México: el gobierno arremete contra la comunidad de Tuapurie

La policia de Mezquitic ha estado indagando por la comunidad, insistentemente, en busca del comunero Lauro Carrillo Carrillo diciendo a su familia que lo van a detener, sin mostrar documento alguno, ni mencionar las razones. En los mismos días, la Secretaría de Educación de Jalisco le retiró, de manera injustificada, su nombramiento de supervisor escolar de la zona 6 de Educación Indígena a Jesús Candelario Cosío.

La razón es la rotunda negativa de la asamblea comunitaria a la construcción del tramo carretero Amatitán-Huejuquilla sobre territorio comunitario y la electrificación en la localidad de Nueva Colonia donde, de manera “imprudente”, se le ocurrió a la CFE poner los postes sobre el sitio del fuego ceremonial de la localidad. Los funcionarios municipales de Mezquitic y Bolaños y del estado de Jalisco ven afectados sus intereses personales como el Proyecto “Ruta Wixárika-Cinegética”, para el cual por las mismas fechas se liberaron 30 millones de pesos. Insisten entonces en su estrategia de intimidación y división de las asambleas con promesas falsas y compra de autoridades.

Tuapurie ha defendido su territorio y cultura logrando recuperar por la vía legal más de 3 mil hectáreas invadidas y no están dispuestos a volver a perderlas bajo ninguna circunstancia.

Antes que existiera el Estado mexicano ellos ya tenían una estructura de gobierno que sigue vigente y que depende directamente del Consejo de los Ancianos y de la decisión de su máxima autoridad que es la asamblea. A pesar de eso los gobiernos federales, estatales y municipales insisten en imponerles proyectos ambientales (de manejo de bosque, maíz, agua, suelo, etcétera) , carreteros y de electrificación, sobre la decisión del pueblo wixárika, “en pro del desarrollo que ellos no entienden hoy, pero un día verán el beneficio”. El costo —destrucción de manantiales y sitios sagrados, enajenación del manejo propio del territorio, tala de bosque y un poste sobre el sitio sagrado del fuego ceremonial, pérdida de biodiversidad— no será nada comparado con el beneficio del progreso: urbanización, canales televisivos, cerveza fría, turismo no solicitado y cazadores profesionales.

Finalmente la situación llevó a que el ombudsman estatal Felipe de Jesús Álvarez emitiera medidas cautelares solicitando a los presidentes municipales de la zona en conflicto que no usen la fuerza pública contra miembros de la comunidad. También, el comunero Lauro Carrillo tramitó un amparo que garantice su libertad ante una eventual injusticia contra su persona y que las autoridades comunitarias y maestros de la región se movilicen en defensa de Jesús Candelario y de todos sus comisionados de asamblea que están siendo perseguidos.

Fuente: Ojarasca