parte del terreno, de lo que los comuneros no entienden el motivo.

Basilia, originaria de Xochicuautla, contó que siete u ocho patrullas se detuvieron frente al terreno donde ella cosecha y comenzaron a trabajar. Ella los enfrentó y le preguntaron qué quería. “Yo nada, sólo defiendo mis derechos. Si están trabajando bien, ¿por qué traen guaruras?” “¡Vamos a pasar porque vamos a pasar!”, le contestaron.

Piensan los comuneros que esta acción se planeó a partir de la reunión del Tribunal Permanente de los Pueblos -realizada los días 20 y 21 de abril en Xochicuautla- donde se denunciaron diversas violaciones al medio ambiente y a los derechos de los pueblos indígenas.

Autonomía y lucha histórica

“Somos pueblos originarios, dueños de la tierra, y de ahí viene la autonomía, la organización y el ser autosuficientes”, señala Abundio Rivera. “Afortunadamente, los pueblos organizados darán su vida y pondrán sus cuerpos para defender su territorio”.

La Declaración de la Comunidad Indígena de Xochicuautla establece que “nosotros somos los primeros habitantes de estas tierras, del Gran Bosque de Agua, y aquí tenemos nuestras raíces, aquí vivimos y estamos resistiendo en el monte, en el valle y en las lagunas. Nuestra cultura vive con nuestras fiestas, con nuestros muertos, con nuestras ceremonias, con nuestro trabajo comunal, en nuestros lugares sagrados, en nuestra memoria y en nuestra historia”.

José Luis Hernández abunda sobre su concepto de autonomía. “¿A qué nos referimos? A que seamos nosotros quienes elijan a nuestras autoridades, conservando usos y costumbres”, señala. Detalla que ejercer la autonomía también consiste en resguardar los bosques y buscar proyectos para apoyarse en la tarea, y en evitar que el agua se utilice para megaproyectos, construcción de campos de golf y chalets privados. En lugar de eso, declara, el agua debe servir a las comunidades.

Pero la autonomía, señala Hernández, también consiste en acompañar a otras luchas y movimientos. En su caso, saludan al movimiento zapatista y exigen la libertad del preso político tzotzil Alberto Patishtán.

No estamos solos

El Tribunal Permanente de los Pueblos, que se realizó el 20 y 21 de abril, emitió un dictamen preliminar en el que identifica agravios contra los pueblos de la zona, como imposición de los megaproyectos carreteros, inmobiliarios y de extracción de recursos naturales, despojo, destrucción del tejido social, negación al acceso de información, desinformación sistemática, problemas de salud y contaminación. Destacó también la protección policial a los taladores, la criminalización de los movimientos sociales y la cooptación de parte de la población con el reparto discrecional de dinero.

El Tribunal recomendó reconocer oficialmente a los territorios y comunidades indígenas de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas; reconocer la gestión autónoma de los bosques y recursos naturales por parte de los pueblos indígenas; anular los proyectos gubernamentales y privados que afectan a la región; declarar la Cuenca Alta del Río Lerma en emergencia ambiental; consultar a las comunidades indígenas; reparar de manera integral los daños ambientales, sociales, culturales y personales a los afectados; terminar con la impunidad de las autoridades y una disculpa pública de los responsables de estos agravios.

“Nos damos cuenta que no estamos solos. Yo creo que apoyados en leyes nacionales e internacionales, y en las organizaciones, podemos lograrlo”, finaliza Rivera.

Fuente: Desinformémonos