México: el Protocolo de Cartagena en apuros

A pesar de que Víctor Manuel Villalobos Arámbula, subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, está sometido a procesos tanto administrativo como penal (1) debido a la firma del ilegal “TLC transgénico” (2), el gobierno mexicano lo ha incluido en la delegación mexicana que participará en la segunda reunión de partes (COP 2) del Protocolo de Cartagena, que se realizará en Montreal del 30 de mayo al 3 de junio, denunciaron Presencia Ciudadana, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Unión de Grupos Ambientalistas (Ugam), Bios Iguana, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) y Greenpeace.

Más aún las siete secretarías de estado que componen la delegación mexicana (Sagarpa, Ssa, Economía, SHCP, SEP, SRE y Semarnat) están ocultando información y evadiendo comprometerse con la sociedad mexicana, pues hasta ahora se han rehusado a hacer pública la posición que el gobierno mexicano mantendrá en esta reunión, señalaron las organizaciones.

Sobre Villalobos las organizaciones señalaron que en la primera reunión del Protocolo boicoteó las negociaciones en nombre de México, a fin de salvaguardar los intereses de Estados Unidos y Canadá, países que no son parte del Protocolo pero tratan de incidir en las negociaciones.

“Es necesario recordar que en la primera reunión, celebrada en Malasia, en febrero de 2004, Villalobos defendió los intereses del Grupo Miami (3), al boicotear los consensos a los que habían llegado los miembros sobre la obligatoriedad de identificar los OGM. Por Villalobos el etiquetado quedó como un acto voluntario. La posición de Villalobos nunca fue consensada por la delegación mexicana”, dijo Areli Carreón, coordinadora de la campaña de consumidores de Greenpeace. “Es inaceptable que luego de desempeñar este vergonzoso papel, el gobierno envíe a negociar a quien ha demostrado una y otra vez que está al servicio de las corporaciones y no del país”.

Sobre la posición de México, desde el pasado 13 de abril las organizaciones dirigieron una carta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) solicitando discutir y definir públicamente la postura de la delegación mexicana. Ante la falta de respuesta, las organizaciones solicitaron el pasado 18 de mayo que nuestro país defendiera estos puntos: establecer un régimen de responsabilidad obligatorio para las empresas basado en el principio de "quien contamina, paga"; en el que se especifique qué es un daño, quiénes son los responsables, los estándares de responsabilidad; que todo ciudadano tenga acceso a las instancias judiciales para demandar la reparación del daño; que se establezca un fondo de compensación y reparación de daños causados por accidentes o desastres que tengan consecuencias más allá de las que es posible remediar a través del régimen de responsabilidad mencionado en primer término.

Por otro lado, el pasado 25 de mayo fue aprobado un punto de acuerdo en el que la Comisión Permanente del Congreso solicita a la Cibiogem la postura que la delegación mexicana asumirá en la reunión y exhorta a sus miembros a considerar las propuestas de las organizaciones. Tampoco a los legisladores el gobierno les ha dado a conocer cuál será la postura de México.

“Pese a estas solicitudes, el gobierno se ha rehusado a hacer pública su posición. Esto nos preocupa porque en diversas ocasiones el gobierno de México se ha dedicado a promover los intereses de las corporaciones agrobiotecnológicas: por ejemplo, no acató las recomendaciones del estudio de la Comisión de Cooperación Ambiental “Maíz y Biodiversidad” (4), aprobó la ley Monsanto (Ley de Bioseguridad), firmó el “TLC transgénico”, bloqueó el etiquetado en la pasada reunión de Codex Alimentarius, entre otros. La sociedad requiere mayor discusión pública y se opone a que México siga desempeñando este papel, especialmente en las reuniones internacionales”, afirmó Catherine Marielle, de GEA.

“Uno de los temas que desatará una fuerte polémica son los requisitos para la documentación de embarques de organismos genéticamente modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal, o para su procesamiento. Los cabilderos de la industria biotecnológica pugnan por una documentación ambigua sobre los OGM en los embarques, lo que permite que países como Estados Unidos, Argentina y Canadá exporten transgénicos sin informar a los países importadores. No queremos que México apoye esta ambigüedad”, dijo Luis Bustamante, de la Ugam.

“A pesar de que los países no miembros del Protocolo y abiertos promotores de los transgénicos presionan para que el etiquetado sea ambiguo, y que la única información disponible sea que los embarques “pueden contener” transgénicos es necesario que los países miembros, destacadamente México, establezcan que los países importadores cuenten siempre con información básica: si el producto es o contiene OGM; si el OGM ha sido prohibido o aprobado bajo la legislación nacional del exportador; identificación clara de las modificaciones transgénicas que contengan o puedan contener los bienes procesados importados; información sobre la posible presencia accidental de OGM en embarques, entre otros. Esta es una información básica que los países productores exportadores de transgénicos no pueden negarse a dar”, afirmó Rafael Rodríguez de ANEC.

Además quienes quieren exportar transgénicos deben garantizar adecuadas medidas de monitoreo frente a casos de liberación accidental de OGM tanto al ambiente como a la cadena alimenticia; así como establecer mecanismos concretos para identificar los eventos transgénicos, entre los que deben incluir los identificadores únicos y métodos confiables de detección.

Más de 800 representantes de países, cabilderos de empresas y miembros de organizaciones se reunirán en la conferencia para discutir un amplio abanico de temas de bioseguridad, entre ellos la notificación a fin de asegurar la precisión de la información que otorga el exportador (artículo 8); la evaluación y gestión del riesgo (artículos 15 y 16); la manipulación, transporte, envasado e identificación (artículo 18); la responsabilidad y compensación (artículo 27); las consideraciones socioeconómicas (artículo 26, párrafo 2); y la participación pública (artículo 23, párrafo 1(A)).

- Presencia Ciudadana
- GEA
- ANEC
- UGAM
- Ceccam
- Bios Iguana

NOTAS:

1. El proceso administrativo tiene el oficio 08/014/OIC/Q/009/05, expedida por el área de quejas del órgano interno de control de la Sagarpa, del 12 de enero de 2005; el proceso penal tiene el oficio 93/UEIDCSPCAJ/04, presentado ante la PGR el 10 de septiembre de 2004.

2. Villalobos firmó, ilegalmente, el Acuerdo sobre " Requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para procesamiento”, el 29 de octubre de 2003 , con Canadá y Estados Unidos, países no parte del Protocolo. Dicho acuerdo es ilegal pues no fue ratificado por parte del Senado y fija un porcentaje de 5% de tolerancia para la presencia accidental de transgénicos en embarques enviados a México sin la obligación de etiquetado. Este porcentaje fue establecido por la International Grain Trade Coalition, es decir por las empresas cerealeras que buscan proteger sus intereses.

3. El Grupo Miami está conformado por los países promotores de la biotecnología, destacadamente Estados Unidos, Canadá, Australia, Uruguay y Argentina.

4. Estas recomendaciones buscan detener la contaminación genética del maíz mexicano.

Información, con Cecilia Navarro en los teléfonos 5530-2165 ext. 220 y 04455 5172 9869 ó en www.greenpeace.org.